Comencemos por las razones jurídicas. En términos constitucionales, probablemente es tarde para que el Gobierno se arrepienta de la reforma que ayudó a impulsar y que aprobó su coalición en el Congreso. Contrario a lo anunciado por Santos ante la rebelión ciudadana, no es claro que el presidente pueda objetar reformas constitucionales. En varias sentencias (como la C-543/98 y la C-178/07), la Corte Constitucional distingue el trámite de proyectos de ley (en el que sí caben las objeciones) y el de reformas constitucionales como la aprobada la semana pasada (en el que no existiría esa posibilidad), como lo documentaron Miguel La Rota y José Espinosa en el blog de Dejusticia en La Silla Vacía.

De ahí que el Gobierno y los parlamentarios de la Unidad Nacional se estén inclinando por no publicar el texto del acto legislativo, para que no entre en vigencia. El lío es que la reforma ya fue aprobada y no desaparece como por arte de magia. Además, su sola existencia crea un limbo interpretativo en los procesos por parapolítica, yidispolítica, AIS, chuzadas y pérdida de investidura, que ya están aprovechando antiguos funcionarios uribistas como Bernardo Moreno para pedir su libertad o absolución.

Algunos dirán que la solución es que la Corte Constitucional declare inexequible la reforma por las mismas razones que tumbaron la que permitía la segunda reelección de Uribe, es decir, por tener vicios de trámite y por sustituir la Constitución. Pero la maraña jurídica que se está armando al detener la publicación del acto legislativo y coquetear con reabrir el debate en el Congreso crea un escenario constitucional de resultados inciertos. A lo cual se suma el hecho sin precedentes de que los magistrados de la Corte tendrían que declararse impedidos porque la reforma los favorece, al extender su período de ocho a doce años. Por eso, el antídoto legal es un referendo ciudadano que derogue inequívocamente la reforma.

Si las razones jurídicas aconsejan el referendo, las políticas lo hacen necesario. Porque lo que está en juego es el pacto político de 1991, surgido de una movilización ciudadana contra la corrupción, la violencia y la clase política tradicional. La misma clase política que el miércoles quiso darle el puntillazo a la Constitución, deshaciendo los mecanismos que la controlan. Con ello concluía el desvalijamiento de la carta constitucional comenzado por Uribe, quien logró cambiarla para reelegirse, pero no tuvo éxito en su intento por recompensar a los congresistas con una reforma similar a la reciente.

Gracias a las cortes, la Constitución sobrevivió parcialmente la embestida de Uribe. Pero en este segundo ataque, el poder judicial ha tenido un rol ambiguo. Basta recordar la penosa entrevista del presidente del Consejo de Estado en este diario, donde excusaba el apoyo de algunos colegas a la reforma a cambio de cuatro años más en el cargo, porque “salen sin pensión” y “tienen que vivir de la nada”.

De modo que sólo una movilización ciudadana, que retome el espíritu del 91, puede detener el desmonte de la Constitución. Por ello, el movimiento por el referendo no debe concentrarse apenas en derogar la reforma, sino en consolidar un frente ciudadano de largo plazo en defensa de la Constitución. Y debe cuidarse del oportunismo del uribismo, que tratará de pescar en río revuelto para sacarse la espina con Santos y convocar una asamblea constituyente que permita la reelección de Uribe.

Veinte años después, la gran promesa incumplida de la Constitución es la democracia participativa que la inspiró. Puede ser que el movimiento por el referendo, con el combustible de la indignación y el lubricante de las redes sociales, finalmente la haga realidad.