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¿Quiere Uribe la intervención de la CPI?

Rodrigo Uprimny Yepes
noviembre 9, 2009

Publicado en: El Espectador

SOSPECHO QUE EL PRESIDENTE URIbe quiere que la Corte Penal Internacional (CPI) intervenga en Colombia. Eso explicaría sus constantes ataques a la Corte Suprema y su negativa a integrar una terna viable para el nombramiento del Fiscal.

 

SOSPECHO QUE EL PRESIDENTE URIbe quiere que la Corte Penal Internacional (CPI) intervenga en Colombia. Eso explicaría sus constantes ataques a la Corte Suprema y su negativa a integrar una terna viable para el nombramiento del Fiscal.

La CPI existe para investigar los peores crímenes, como desapariciones, asesinatos, torturas, secuestros, violencia sexual o desplazamiento forzado, cuando son cometidos por los Estados o por actores armados. Si se realizan en un conflicto armado, se llaman “crímenes de guerra”; y si no son hechos aislados, sino que forman parte de una práctica sistemática o generalizada, entonces configuran “crímenes de lesa humanidad”.

En Colombia, todos los actores del conflicto han cometido tanto crímenes de guerra como de lesa humanidad. Basta mencionar los miles de secuestros de la guerrilla o las desapariciones y masacres realizadas por los paramilitares. Pero lamentablemente también agentes estatales han incurrido en esas prácticas; por ejemplo, los cientos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la Fuerza Pública en los últimos años (los mal llamados “falsos positivos”) muy probablemente son un crimen de lesa humanidad.

Por la gravedad de nuestros crímenes, Colombia es un caso de manual para la acción de la CPI. Y su intervención es posible, pues muchas de esas atrocidades fueron cometidas después de 2002, que fue cuando nuestro país aceptó la CPI. Es cierto que Colombia indicó que ese tribunal sólo podría conocer los crímenes de guerra cometidos después de julio de 2009; pero los crímenes de lesa humanidad perpetrados desde 2002 son ya muy numerosos.

La razón por la cual ese tribunal no ha actuado en Colombia es entonces por el llamado principio de complementariedad, según el cual, la CPI sólo debe intervenir cuando los sistemas judiciales nacionales, por falta de capacidad o de voluntad, no hacen bien la tarea y no investigan ni sancionan esos crímenes.

Todo indica que el Fiscal Moreno Ocampo de la CPI considera que nuestros fiscales y jueces han hecho esfuerzos y avances significativos para juzgar esas atrocidades. Y efectivamente hay progresos importantes, como la labor de la Corte Suprema en el esclarecimiento de la parapolítica o las investigaciones de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía sobre los llamados “falsos positivos”. Por ello, la CPI no ha intervenido en nuestro país, como sí lo ha hecho en Uganda, Congo, Sudán o República Centroafricana. Sin embargo, Colombia forma parte de un grupo de seis países (junto con Chad, Kenya, Afganistán, Georgia y Palestina) que, por la gravedad de sus crímenes, está bajo el permanente escrutinio del Fiscal de la CPI.

La conclusión es clara: si la justicia colombiana no investiga ni sanciona nuestra barbarie, entonces inevitablemente, más temprano que tarde, la CPI intervendrá en nuestro país.

La única forma que tiene entonces el Gobierno de evitar esa intervención es por medio de un apoyo decidido a los esfuerzos del sistema judicial en el esclarecimiento y sanción de esas atrocidades. Dos pasos significativos en esa dirección serían que el Presidente respaldara inequívocamente las investigaciones sobre la parapolítica de la Corte Suprema y propusiera una terna para la Fiscalía, con juristas independientes y comprometidos con el esclarecimiento de nuestra barbarie. Todo lo contrario a aquellos que el presidente Uribe ha hecho en los últimos meses. Esas acciones del Gobierno son muy probablemente vistas afuera como obstáculos a la acción de la justicia colombiana, que harían necesaria la acción de la CPI. Por ello es que realmente sospecho que el presidente Uribe quiere que la CPI intervenga en Colombia.

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