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Reforma a la justicia

Mauricio García Villegas
mayo 4, 2012

Publicado en: El Espectador

Supongamos que usted tiene una casa con un amigo y que cada cual ocupa un lugar del inmueble.

 



Digamos también que la casa amenaza ruina y que por eso hay que adelantar reformas locativas de fondo. Supongamos, por último, que usted se va de viaje y que deja a su copropietario encargado de adelantar esas reformas. Dos meses después, cuando usted regresa, su amigo le muestra los planos de la reforma que piensa adelantar. Allí no sólo se ven algunos de los cambios acordados inicialmente por ustedes sino también, para su sorpresa, se observa una lujosa remodelación y ampliación del cuarto de él (no del suyo).

Pues bien, algo parecido pasa con la reforma a la justicia. Desde hace muchos años el país necesita de un proyecto que resuelva los grandes males estructurales de la justicia (congestión, falta de acceso, impunidad, clientelismo judicial, etc.). Para cumplir con esa tarea se encargó al Congreso. Pero los legisladores no sólo se contentaron con diseñar una reforma a su medida, adecuada a sus necesidades y aspiraciones judiciales, sino que lo hicieron colonizando terrenos de otras ramas.

Es cierto que el Congreso ha hecho parte de la tarea que le fue asignada (aunque lo hecho sea discutible). También es cierto que los congresistas introdujeron algunas normas que si bien los beneficiaban directamente, tenían alguna justificación, como es el caso de la creación de la doble instancia en la Corte Suprema, la eliminación de la responsabilidad objetiva y la matización de la pérdida de la investidura.

Todo eso es cierto (aunque, repito, discutible) y es, digamos la mejor parte del proyecto. El problema es que, al lado de esto, los congresistas se apoderaron de espacios que corresponde a otras ramas del poder público y eso lo hicieron a través de dos normas.

La primera es la creación de una sala en la Corte Suprema encargada de investigar y acusar a los congresistas y compuesta por miembros elegidos por la Corte Constitucional de listas enviadas por el presidente. Sin embargo, dado el origen político de esa sala (en el Gobierno y en sus mayorías en el Congreso) es muy probable que los legisladores terminen escogiendo a sus propios acusadores, lo cual es una captura política de la justicia.

La segunda norma abusiva se refiere a la limitación de la detención preventiva de los congresistas. Según el proyecto, ellos sólo podrán ser detenidos preventivamente una vez se haya expedido la respectiva resolución de acusación o hayan sido capturados en flagrancia. No hay razón para pensar que el fuero implica eso. Cuando hay motivos para detener (posible huida, obstrucción del proceso, etc.) y no se detiene, el resultado puede ser la impunidad del congresista delincuente.

A estas dos normas se agrega una inexplicable omisión: la permanencia de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior.

Ahora bien, buena parte de lo que digo puede cambiar como consecuencia de la reunión que tuvo lugar el jueves pasado entre el Gobierno, las altas cortes y los ponentes de la reforma. Allí se decidió suprimir el Consejo Superior y la Comisión de Acusación, así como mejorar aspectos de la reforma que tocan con las fallas estructurales de la justicia. ¿Será posible, a estas alturas, mejorar este accidentado proyecto?

Vuelvo al inicio: ¿Qué haría yo si estuviera en el caso del amigo manilargo que quiere reformar nuestra casa? Difícil saberlo. Lo que sí sé es que si yo estuviera en la posición del ministro de Justicia, haría lo posible por retirar el proyecto actual y por crear las condiciones políticas e intelectuales que se necesitan para hacer un buen proyecto; uno que resuelva, por muchos años más, los males estructurales que tenemos hoy en día en la justicia.

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