Hoy día, columnista o analista político que se respete aprovecha su espacio para felicitar al Gobierno por prometerle al país una “reforma agraria”. Pero cuando uno lee con atención el proyecto legislativo sobre “tierras” presentado por el Ministerio, o ve las declaraciones de Juan Camilo Restrepo a la prensa, se da cuenta de que los entusiastas analistas están más perdidos que Ricardo Jorge, el cronista de la propaganda de Davivienda en el mundial.

Una verdadera reforma agraria requiere la transformación de un modelo de concentración y de explotación de la tierra por parte de unos pocos, hacia formas de tenencia y explotación rural basada en la pequeña y mediana propiedad. Esto es, intervenir los actuales latifundios y redistribuirlos a los trabajadores del campo que no poseen tierras ni títulos.

Para que este proceso funcione se requieren mecanismos de apoyo tanto para la producción, como para el mercado de los productos que cultiven estos nuevos pequeños propietarios. Por eso una reforma agraria requiere de una política de redistribución de tierras y de un replanteamiento a fondo de las actuales políticas de desarrollo rural.

Eso es precisamente lo que no hemos podido hacer en más de cien años. Lo único que hicimos fue prestarles machetes y hachas a los campesinos para que fueran corriendo la frontera agrícola y civilizando las selvas y los bosques. Pero el Estado ni siquiera se preocupó por darles títulos legales o apoyo de alguna clase. Detrás vinieron los violentos y se robaron las tierras. A eso es a lo que los entendidos le llaman la contra-reforma agraria.

Lo que el gobierno propone ahora es crear un mecanismo para devolver esas tierras a esos campesinos que hoy parquean el hambre en los semáforos. Es decir, volver atrás y darle a cada cual lo que tenía. Pero en ningún momento se ha comprometido a redistribuir. Si acaso, lo que dice el ministerio, es darle títulos jurídicos a los que nunca tuvieron, ver cómo se asignan los baldíos que quedan (los baldíos son tierras del Estado, no de los grandes terratenientes), y actualizar la información predial rural para cobrar los impuestos que corresponden.

El proyecto de ley tampoco avanza hacia una transformación del modelo actual de desarrollo rural. Es cierto que el Ministro ha dicho que hay que quitarles tierras a las vacas (que en Colombia tienen más que los campesinos), pero hasta ahora no ha dicho cómo ni cuándo.

Así las cosas, esa gran “revolución”, “transformación” o “reforma” no termina en otra cosa que en la meta – de por sí muy pobre, pues el área abandonada es mayor a la que dice el Gobierno – de devolver dos millones de hectáreas a sus justos titulares. Nadie niega que esa una tarea difícil e importante, pero de ahí a que sea revolucionaria o transformadora, pues tampoco.

Incluso, si uno plantea metas muy limitadas en la restitución puede terminar ayudando a aumentar la concentración de la tierra. Si a un campesino le entregan una escritura y lo mandan a su finquita con una mano adelante y la otra atrás a enfrentarse con los grandes productores agrarios – esos que dividen sus fincas y luego piden subsidios – no tardará en ceder a la presión, venderla por tres pesos y devolverse por el mismo camino.

Ahora que el tema de tierras vuelve a estar en la agenda pública es el momento para pagar esta deuda con los desplazados, pero también para avanzar en políticas más justas de desconcentración de la propiedad rural y de los modelos de producción del campo. Este es un debate que le incumbe a la sociedad entera y por eso hay que felicitar este renovado interés en el tema de la reforma agraria, en la restitución de tierras y en los modelos de producción agraria.

Pero demos bien el debate, entendiendo a conciencia todas las repercusiones del tema. De lo contrario es posible que terminemos perdidos – como Ricardo Jorge – mientras que los mismos de siempre nos siguen metiendo goles.