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Amenaza a líderes sociales en Providencia

La Corte Constitucional está estudiando una acción de tutela interpuesta por la comunidad por la posible violación de derechos fundamentales. Entre los derechos posiblemente vulnerados se encuentran la dignidad humana, la vida, la vivienda, la salud, la consulta previa, la propiedad ancestral y el acceso a la información pública. | Dejusticia

Rechazamos las amenazas a líderes sociales y al pueblo raizal en la Isla de Providencia

Desde Transparencia por Colombia y Dejusticia rechazamos categóricamente los hechos intimidatorios, y hacemos un llamado urgente a la institucionalidad estatal a proteger a los líderes sociales de la isla, quienes representan los intereses de la comunidad raizal, y a emprender acciones para que las autoridades nacionales propendan por la protección de la vida de estos ciudadanos.  

Por: DejusticiaNovember 25, 2021

Comunicado conjunto con Transparencia por Colombia

Tras el paso del huracán Iota por el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, los líderes y lideresas que por años han defendido la autonomía de los raizales, la protección de ecosistemas estratégicos y la descolonización de las islas tomaron la vocería sobre los problemas que desencadenó el desastre. 

Diversos líderes y lideresas de la comunidad raizal, entre ellos, Edgar Jay Stephens, presidente de la Guardia Raizal y líder de la Cooperativa de Pescadores de Providencia, y Miguel Ángel Castell, abogado y defensor de derechos humanos de la isla, han hecho reparos a la intervención del Gobierno Nacional en la isla. Los reclamos han sido consistentes en cuestionar la decisión de prorrogar por un año más su intervención y a la construcción de una base de guardacostas que fue negada por la comunidad mediante consulta previa en 2015. A la fecha, se ha levantado un muelle en el lugar donde los pescadores artesanales desarrollan ancestralmente su actividad, y, en respuesta, la Cooperativa de Pescadores instaló un campamento permanente en el predio e inició acciones en contra de esta construcción, denominado, Campamento por la Dignidad. 

Las críticas a las acciones del Gobierno también han sido expresadas por otros actores, como la Autoridad Raizal, la Diáspora Raizal, grupos de veeduría ciudadana y la comunidad en general. Sin embargo, días antes del aniversario del primer año de Iota, Castell fue interceptado por dos hombres que le advirtieron que iban a matarlo a él y a Jay Stephens. En la semana de la conmemoración, el 17 de noviembre, el abogado recibió una llamada en la que le reiteraban las amenazas. 

Desde Transparencia por Colombia y Dejusticia rechazamos categóricamente los hechos intimidatorios, y hacemos un llamado urgente a la institucionalidad estatal a proteger a los líderes sociales de la isla, quienes representan los intereses de la comunidad raizal, y a emprender acciones para que las autoridades nacionales propendan por la protección de la vida de estos ciudadanos.  

 

Lo último que ha pasado en el Archipiélago

La Corte Constitucional está estudiando una acción de tutela interpuesta por la comunidad por la posible violación de derechos fundamentales. Entre los derechos posiblemente vulnerados se encuentran la dignidad humana, la vida, la vivienda, la salud, la consulta previa, la propiedad ancestral y el acceso a la información pública. Una reconstrucción planeada a espaldas de las comunidad, sumada a las amenazas presentadas recientemente a algunos representantes del pueblo raizal y de sus apoderados, los revictimiza.  

Al extender por un año más la Urgencia Manifiesta para la reconstrucción de la Isla se hace aún más necesario garantizar la transparencia, control y rendición de cuentas sobre la reconstrucción, sin dejar de lado el reconocimiento y protección de la comunidad raizal y la garantía de los derechos comunitarios y del derecho fundamental a la vida de los miembros de esta comunidad que están alzando su voz de protesta frente a esta situación. A los serios vacíos de transparencia en el proceso de reconstrucción de la isla, se suma la incertidumbre generada por la modificación a la Ley de Garantías, que ampliaría los riesgos de corrupción en el actual contexto que enfrentan las comunidades ancestrales.


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