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Reforma a la justicia en tiempos electorales

El próximo domingo se llevará a cabo lo que, según los sondeos de opinión, será la primera vuelta de las elecciones presidenciales en el país. La elección (que parece que no será la definitiva) es ansiosamente esperada por muchas personas en Colombia.

 

Lamentablemente no por su deseo de conocer quién regirá los destinos del país, sino más bien, para descansar de las acusaciones mutuas, las campañas de desprestigio, los rumores malintencionados, las filtraciones acomodadas, entre otras técnicas de “guerras sucia” que han sido usadas por algunos candidatos y que han acaparado la atención de los medios de comunicación.

En este contexto, la reflexión sobre justicia y elecciones ha sido constante en esta campaña. Pero, no lo ha sido la pregunta de: ¿Cuál es la propuesta de justicia de los candidatos? En su lugar, las preguntas que han marcado la campaña son: ¿Se someterán los candidatos a la justicia? ¿Si un candidato acusado gana la presidencia, debería ser procesado por la justicia? ¿Debe renunciar un candidato investigado por la justicia?

Esta desviación de la atención pública debería preocuparnos, pues la situación de la justicia es fundamental para la democracia. Especialmente en la actualidad, en donde la justicia ha sido objeto de múltiples críticas y por varios años se ha hablado insistentemente de la necesidad de una “reforma a la justicia”, e incluso, de la urgente necesidad de la revocatoria general de las altas cortes.

Antes de votar, bien vale la pena entonces echarle un vistazo a las propuestas que en materia de justicia han esbozado los candidatos. Además de lo que se ha publicado en las páginas de las campañas y en la prensa, el periódico especializado Ámbito Jurídico tiene disponible una muy buena compilación1, de la cual se pueden sacar algunas conclusiones básicas.

La administración de la justicia y el malquerido Consejo Superior de la Judicatura

Todos los candidatos coinciden en que una reforma a la justicia es necesaria. Y, en ese propósito, hay coincidencia en que es pertinente una reforma a la administración de la rama judicial. Para el candidato Presidente, por ejemplo, quienes administren la rama deben ser gerentes administrativos y no magistrados. Por su parte, el candidato Enrique Peñalosa propone la creación de una “junta de administración de la justicia”, la cual se integraría con miembros de las cortes, representantes de las facultades de derecho, de los colegios de abogados, y de especialistas de otras disciplinas como las ciencias económicas y administrativas.

Otra propuesta es eliminar las funciones electorales de las cortes. Para Santos, la función nominadora de las cortes es “perversa y genera consecuencias conocidas ampliamente por la opinión pública”. Igual opina Clara López, quien cree que los magistrados no deben intervenir en el nombramiento de las cabezas de los órganos de control, ni de ningún funcionario gubernamental. No obstante, ninguno de los candidatos expone quién elegiría a estos funcionarios. Y es allí en donde está la mayor dificultad: el problema se ha diagnosticado desde hace tiempo, pero no han existido propuestas concretas y aceptables de hacia dónde trasladar dichas competencias.

La transición inmediata de magistrados entre cortes, o lo que se ha denominado como el “yo te elijo, tú me eliges” también es visto por preocupación por varios candidatos. En este sentido, Martha Lucía Ramírez promete “acabar con esta puerta giratoria”, y Oscar Iván Zuluaga explícitamente habla de prohibir la elección de exmagistrados en otras cortes. Clara López promete un sistema de no intervención del Gobierno ni del Congreso en la designación de los magistrados de las altas cortes, quienes deberían acceder a sus cargos únicamente mediante concurso de méritos.

Por su parte Santos propone la creación de “magistraturas vitalicias” o mucho más largas de los períodos actuales (8 años). Además, propone como medida para incentivar mayor calidad en los jueces que existan mayores oportunidades para acceder a las altas cortes a personas que vengan de la propia rama. No obstante, esta propuesta puede llevar a una situación desafortunada y es a cerrar la magistratura a personas que puedan oxigenarla y, por ende, a profundizar el corporativismo judicial.

Sobre el polémico Consejo Superior de la Judicatura, todos los candidatos, excepto Zuluaga, hablan expresamente de la necesidad de su reforma o sustitución. Así, mientras que Santos habla de “eliminación”, Peñalosa sugiere cambiar el actual Consejo Superior de la Judicatura por un “ente administrativo que incluya conocimientos en administración y no solamente en temas jurídicos”.

La justicia de los de a pie

Un segundo tema de preocupación es el acceso ciudadano, especialmente de los más pobres y vulnerables, a la administración de justicia. El día a día de quien tiene un litigio y no puede acceder a una decisión judicial porque la justicia es costosa, demorada o lejana. Los temas de falta de eficiencia, selectividad y morosidad de la justicia han sido objeto de reflexión de las campañas y aun cuando todos coinciden en el diagnóstico, tienen aproximaciones distintas a la hora de proponer soluciones a estos problemas.

El principal tema de divergencia es si la congestión y morosidad debe resolverse acudiendo a un sistema privado coadyuvante de la justicia, o más bien a través de fortalecer el sistema institucional. El más orientado hacia una apertura a terceros parece ser Santos, quien apoya el fortalecimiento de la justicia arbitral y los centros de conciliación. En la misma línea, Martha Lucía Ramírez considera a los tribunales de arbitramento y centros de conciliación como instrumentos de eficiencia del sistema de justicia y propone abrir el debate sobre arbitramentos obligatorios en casos relacionados con “consumo y pequeñas causas”, así como para “procesos ejecutivos iniciados por los bancos”.

En el otro lado del espectro, Clara López es la menos inclinada hacia estos mecanismos y sus propuestas están más orientadas a fortalecer el sistema oficial de justicia. La candidata propone conciliadores, pero que hagan parte de “consultorios jurídicos oficiales” que asesoren a comunidades de las poblaciones más vulnerables. Por su parte, Peñalosa propone jueces comunitarios para “causas menores”.

Varios candidatos coinciden en la propuesta de aumentar el número de juzgados y jueces. Clara López, Martha Lucía Ramírez y Enrique Peñalosa proponen que debe existir al menos un juzgado en todos los municipios del país. Asimismo, todos los candidatos mencionan, de alguna forma, la necesidad de mejorar la calidad de los jueces, a través de capacitación e incentivos profesionales.

Respecto de otros temas, Oscar Iván Zuluaga propone unificar las primeras etapas procesales y crear mejores condiciones para resolver controversias y pequeñas causas, así como fortalecer la primera instancia y limitar las apelaciones. Enrique Peñalosa propone adoptar una política criminal integral en donde se delitos a priorizar y las penas a imponer. Y Clara López aborda el descuidado tema del fortalecimiento y reglamentación de las jurisdicciones especiales (jurisdicción de las autoridades indígenas y jueces de paz).

La tutela: la joya de la corona

Finalmente, una cuestión que ha generado preocupación es la posibilidad de una reforma profunda a la acción de tutela que la elimine o la haga nugatoria. La tutela es considerada como el instrumento que más ha acercado la justicia al ciudadano ordinario y que mayor confianza popular genera.

Al respecto, todos los candidatos coincidieron en advertir que no quieren desmontar la tutela, pero todos estuvieron igualmente de acuerdo en que le harían cambios. Algunos de ellos, como Santos, Ramírez y Zuluaga hablaron de abusos de la acción de tutela que debían ser remediados.

La propuesta de mayor calado parece ser la de Oscar Iván Zuluaga quien opina que se debería “poder fijar con precisión para cuáles casos y cuál es su alcance, mediante una Ley Estatutaria de Derechos Fundamentales”. En contraposición, Clara López propone simplemente unos ajustes “por vía reglamentaria” que permitan establecer mecanismos que hagan posible la acumulación de tutelas sobre un mismo asunto en una sola autoridad judicial.

Entre las propuestas intermedias, Marta Lucía Ramírez propone establecer límites de tiempo para la presentación de la acción contra sentencias judiciales; y Enrique Peñalosa considera que se deberían acumular tutelas sobre un mismo caso y aumentar el respeto de precedentes.

Por su parte, Juan Manuel Santos, quien públicamente se ha referido al tema con ocasión de lo que ha sucedido a partir de la situación del alcalde de Bogotá, propone dos tipos de reformas. Por un lado, que ningún juez de menor jerarquía pueda, a través de una tutela, revocar una decisión de un juez de superior rango. Por otro lado, propone la creación de jueces constitucionales que les descarguen trabajo a los jueces de otras áreas. Esta última propuesta tendría el riesgo de des-constitucionalizar la jurisdicción ordinaria, la cual ha sido uno de los principales efectos de la tutela y de que por su conducto todos los jueces del país sean jueces constitucionales.

Las propuestas están sobre la mesa para un debate urgente y necesario para la democracia y la institucionalidad del país. Aun cuando el proceso electoral hasta ahora no ha sido muy consciente de la importancia de este y otros temas, la visión de justicia, y el compromiso de respeto del Presidente hacia la administración de justicia, repercuten directamente en el tipo de Estado que tendremos. Que sea pues esta una variable importante de los electores a la hora de decidir este domingo.

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