La semana pasada contribuimos a tejer una nueva red de 27 profesionales de América Latina y el Caribe, comprometidos con impulsar mejores garantías a los derechos humanos frente a las actividades corporativas. Ocurrió en nuestra IV edición del Curso de Empresas y Derechos Humanos, que tuvo lugar entre el 17 y el 21 junio. El curso dejó herramientas para que las y los participantes se transformen en generadores de cambios positivos en la  región.

Desde Perú, Bolivia, México, Chile, Costa Rica, Venezuela, Estados Unidos y Colombia llegaron las y los participantes que acompañaron esta edición del curso. Asesores empresariales, representantes de organismos internacionales, miembros de la sociedad civil, entre otros, fueron los roles profesionales de 13 asistentes extranjeros y 14 colombianos.

Diana Guzmán, directora de Dejusticia, destacó la importancia del curso señalando que, aunque los derechos humanos tradicionalmente se estructuraron para proteger a las personas del accionar del Estado, es crucial desarrollar y fortalecer los mecanismos de promoción, respeto y garantía de los derechos humanos en el contexto de las actividades empresariales. “Las empresas son actores económicos con enorme poder que pueden violar o vulneran derechos humanos y hay menos herramientas para prevenir y remediar estas violaciones. Es clave fortalecer el campo  de las empresas y los derechos humanos», afirmó. 

El curso abordó preguntas esenciales sobre cómo hacer que los Estados protejan a las personas en el contexto de actividades empresariales, cómo lograr que las empresas respeten los derechos humanos y respondan por posibles violaciones, y cómo empoderar a las comunidades para que defiendan sus derechos y territorios.

Esta fue la agenda del curso y el grupo de instructoras e instructores

Las experiencias durante el curso

Diana Guarnizo, directora de la línea de Justicia Económica en Dejusticia, destacó que fue clave contar con instructores multidisciplinarios de organismos internacionales, del sistema interamericano y expertos de Dejusticia. El curso, dijo, “nos deja la necesidad de crear esfuerzos latinoamericanos, crear lazos y dinámicas de acompañamiento para apalancar las necesidades de trabajo en lo local. Esperamos que este curso sea el punto nodal de encuentro para el trabajo colaborativo, para crear una voz común y pensar en estándares únicos sobre cómo aterrizar el actuar de las corporaciones en nuestros contextos”.

Uno de los participantes extranjeros fue Fidel Mendoza, abogado boliviano y actual visitante profesional de la CIDH, quien subrayó la importancia de la practicidad y los contextos específicos abordados en el curso, lo que elevó los estándares de enseñanza y aprendizaje. Por su parte, Mario D’Andrea, codirector de la organización Civilis en Venezuela, valoró la oportunidad de trasladar las reflexiones y aprendizajes a su trabajo en su país, especialmente en temas de transparencia. «Nos permitió encontrarnos con colegas de otras partes de la región, compartir experiencias, retos, temores y fortalezas», afirmó D’Andrea. 

Marité Bustamante Trujillo participó en el curso desde su rol como coordinadora del proyecto Amazonía Resiliente, en Perú, y valoró el espacio como un escenario para articular esfuerzos a nivel regional. «Me dejan, en primer lugar, información y conocimiento, nuevas ideas al escuchar experiencias y ejemplos, y también una red de compañeros con los que comparto el sueño de una América Latina más justa”, expresó.

Entretanto, uno de los nuestros instructores internacionales, Gabriel Pereira, profesor de la Universidad Nacional de Tucumán, resaltó la oportunidad de presentar durante el curso esa necesidad de diálogo que hay entre el activismo de empresas y derechos humanos y la justicia transicional. Un tema poco explorado, pero que es clave a la hora de “exigir rendición de cuentas, correr el velo y buscar estrategias para garantizar la no repetición».

Una combinación de diálogos y talleres prácticos

Durante el curso hubo conversatorios y sesiones teóricas. También se incluyeron talleres prácticos enfocados en problemáticas como: la protección del medio ambiente, el uso de datos personales, la participación de terceros en el conflicto armado, la salud y la alimentación digna. Estos talleres permitieron a las 27 personas participantes reforzar sus habilidades. A través de acciones como el litigio estratégico, las campañas comunicativas y la incidencia ante hacedores de políticas públicas, conocieron herramientas con las que podrán velar por el cumplimiento de los derechos humanos en la actividad empresarial.

Conclusiones y aprendizajes del curso

Diana Guarnizo expresó que, en esencia, este curso es un punto de encuentro para el trabajo colaborativo y para inspirar a los profesionales en la región. Para Fidel Mendoza esa premisa se cumplió. “Me inspiró a ser un agente de cambio en la defensa de los derechos humanos en el ámbito empresarial”, anotó.

Esta cuarta edición del curso se convirtió en un espacio que potenció los conocimientos técnicos y prácticos, generando una visión integral y fortaleciendo el movimiento de derechos humanos en América Latina y el Caribe. A su vez, desde Dejusticia reafirmamos el compromiso de seguir promoviendo espacios de aprendizaje y acción a nivel colectivo para enfrentar los desafíos que hay para proteger y promover los derechos humanos en el ámbito empresarial.