| EFE
Las trabas constitucionales para la regulación del mercado de drogas en Colombia
Por: Dejusticia | julio 19, 2024
Este 20 de julio se vuelve a presentar en el Congreso de la República un Proyecto de Acto Legislativo para reformar el artículo 49 de la Constitución y habilitar el camino hacia la regulación de mercados de cannabis. Desde Dejusticia hemos defendido la necesidad de transitar del marco de prohibición que tenemos hoy, hacia una regulación de las sustancias que han sido declaradas ilícitas. Décadas de prohibición nos han demostrado su fracaso: un modelo que está fundado en la meta inalcanzable de un mundo libre de drogas, pero que en el intento, empodera con las rentas de la ilegalidad al crimen organizado, crea incentivos para sustancias cada vez más peligrosas, mientras que en las calles enfrenta a la Policía con las personas que usan drogas con herramientas de represión y vigilancia.
Además de los daños del modelo actual, un escenario de regulación abre la puerta para que miles de familias que hoy viven en la ilegalidad y surten los mercados de drogas, puedan transitar de manera digna hacia mercados regulados. Así lo propusimos en nuestra publicación “Principios Fiscales Cannábicos: Elementos para el debate regulatorio en Colombia”, donde esbozamos propuestas para un marco fiscal que atienda los objetivos de una regulación de cannabis en Colombia: (i) reducir el impacto comparativo de la marihuana en las economías ilegales y redes del narcotráfico; (ii) proteger la salud pública; (iii) promover el desarrollo rural en zonas priorizadas; y (iv) promover medidas de reparación financiadas a través de los recursos de la regulación.
Aparte de las dimensiones del debate regulatorio mismo, en Colombia tenemos un debate normativo importante frente al Artículo 49 de la Constitución, que tras la reforma en 2009, introdujo una prohibición al porte y consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas. Durante la legislatura 2022-2023 avanzó de manera significativa un proyecto de acto legislativo con el propósito de reformar la Constitución Política para darle seguridad jurídica a una eventual ley que regule el mercado de cannabis para uso adulto. Este proyecto llegó a surtir el octavo y último debate en el Senado de la República, donde no se aprobó porque no alcanzó la mayoría absoluta exigida para las reformas constitucionales en la segunda vuelta
En ese sentido, construimos un nuevo texto como respuesta al debate sobre la necesidad de reformar o no la Constitución para regular el mercado de cannabis o de cualquier sustancia psicoactiva ilícita en Colombia, dada la prohibición al porte y consumo introducida al artículo 49 constitucional en 2009. Luego de analizar los debates legislativos que precedieron a la reforma y la jurisprudencia, se concluye que si se quiere que la regulación del mercado de cualquier sustancia psicoactiva cuente con seguridad jurídica, es necesaria dicha reforma. Aun así, con una dosis de realismo, este documento plantea una regulación legal compatible con la Constitución Política y la jurisprudencia de las altas cortes: los clubes sociales cannábicos (CSC).
Para llegar a estas conclusiones, partimos de la despenalización del porte y consumo de sustancias psicoactivas en Colombia y sus efectos. Luego —desde un ejercicio de interpretación historicista— retomamos los debates que antecedieron a la prohibición constitucional del artículo 49, los exámenes de constitucionalidad que tuvo el acto legislativo que reformó la Constitución y la línea jurisprudencial sobre el tratamiento jurídico penal que le ha dado la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia al porte de sustancias psicoactivas. Con esto se aclaran los efectos de la reforma y el desarrollo de la jurisprudencia constitucional y penal de las altas cortes bajo esta prohibición. Finalmente, se explica qué son CSC y por qué son una solución viable en el campo político.
El actual gobierno y su nueva política nacional de drogas incluyeron “la regulación justa y responsable” como uno de los ocho ejes de acción. Sin embargo, a dos años de esta administración, aun no hay avances concretos que permitan vislumbrar que Colombia transitará pronto al escenario de un mercado regulado. Esta legislatura presenta la oportunidad de debatir de nuevo, y con argumentos, la importancia de desmantelar el fallido modelo de la prohibición, y cimentar modelos regulatorios ajustados al escenario colombiano. Con esta publicación proponemos salidas que dotarían de seguridad jurídica a esos escenarios.