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Reducción al absurdo

Mauricio García Villegas
enero 15, 2010

Publicado en: El Espectador

LAS POSICIONES POLÍTICAS TIENEN sus maneras típicas de interpretar la Constitución.

 

LAS POSICIONES POLÍTICAS TIENEN sus maneras típicas de interpretar la Constitución.

Así como la derecha tiene una preferencia por los argumentos jurídicos basados en las formas, en los procedimientos y en las competencias, la izquierda insiste sobre todo en la democracia directa, en la participación popular y en la voluntad del pueblo. Pero leyendo el concepto del Procurador sobre la ley del referendo veo que los roles se han invertido: la derecha de hoy se volvió populista y dejó de ser procedimental y legalista, lo cual ha obligado a todos los demás grupos políticos a defender los procedimientos y las formas establecidas en la Constitución. ¿Cómo es esto posible?

Lo que creo es que este cambio en la manera de interpretar la Constitución por parte de la derecha no obedece a ninguna concepción jurídica seria, sino a una estrategia política, amañada y circunstancial.

Para demostrar lo que digo voy referirme al concepto del Procurador, utilizando el viejo método de la reducción al absurdo, que consiste en suponer una hipótesis a través de la cual se obtiene un resultado que no tiene sentido, lo cual permite concluir que dicha hipótesis de partida es falsa.

La hipótesis que propongo consiste en suponer que los argumentos del Procurador se mantienen incluso cuando cambia el color político de quienes resultan favorecidos con su decisión. ¿Qué pasa si no son los uribistas sino, por ejemplo, los del Polo, los favorecidos? Habría que preguntarle al Procurador si, dado ese cambio hipotético, estaría dispuesto a mantener su argumentación. Solo si la respuesta es afirmativa —suponiendo, claro, que esta sea sincera— el Procurador saldría bien librado. Hagamos pues la prueba.

Supongamos que el presidente no es Uribe sino Petro y que este último, como Uribe, goza de gran prestigio, lleva casi ocho años en el poder y quiere cambiar la Constitución para gobernar en un tercer período. La pregunta para el Procurador —que seguiría siendo el mismo— sería esta: ¿tomaría usted la misma decisión? ¿Pondría usted, como lo hace ahora, la voluntad del pueblo por encima de los procedimientos constitucionales? ¿Diría usted de nuevo que cambiar la Constitución mediante referendo es lo mismo que cambiarla mediante Asamblea Constituyente? ¿Se mantendría usted firme en decir que la violación de los topes de financiación durante la recolección de firmas no desvirtuó la voluntad popular? ¿Pasaría usted por alto, como lo hace ahora, todos los vicios de trámite que tuvo el proceso de elaboración de la ley?

Dudo mucho de que usted, o la gran mayoría de los uribistas que lo acompañan, pudiera responder afirmativamente a una sola de estas preguntas. Y lo dudo porque todo indica que para usted la norma superior no es la Constitución sino los valores conservadores que defiende el presidente Uribe. Así lo demostró en sus recientes arremetidas contra la legalización del aborto, contra las parejas homosexuales y lo ratifica hoy en su concepto sobre la ley del referendo. Allí, en esos valores conservadores, no en la Constitución y en sus procedimientos, está, cree usted, el proyecto de sociedad que debe guiar a Colombia.

Una constitución es como una regla básica de juego; una regla que establece límites al ejercicio del poder político, con independencia de quién sea el gobernante. Así lo consagraron los constituyentes de 1991. Para el Procurador, en cambio, parece como si los procedimientos y los límites que establece la Constitución sólo se aplicaran en el evento de que el uribismo no estuviera en el poder.

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