Desde el próximo domingo, Bogotá será la sede de la Conferencia Internacional de Reducción de Daños 2025, que se celebra hace más de 30 años y es un espacio de vanguardia e innovación. Que en Colombia, un país marcado por el narcotráfico y la guerra contra las drogas, pero con índices de consumo relativamente bajos, se dé este evento, revela el liderazgo que el país ha logrado ganar en modelos innovadores de respuesta al uso de drogas.

La reducción de daños es un enfoque que busca atender o minimizar el círculo de violencias que causa la prohibición de las drogas para las personas que las usan. Parte de una premisa fundamental: los derechos humanos. El respeto a la persona, su autonomía y voluntad están por encima del consumo de drogas. Es decir, el uso de estas sustancias  no despoja a nadie de su voluntad de decidir sobre su cuerpo, ni le debe imponer exigencias, como la abstinencia, para que se le garantice el derecho a la salud, a través de la atención y cuidado oportuno. Es una premisa revolucionaria en sus términos, alejada de visiones que quieren arrebatarle a las personas que usan drogas la dignidad misma.

A partir de este enfoque y filosofía, la reducción de daños abarca una gama amplia de servicios e intervenciones, que buscan mejorar la calidad de vida de las personas que usan drogas. Esto se hace de diferentes maneras. Por ejemplo, distribuyendo material higiénico para uso de drogas inyectado de menor riesgo, o también, análisis de sustancias y acceso a información veraz sobre potencia, uso e interacciones de las drogas. Todo ello busca garantizar la salud de las personas. La reducción de daños también puede ampliarse a otros contextos, facilitando bienes y servicios básicos para poblaciones que han sido históricamente estigmatizadas, tal como la vivienda, o algo tan básico como la identificación.

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Dado que la meta no es la abstinencia, la atención no está mediada por condiciones como “estar limpio”. La reducción de daños logra establecer relaciones de confianza para lograr el objetivo simple, pero crucial, de mejorar la vida y la salud de las personas que usan drogas.

La reducción de daños comenzó en Europa en respuesta a la crisis de salud pública ocasionada por el consumo de heroína de manera inyectada en medio de la epidemia de VIH. Si bien su origen ha marcado el paradigma a nivel mundial, nuestro país, al igual que otros, ha tenido que enfrentar desafíos que lo desbordan. La Conferencia es entonces la oportunidad para exaltar qué ha sido de la reducción de daños a la colombiana y cuáles son los principales retos que enfrenta. El punto de partida en Colombia sobre la reducción de daños ha sido la iniciativa comunitaria y de la sociedad civil. Por ello, los retos que acá se plantean deben responder necesariamente a esta característica. 

El principal reto es que no existe un modelo de atención que permita suplir las necesidades reales de consumo de drogas en el país. No hay un modelo claro sobre qué hacer con el consumo de bazuco, cocaínas fumables y otros estimulantes. Esto tiene múltiples causas. La reducción de daños solo ha sido un foco de interés gubernamental y de la cooperación cuando se intersecta con el VIH. Por ello, el modelo de atención al consumo inyectado

Modelo de atención y gobernanza

 de drogas, especialmente de heroína, ha sido financiado y replicado con relativo éxito a lo largo del mundo. Esto no ha ocurrido en relación al uso de estimulantes o al uso de drogas de alto impacto, por ejemplo, las cocaínas fumables.

La falta de datos e investigación sobre los estimulantes ha traído como resultado un nulo conocimiento sobre los riesgos, las consecuencias y las necesidades que implican el consumo de estas sustancias. Aquí entonces se establece una relación paradójica entre la causa y el efecto: las autoridades y la cooperación justifican la ausencia de financiación a un modelo de reducción de daños para bazuco, porque no existe evidencia de cuál debería ser este modelo y cuáles necesidades atender. 

Por su parte, el modelo colombiano enfrenta otro reto, relacionado con la ausencia de un sistema de gobernanza y funcionamiento que asegure la efectiva atención de las personas que usan drogas (PQUD). Este enfoque se ha sostenido en el país por varios años gracias a las iniciativas comunitarias, detrás de las cuales suelen estar las mismas personas que han sufrido la violencia de la prohibición. Estas iniciativas se han adaptado para dar respuestas que no se limitan exclusivamente a la sustancia, pero que han tenido dificultades para operar y sostenerse. Ante este panorama, el Estado ha entrado a la escena para respaldar estas iniciativas, pero paradójicamente la burocratización de estos procesos ha excluido a las organizaciones que tienen la experticia en la atención a la población. En algunos casos, la visión desde la burocracia es que estas iniciativas deben ajustarse a la estricta normatividad en salud para acceder a recursos, exigencia que desconoce totalmente el funcionamiento y capacidad de las organizaciones de reducción de daños, cuyo éxito depende en gran medida de ser servicios de bajo umbral, es decir, servicios que se proporcionan sin mayores exigencias. 

Inseguridad jurídica

La reducción de daños, tal y como la reconoce el derecho internacional de derechos humanos, forma parte del derecho a la salud, como se establece en las Directrices Internacionales sobre la Política de Drogas y Derechos Humanos. Por lo tanto, el gobierno de Colombia tiene la obligación de proporcionarlas. Pero estas iniciativas, al no contar con las debidas garantías de seguridad jurídica, corren graves riesgos. Estos se materializan,  por ejemplo, con graves penas de prisión a organizaciones que proveen estos servicios, como es el caso de DULF (Drug Users Liberation Front). En medio de una grave epidemia de sobredosis por drogas adulteradas con fentanilo y una emergencia de salud pública declarada, este grupo creó un sistema de suministro seguro, que brindó información precisa sobre la sustancia y calidad que la persona iba a consumir, reduciendo de manera significativa las muertes en su comunidad. 

Colombia no ha sido ajena a esta situación. Las iniciativas de la sociedad civil por la reducción de daños han tenido que afrontar un contexto adverso a la humanización de las PQUD. Concentrarse en la persona, no en la sustancia, ha alentado la falsa percepción de que se promueve el consumo. Es claro que a nivel social, este abordaje no es el más adecuado a los ojos de una sociedad prohibicionista. Estamos en una sociedad que está dispuesta a infligir daños con el supuesto fin de cuidar del otro, paradoja que cobra vida cada vez que las farmacias se niegan a vender jeringas a personas porque sospechan que es para drogarse, exponiéndolas a contraer infecciones como VIH o hepatitis por el uso de jeringas usadas. 

Los programas de reducción de daños no están prohibidos por ninguna ley, pero se encuentran en una zona gris del derecho. Actualmente no es posible calificar como delictiva la provisión de estos bienes o servicios, pero sin una ley que respalde estas iniciativas, se corre el riesgo que estas se pretendan criminalizar en un contexto político y social adverso. Por ello, es fundamental que las iniciativas de reducción de daños cuenten con garantías de seguridad jurídica para que estas sean excluidas del alcance de delitos y políticas punitivas sobre drogas, como aquellas que las podría considerar acciones de incitación o facilitación al consumo. Esta exigencia fue incorporada expresamente en las Directrices Internacionales anteriormente mencionadas, y en el más reciente informe en la materia de la relatora a la salud de las Naciones Unidas. 

En Colombia, aunque la Política Nacional de Drogas del Ministerio de Justicia incluyó dentro de sus ejes de acción las estrategias de reducción de daños, los avances del gobierno Petro en la materia son escasos. Si bien hay un proyecto de ley que se debate en el Congreso, y un borrador de resolución del Ministerio de Salud, el tiempo corre muy rápido y no está claro si este gobierno alcanzará a consolidar marcos jurídicos que den seguridad a los servicios de reducción de daños.

Financiamiento y continuidad de los programas 

Este reto tal vez puede ser el más complejo de solucionar, en parte, porque es un síntoma globalizado, y en parte, porque está atravesado por los anteriores retos. La reducción de daños ha sufrido graves retrocesos por los recortes de financiamiento a la cooperación internacional, especialmente los de Estados Unidos. Sin embargo, con recortes o no, la situación de Colombia ya había pasado de claro a oscuro.

Las principales fuentes de financiación de la reducción de daños en nuestro país han sido históricamente la cooperación internacional, la filantropía y escasos recursos gubernamentales. La cooperación internacional, como ya se dijo, se ha concentrado en atender la intersección entre el consumo de drogas y el VIH, lo que ha generado una concentración de servicios para el uso inyectado de drogas, ignorando otras necesidades. La filantropía, por su parte, ha jugado un rol central en iniciativas innovadoras en el país, pero es un recurso cada vez más escaso. 

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Por último, los recursos estatales para la reducción de daños son escasos y presentan dificultades para su operacionalización. Su distribución se enmarca en los trámites burocráticos de la contratación estatal, cuyos tiempos y complejidades no coinciden con las necesidades de las PQUD. Así, por ejemplo, se asignan recursos de 12 meses para ejecutar en 5. Esto termina generando intermitencias y crisis en el funcionamiento de los servicios de reducción de daños,  impactando de manera desproporcionada a las personas usuarias y exponiéndolas a retrocesos en sus procesos personales y a riesgos de recaída en el consumo. En ocasiones, los servicios de reducción de daños logran que las PQUD retomen contactos familiares, o se adhieran a tratamientos para enfermedades virales o incluso para el consumo problemático

Estamos entonces ante tres diversas fuentes de recursos que no suplen las necesidades de la reducción de daños en el país. La cooperación internacional no financia iniciativas que no se circunscriben directamente al VIH y la filantropía es limitada. El principal responsable, es decir, el gobierno, tampoco toma cartas en el asunto. La inercia propia de la burocracia ha impedido que la forma de operacionalizar estos recursos cambie. Más grave aún, el actual proyecto de ley sobre la materia no define una fuente de recursos específica para la reducción de daños, en parte, porque no existe iniciativa gubernamental para respaldar fiscalmente este proyecto. 

La celebración de esta Conferencia en Colombia debe marcar un hito para el país mismo y la región. Todos estos esfuerzos, que en últimas buscan pacificar la relación de nuestra sociedad con las drogas, en medio de nuestro interminable conflicto armado, no pueden ser pormenorizados. La defensa de la autonomía y el cuidado de la salud de las personas que usan drogas es un acto revolucionario, que el país ha podido sostener durante años gracias a la sociedad civil, pero requiere respaldo institucional. No habrá hito, ni legado, si el gobierno no se moviliza para que la reducción de daños tenga un adecuado respaldo legal y financiero, que le permita a la sociedad civil sostener las redes y los lazos de confianza que se han cultivado con las personas que usan drogas. Que la conferencia, y tantos ojos sobre el país, motiven al gobierno a cumplir con lo pactado sobre esta política.