Hago esta pregunta pues no veo cuáles son los estudios, con información precisa, que han servido de base para el proyecto de reforma constitucional a la justicia que cursa en el Congreso.

Lean la exposición de motivos del Gobierno: encontrarán consideraciones separadas sobre distintos temas (como la tutela contra sentencias o el juzgamiento a los congresistas); algunos de estos análisis son relativamente buenos, pero no hay una interpretación global acerca del funcionamiento del sistema judicial ni qué pretende exactamente la reforma. Y a pesar de eso hablamos de una reforma integral y constitucional a la justicia.

Un buen ejemplo de la falta de información tiene que ver con los gastos de la justicia. El texto aprobado en los primeros debates señala que el presupuesto de la rama judicial crecerá en un 2% por encima de la inflación esperada y que en los siguientes cinco años se asignará un billón de pesos para la descongestión judicial. Pero nadie sabe muy bien de dónde salieron esas cifras. Es posible, incluso probable, que la rama judicial requiera más recursos. Pero ¿es realmente así? ¿Son esos los dineros requeridos? No es claro.

A favor de los reformadores, habría que decir que las cifras y diagnósticos serios sobre el sistema judicial colombiano no abundan. Hay algunas investigaciones importantes sobre ciertas dinámicas judiciales. Incluso en Dejusticia hemos intentado avanzar en este campo. Pero el sistema judicial es una de las instituciones menos estudiadas y en donde, sobre todo, existe menos información pública y confiable.

Esta carencia de información se debe, en parte, a que hoy son los propios actores del sistema judicial quienes tienen la responsabilidad de recolectar y hacer públicos esos datos. Así, la Fiscalía recoge y publica datos sobre su actividad y lo mismo hace el Consejo Superior de la Judicatura con respecto a los jueces.

Este diseño parece razonable por razones de independencia judicial, pero lo cierto es que ha funcionado mal. Estas dos instituciones no han cumplido bien su tarea. Además, como cada una recoge información por su lado, en muchos casos sus datos no son compatibles. Finalmente, el esquema ha generado un incentivo perverso: la Fiscalía y el Consejo Superior parecen haber cedido en ocasiones a la tentación de no hacer públicas aquellas informaciones que podrían servir para criticar su gestión. El resultado de todo eso es que hoy la información judicial pública es deficiente y poco confiable.

Deberíamos entonces esforzarnos por mejorar nuestra información y comprensión del sistema judicial colombiano, antes de reformarlo precipitadamente. Termino pues con algunas ideas para avanzar en esa dirección.

Por lo menos, deberíamos exigir que tanto el Consejo Superior como la Fiscalía produzcan y divulguen una información realmente confiable. Pero podríamos pensar en que la actual reforma se limitara a crear una institución independiente del Gobierno y de la Rama Judicial, encargada de la sistematización y publicación de la información judicial. Y que dos años después, con mejor información, creemos una especie de “Misión sobre la Justicia”, como ha habido en otros campos, que elabore un diagnóstico sólido e independiente sobre el sistema judicial, que sirva de base para una reforma seria.

Algunos dirán que esta propuesta tiene un sesgo académico y que la reforma judicial no puede esperar tanto. Pero tal vez sea mejor esperar un poco y hacer una buena reforma, que improvisar a ciegas. Sobre todo cuando al proyecto le cuelgan cosas tan desafortunadas como la ampliación al fuero militar.