Es inevitable comparar al presidente que entra con el que sale en estos días en los que se presentan simultáneamente manifestaciones de gobierno de los dos mandatarios. Y en pocos temas es posible identificar diferencias tan importantes entre Uribe y Santos como en la relación entre la Rama Ejecutiva y la Judicial.

El remate del gobierno de Álvaro Uribe durante los últimos días de su mandato es característico de su desdén por la administración de justicia. La despedida difícilmente podría ser más triste. Primero, la despachada de Uribe contra el magistrado Yesid Ramírez muestra la poca paciencia que le queda por las formas.

Podrá decir el Presidente que ésta es una respuesta apenas proporcional a que se metan con sus hijos. Pero un funcionario judicial tiene la obligación de, como dicen, “compulsar copias” a la persona competente para investigar la sospecha de un delito. Hay acusaciones de que Tomás Uribe incidió en el nombramiento de varios notarios. ¿Qué esperaba Uribe? ¿Que la Sala de la Corte Suprema de Justicia no cumpliera con esas obligaciones?

Si investigan el caso y no encuentran pruebas contra su hijo, pues se cierra el proceso y ya está. Pero insultar al magistrado no guarda mesura. Uribe hubiera podido preservar la compostura institucional afirmando que respetaba la decisión, y que confiaba en que la Fiscalía llegaría a la verdad del asunto y archivaría rápidamente el caso. Pero se fue por el ya conocido camino del ataque personal.

Segundo, faltando diez días para acabar su periodo, Uribe presentó a través del ministro Valencia Cossio una propuesta de reforma a la justicia bastante problemática. Entre otras reformas, propone que el Fiscal General sea nombrado por el Presidente y plantea una modificación a la manera como son investigadas las personas que tienen fuero, tales como los congresistas y los ministros. Incluso el nuevo Ministro del Interior y de la Justicia criticó de inviable esta reforma.

Esta propuesta es una burla a la Comisión de expertos convocada por el mismo Valencia en diciembre de 2009 y que tras varios meses de estudio adelantó unas recomendaciones para una reforma judicial integral. La propuesta del Gobierno no sólo ignora dichas recomendaciones sino que las contradice, pues la Comisión nunca propuso esas modificaciones de la Fiscalía o del método de juzgamiento de altos funcionarios.

Desde luego, lo que dijeron los expertos no es de obligatorio cumplimiento para el Gobierno.

Y es cierto que las conclusiones de la Comisión tienen problemas, tanto en algunas de sus propuestas, como en la calidad de su análisis de política pública. Pero no tiene presentación que el Ministro haga toda una pantomima alrededor de la Comisión de expertos durante meses, y después resulte actuando como si nunca hubiese existido. Ello revela que lo que le interesa al presidente saliente no es un debate serio y leal acerca de un tema tan importante; parece querer una reforma sin mucha discusión, que le ayude a asegurar una vida más tranquila de ex presidente, en la que sus colaboradores cercanos sean investigados por un fiscal seleccionado por el Gobierno, o por instancias judiciales distintas a las actuales, en las que les ha ido mal.

La actitud del nuevo gobierno es distinta; no porque sus propuestas sean las mejores, sino por la forma como abre espacio para el debate. En realidad, la reforma judicial de la que ha hablado Vargas Lleras es debatible en varios puntos: por ejemplo, puede ser discutible aislar al Consejo Superior de la Judicatura pasando su manejo a las altas cortes, cuando lo que necesita la administración de la Rama Judicial es un mayor nivel de transparencia y de responsabilidad política. Tampoco suena suprimir la tutela contra providencias judiciales para situaciones en las que las sentencias – aún de la Corte Suprema o del Consejo de Estado- sean abiertamente injustas o arbitrarias. Estos son temas que han de ser debatidos a profundidad.

Pero justamente en el debate se denota el cambio. El gobierno entrante ha utilizado un tono conciliador y respetuoso. Vargas Lleras reconoció la existencia y rechazó las chuzadas contra magistrados, en contravía de la sorprendente posición recientemente asumida por Bernardo Moreno, el secretario general del presidente Uribe, de que son un montaje mediático. Además, Santos tiene bastante confianza en los técnicos. Eso es muy distinto a Uribe, de quien se sabe por lo improvisadas de muchas de sus reformas, le guarda antipatía a la tecnocracia.

Algunos podrían decir que el tono de Santos es característico de quien comienza cualquier gobierno y que de fondo es igual a Uribe. Ojalá eso no sea cierto,y que las diferencias sean reales y podamos tener un debate con altura acerca de la reforma judicial que se necesita.