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Razones de una salida

César Rodríguez Garavito
septiembre 9, 2016

Publicado en: El Espectador

El exprocurador Alejandro Ordóñez no salió de su puesto por razones políticas o relacionadas con el acuerdo de paz.

 

Salió por una demanda que ya tiene tres años y medio, interpuesta por organizaciones de la sociedad civil que alegaron lo que indican la Constitución, la ética y el sentido común: que un funcionario no puede hacerse elegir dándoles puestos a familiares de quienes tienen el poder de escogerlo.

Para rectificar distorsiones sobre el caso, conviene recordar la historia del proceso y lo que hizo el exprocurador para continuar en el cargo. Como lo documentó en su momento La Silla Vacía, Ordóñez tenía asegurada la reelección gracias, en parte, a que había nombrado o ratificado en la Procuraduría amigos o familiares de magistrados de la Corte Suprema (la institución que terminó nominándolo a un segundo periodo) y de senadores que terminarían votando por él. Entre los funcionarios de libre nombramiento y remoción de la Procuraduría, La Silla encontró amigos o parientes de 31 senadores y siete de magistrados y antiguos magistrados de la Corte Suprema. La respuesta del exprocurador a la polémica, según Semana, fue que “un voto no significa que el familiar siga contratado”.

Con base en estas cifras (específicamente la de magistrados de la Corte Suprema que tenían familiares en la Procuraduría), Dejusticia, la Comisión Colombiana de Juristas, Plural, Viva la Ciudadanía y Foro por Colombia pidieron al Consejo de Estado anular la reelección por violar abiertamente el artículo 126 de la Constitución, que prohíbe este tipo de intercambio de favores por razones elementales de pulcritud en la función pública. Así como la Constitución proscribe el “yo te elijo, tú me eliges”, prohíbe el “yo te nombro a tus familiares, tú me eliges”. Por lo primero, el Consejo de Estado anuló la elección de los magistrados Francisco Ricaurte y Pedro Munar en el Consejo Superior de la Judicatura. Por lo segundo, acaba de anular la reelección del exprocurador Ordóñez, específicamente porque tres magistrados de la Corte Suprema que aportaron votos decisivos para su nominación tenían parientes en la Procuraduría.

Algunos se preguntan, con suspicacia, por qué el fallo salió justo en medio de la campaña para el plebiscito sobre el acuerdo de paz, al que el exprocurador se ha opuesto férreamente. Lo que muchos no saben es que la demora desmedida del fallo le debió mucho al propio Ordóñez y a su viceprocuradora, quienes dilataron el proceso usando una amplia cartilla de recursos procesales —recusaciones reiteradas contra los consejeros de Estado, recursos contra todo tipo de decisiones de trámite—, con el efecto práctico de permanecer en el cargo casi hasta el final del período.

De modo que la sentencia y la salida del exprocurador no son síntomas de politización de la justicia o de persecución contra un funcionario. Todo lo contrario: son señales de que, con todos sus problemas, la justicia colombiana cumple su deber y que ningún funcionario está por encima de la Constitución y la ley.

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