Una guerra de filtraciones, grabaciones entre investigados e investigadores, montajes y testimonios amañados, así como la revelación de reuniones entre personajes de sospechosa conducta con miembros del alto gobierno, tiene con los nervios de punta a miembros del Ejecutivo, las Cortes y el Congreso.

Entre los hechos recientes más relevantes está el caso del Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia, quien se atornilla al cargo aunque su hermano, Guillermo Valencia, ex fiscal regional, está envuelto en un escándalo por presuntos nexos con capos del narcotráfico. También, dos de los más emblemáticos legisladores detenidos por la llamada parapolítica, Mario Uribe, primo del presidente Álvaro Uribe, y Luis Humberto Gómez, ambos ex presidentes del Congreso, fueron dejados en libertad por la Fiscalía tras haber sido investigados y detenidos por orden de la Corte Suprema de Justicia.

Incluso, en corrillos judiciales hay quienes afirman que a los legisladores investigados (más de 50) por la Corte por supuestas alianzas con jefes paramilitares, les conviene renunciar al fuero parlamentario y acogerse a la justicia ordinaria para que los investigue la Fiscalía.

Tal es la animosidad a la llegada del argentino Moreno Ocampo, quien ha conducido indagaciones sobre temibles sátrapas y genocidas africanos. Su visita está antecedida de una carta en la que indaga sobre la garantía de reparación a las víctimas de crímenes de lesa humanidad cometidos por bandas paramilitares, tras la extradición de sus jefes.

En medios jurídicos y de organizaciones de protección y defensa de las víctimas, la visita del fiscal de la CPI también se relaciona con la tesis de que el caso colombiano desencasillaría el trabajo de la Corte, circunscrito hasta ahora a África y aplicando su esquemas y sanciones a un caso de responsabilidad colectiva y no sólo individual.

Sobre estos aspectos Radio Nederland dialogó con el jurista e investigador Camilo Sánchez, del Centro de estudios sobre derecho, justicia y sociedad, DEJUSTICIA.

Radio Nederland.- En el espectro de casos que lleva la CPI, ¿cuál sería la significación del caso colombiano?
Camilo Sánchez.- Globalmente tendría varios significados y apuestas políticas. Desde la creación de la Corte Penal Internacional el Fiscal Moreno Ocampo dijo ‘la Corte va a ir por los peces gordos’, va a tener casos paradigmáticos para avanzar en los primeros años, y así fue como estableció reglas procesales y definió estándares de juzgamiento. En ese sentido los casos que se han impulsado, y los más adelantados han sido de África, son lo que ha suscitado críticas de quienes se opusieron al CPI, aduciendo que era una justicia en contra de ciertas regiones y estados que algunos señalaban como más bárbaras. El caso colombiano, país sobre el que la Corte tiene competencia, abriría el panorama, desafricanizaría el juzgamiento y enviaría un mensaje universal sobre la diversificación de casos, ya no de personajes sino de conflictos en una región en la cual las violaciones a los Derechos Humanos han sido sistemáticas y han tendido a repetirse. La Corte, por la época de ocurrencia, no tiene competencia frente a situaciones de barbarie como las ocurridas en el Cono Sur, pero sí sobre la situación de Colombia, cuyo caso es de gran significado en este momento.

RN.- ¿Qué pueden esperar el Gobierno, las Cortes y las víctimas, tanto de paramilitares como de guerrillas, de la visita del Fiscal Moreno Ocampo?
CS.- Que haya un seguimiento continuo, constante y muy serio sobre las situación de Colombia. Hay preocupación internacional por los procesos que se están llevando aquí. Creo que las victimas y el Gobierno, y los actores armados pueden estar seguros de que no cualquier justicia va a ser aceptada, pues, la Corte exige que se apliquen los estándares internacionales de justicia y, en caso de que éstos no se cumplan, el equipo de la Fiscalía estará al tanto y listo para actuar.

RN.- El caso de la extradición de los jefes paramilitares y capos del narcotráfico a Estados Unidos y la falta de claridad sobre porqué se los extraditó será uno de los temas que más inquieta a la CPI…
CS.- Por supuesto. Colombia no cumple con sus obligaciones internacionales en materia de penalizar graves violaciones a los Derechos Humanos, al aplicar la extradición que se da por ciertos delitos que no tienen nada que ver con los que competen a la CPI, como el lavado de activos, por ejemplo. La Corte actúa por determinadas afrentas a la dignidad humana que son de valor universal y es sobre eso que toma cartas cuando los estados no llevan la justicia a los tribunales. Creo que la Corte entiende que las extradiciones se dieron por otra situación y por eso quiere saber qué se esta haciendo para investigar y procesar a estas personas. Le está diciendo a Colombia que la prisión que esas personas pagan en otro país por otro tipo de violaciones no cumple con los estándares internacionales, y que eso no va a inhibir a la CPI para atender el caso colombiano.

RN.- ¿Qué tan receptivo cree que va a ser el Gobierno, que actualmente propone al Congreso una reforma a la justicia a cargo del ministro de Interior y Justicia, cuyo hermano fue destituido como coordinador regional de fiscalías por presuntos vínculos con un jefe del narcotráfico?
CS.- El discurso del Gobierno ha sido siempre que los procesos en Colombia no van a cesar, aunque en la práctica no ha sido consistente. No hay claridad. Puede ser que con la visita del fiscal Moreno Ocampo el gobierno clarifique los procedimientos, pues hasta ahora no le ha dicho al país cuáles fueron los hechos por los que los ahora extraditados violaron los compromisos de la Ley 975 de Justicia y Paz – que rige para los paramilitares que acordaron su desmovilización con el gobierno- y por qué no fueron trasladados a la justicia ordinaria como la Ley contempla, y, sí extraditados. Esperemos que el Gobierno entienda la importancia que tiene para la sociedad y el país que se sepa la verdad y haya justicia.

Como afirma el investigador de DEJUSTICIA, lo que esperan algunos sectores de opinión, incluidas las bancadas opositoras en el Congreso, es que el Gobierno le diga a Moreno Ocampo lo que aún no ha respondido a la Corte Suprema de Justicia: ¿los capos del paramilitarismo que fueron extraditados a Estados Unidos están o no bajo los beneficios de la Ley de Justicia y Paz? ¿Cuáles fueron los delitos que cometieron para ser extraditados? O es que como dijo en su momento el ex ministro de Defensa, Rafael Pardo, ¿se extraditó a los testigos de la parapolítica?