ES POSITIVO QUE EL GOBIERNO ESTÉ abierto a escuchar observaciones a su propuesta de reforma a la justicia, como lo muestra el hecho de que esta semana haya convocado una “mesa de la justicia” para discutir la reforma, con participación de representantes de la Rama Judicial, de los partidos políticos, de las universidades y de algunas organizaciones de la sociedad civil.

Esa apertura es importante porque la reforma a la justicia no es (ni debe ser) únicamente un asunto de especialistas sino que debe estar articulada a una discusión ciudadana vigorosa e informada.

Explico el punto: es indudable que ciertos aspectos de la reforma de un sistema judicial suponen conocimientos especializados. Por ejemplo, si uno quiere mejorar la eficiencia de la justicia, es importante saber si existe o no congestión judicial y cuáles son los cuellos de botella, a fin de proponer soluciones técnicamente adecuadas. Pero las reformas judiciales tienen también una dimensión política, pues pueden tener orientaciones diversas y favorecer intereses sociales muy distintos.

Por ejemplo, no es igual una reforma que busque reforzar el poder de los jueces para proteger los derechos fundamentales, en especial de las poblaciones discriminadas, frente a otra cuyo propósito sea lograr que el sistema judicial asegure el cumplimiento de los contratos, a fin de favorecer la inversión y el crecimiento. Ambos propósitos son importantes y pueden no ser incompatibles; pero debe quedar claro qué es lo que se pretende con una reforma judicial antes de proceder a estudiar sus detalles.

Un defecto importante del proyecto gubernamental es entonces que carece de un documento claro que explique las orientaciones de la reforma y los diagnósticos en que se sustenta, pues lo único que ha circulado es una propuesta de articulado.

Ha habido discursos del Presidente y del Ministro del Interior y de Justicia que dan algunas luces sobre lo que pretende el Gobierno, pero no conozco una explicación documentada e integral. Eso hace difícil valorar el proyecto, que es muy heterogéneo pues incluye desde temas administrativos hasta reformas al procedimiento penal y a la tutela contra sentencias. El articulado tiene ideas buenas, pero también propuestas negativas y vacíos importantes: por ejemplo, no dice nada acerca de cómo corregir los problemas de desigualdad en el acceso a la justicia. Es entonces importante que el Gobierno presente una verdadera exposición de motivos de la reforma, que haga explícitos sus finalidades y los diagnósticos de base. Sólo así podríamos los colombianos entrar a discutir en forma sustentada si es o no la reforma a la justicia que queremos y que necesita Colombia.

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Y hablando de reforma judicial, resulta sintomática la explicación que dio el fiscal general (e) Mendoza para justificar el relevo de sus funciones de la fiscal Ángela María Buitrago, quien estaba encargada de casos claves, como el del Palacio de Justicia o el del ex director del DAS, entre otros. Según Mendoza, el relevo era necesario porque Buitrago era ineficiente, pues en 58 de los 137 procesos no tenía actuaciones. Lo que no tuvo en cuenta Mendoza es que Buitrago había hecho avances muy significativos en los casos que llevaba. Tal vez eran pocos, pero eran trascendentales y requerían de una enorme dedicación. No sé si la explicación de Mendoza fue o no su real motivación. En todo caso, su decisión de privilegiar la cantidad sobre la trascendencia es ilustrativa de un defecto grave del sistema penal colombiano que debería ser corregido; una forma de evaluación que lleva a que los funcionarios judiciales se dediquen a los casos fáciles, aunque no sean importantes, porque en ellos logran resultados, en detrimento de los casos trascendentales, que suelen ser más difíciles y de resultados inciertos.