La Suprema Corte de Justicia de México alberga un imponente mural de José Clemente Orozco con dos representaciones de la justicia: una de ellas, con una espada, duerme sobre un pedestal; mientras que la otra, con una balanza, parece avasallada por (o partícipe de) una lucha entre ladrones y/o abogados. Aunque fue pintado hace décadas, el mural retrata problemas actuales del poder Judicial ponmexicano, como su ineficacia y corrupción. Con el pretexto de combatir estos y otros males, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador promovió una reforma judicial que impuso, entre otras cosas, la elección popular de la gran mayoría de autoridades judiciales.

Fragmento de “La Justicia” de José Clemente Orozco, 1941. Tomado de https://privateviews.artlogic.net/2/4e59a0eaf2c655e2142572/

Hay razones para temer que esta reforma, aprobada en tiempo récord, agravará las deficiencias actuales de la justicia, y amenazará el Estado de derecho y la democracia. Nuestros temores están sustentados en una reciente investigación que escribimos en Dejusticia (junto a Carolina Villadiego) sobre los mecanismos de selección de altas autoridades judiciales en América Latina, con estudios de caso en Bolivia, Colombia y Guatemala. Aunque el texto no aborda el caso de México, allí advertimos los riesgos de varias de las fórmulas incluidas en la reforma mexicana, como: la preselección dominada por órganos políticos; la falta de estabilidad judicial; y los juzgadores elegidos por voto popular y reemplazados masivamente. Estas fórmulas son especialmente problemáticas en un contexto de hiperpresidencialismo como el que tiene México (y América Latina, más generalmente). 

Puesto que la reforma pone en vilo la democracia mexicana y puede repercutir en todo el continente, es vital que conozcamos sus alcances y peligros.

¿En qué consiste la reforma al poder Judicial en México? 

La reforma se centra en introducir un mecanismo de (pre)selección judicial único en el mundo: antes, las (casi 7.000) personas juzgadoras del poder Judicial federal y estatal eran seleccionadas con mecanismos diversos; ahora, serán elegidas por voto popular, a partir de candidatos propuestos por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Así lo muestra este cuadro: 

Fuente: elaborado por las autoras con base en la infografía de Intersecta. Tomada de https://x.com/intersectaorg/status/1833687424716685762

La reforma también contiene, entre otros, los siguientes cambios: 

• Se reducirán los requisitos para ser juez/a en todas las instancias. 
• Los juzgadores actuales (incluyendo las ministras/os de la Suprema Corte) serán cesados, pero podrán postularse a las elecciones populares.  
• Se creará un Tribunal de Disciplina Judicial (de elección popular) con amplia discrecionalidad para disciplinar a las autoridades judiciales. 
• Habrá jueces “sin rostro”; es decir, con identidad protegida para algunos casos. 

Una reforma judicial que no enfrenta los problemas reales de la justicia

El poder Judicial mexicano tiene problemas de vieja data y hondo calado. Tiene, sobre todo, un extenso historial de impunidad, particularmente en relación con los delitos cometidos por el crimen organizado y por el propio Estado. Asimismo, tiene un deficiente acceso a la justicia debido, por ejemplo, a los altos niveles de morosidad judicial y a la complejidad técnica de las herramientas que (como la acción de amparo) deberían facilitar la activación de la justicia. También tiene una carrera judicial inoperante en muchos poderes judiciales estatales, lo cual ha favorecido la politización de la selección de los magistrados/as de los tribunales superiores. Estos y otros problemas (como el aferramiento del poder Judicial a sus privilegios corporativos) ambientaron la actual reforma.  

A pesar de estas deficiencias, lo cierto es que el modelo anterior permitió la consolidación del sistema de carrera en los poderes judiciales federales, y ofrecía amplias garantías para el ingreso (y el ejercicio) de juzgadores independientes, idóneos y efectivos. El nuevo modelo puede echar al traste estas fortalezas y empeorar las dificultades preexistentes con consecuencias profundamente antidemocráticas, tal como lo advirtió la CIDH. Aquí algunos ejemplos: 

La independencia e imparcialidad

La reforma trae amenazas para la independencia e imparcialidad judicial, al menos en tres sentidos: 

• El esquema de preselección facilitará que el poder Judicial sea copado por personas alineadas con el Gobierno y los partidos dominantes. 
• Al depender del voto ciudadano y ser controlado por un Tribunal de Disciplina politizado, el personal judicial difícilmente tendrá garantías para decidir en contra de la voluntad de sus electores (por ejemplo, en protección de las minorías). 
• La elección popular abre la puerta a la infiltración del crimen organizado, el cual podría desplegar sus maquinarias y estrategias violentas para que sean elegidos los aspirantes leales a sus intereses.

Adicionalmente, como explicó Alma Beltrán y Puga, la reforma borrará los extraordinarios logros de la judicatura mexicana en términos de las garantías de independencia, estabilidad y paridad de las mujeres juezas a través del sistema de carrera judicial. 

El acceso a la justicia

La reforma podría afectar gravemente el acceso a la justicia. Por ejemplo, es posible que disminuya la calidad de la justicia pues la preselección de los aspirantes estará marcada por las afinidades políticas, y no por el mérito y la idoneidad. Hay, además, serias dudas sobre las posibilidades de reducir la impunidad cuando los juzgadores llegan a sus cargos debiéndole favores a los sectores más poderosos. También hay evidencia sobre los retrasos que sufren los procesos judiciales (especialmente los penales) cuando se produce un cambio de juez. ¿Qué ocurrirá entonces cuando se reemplacen los/las juezas de manera masiva y periódica? Es previsible que empeoren la eficiencia, calidad y accesibilidad de la justicia.   

La legitimidad

El voto popular no necesariamente aumentará la legitimidad judicial, por varias razones. Primero, con el esquema de preselección propuesto, el pueblo no estará directamente a cargo de elegir a sus juzgadores. Aquí se cumple la fórmula satírica de Ambrose Bierce, según la cual “el elector goza del sagrado privilegio de votar por un candidato que eligieron otros”. Además, la elección popular de las autoridades judiciales no necesariamente contribuye a mejorar la confianza ciudadana en la justicia y puede traer, en cambio, múltiples desafíos. Así lo muestra el caso de Bolivia, que hasta ahora era el único país latinoamericano con juzgadores elegidos popularmente.  

Bolivia: ¿qué hemos aprendido sobre la elección popular de autoridades judiciales? 

En la investigación de Dejusticia que citamos antes estudiamos el caso boliviano, donde (desde 2009) las altas autoridades judiciales son elegidas por voto popular a partir de listas de aspirantes preseleccionados por la Asamblea Legislativa. Allí mostramos que la elección popular no ha logrado despolitizar la justicia ni aumentar su legitimidad, lo que sugiere que la reforma judicial mexicana podría enfrentar tropiezos similares. 

Así, por un lado, Bolivia pretendía desligar las selecciones judiciales de las dinámicas políticas y partidistas. Sin embargo, sus efectos han sido los opuestos, pues las selecciones de las altas autoridades judiciales se han politizado aún más, comprometiendo su independencia, transparencia e idoneidad. Por ejemplo, las fuerzas partidistas más poderosas en las comisiones parlamentarias encargadas de la preselección han buscado que se elijan los candidatos que les son afines políticamente. Adicionalmente, el hecho de que las altas autoridades judiciales sean elegidas en bloque ha propiciado la captura institucional y ha facilitado la parálisis de la justicia a través del bloqueo de las elecciones judiciales. 

Por otro lado, el modelo boliviano tampoco ha incrementado la legitimidad judicial, como indican al menos dos datos. Primero, la alta proporción de votos nulos y en blanco, los cuales han superado el 50% de los votos en las dos elecciones populares que ha habido hasta el momento. Y, segundo, la persistente desconfianza ciudadana en el poder Judicial: tanto en 2008 como en 2023, un 76% de los bolivianos encuestados por el Latinobarómetro dijeron tener poco o nada de confianza en la justicia. 

Los fracasos del experimento boliviano podrían amplificarse en México, no sólo por ser un país más grande (en población y cantidad de juzgadores), sino también por tener un Gobierno altamente popular con mayorías parlamentarias. Estas condiciones facilitan que, en nombre de la democracia, la justicia quede sometida a los poderosos de turno, como lo puso Roberto Gargarella.

La crisis judicial en México y la región: un llamado a la acción

Los murales de Orozco contienen críticas, al tiempo que lanzan llamados a la acción. Su imagen de la Justicia dormida en su pedestal es un llamado a que el poder Judicial mexicano despierte, y asuma su deber de ser accesible, transparente y eficaz. Más aún, puesto que la esperanza es el sueño de los despiertos (como pensaba Aristóteles), el mural es un llamado a que despierten también otros actores interesados en salvaguardar el imperio de la justicia. En la actual coyuntura, ese despertar implica que debemos exhortar a la Suprema Corte a revisar la constitucionalidad de la reforma. También, desde la sociedad civil local e internacional, deberíamos fomentar el monitoreo y el debate informado sobre lo que está ocurriendo. Y, sobre todo, hay mucho por exigirles a la nueva presidenta, el Congreso y los congresos estatales: deben todos comprometerse a una reglamentación cuidadosa y una implementación progresiva de la reforma, para así mitigar sus efectos adversos.  

Esta reforma es crucial no sólo por la importancia sociopolítica y económica de México, sino también porque ella puede marcar el rumbo de las crisis judiciales que acechan a otros países de la región. En todo caso, esta experiencia mexicana nos ha confirmado la urgencia de resolver los problemas históricos de la justicia, pero sin socavar los pilares de los derechos humanos, el equilibrio de poderes y la democracia misma. Una fundamental lección para el resto de América Latina.