En Colombia, el acceso a internet ha sido reconocido como un derecho fundamental y un servicio público esencial, según la Corte Constitucional y la Ley 2108 de 2022. Sin embargo, muchas comunidades rurales aún enfrentan dificultades para acceder a este servicio, lo que ha llevado a la creación de redes comunitarias que buscan autogestionar su conectividad. 

Frente a esto, junto con la Asociación Colnodo y el Centro de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario (ISUR) hemos presentado una serie de comentarios a la propuesta regulatoria de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) sobre el acceso a internet fijo comunitario.

En ellos destacamos la importancia de diferenciar entre las redes comunitarias y los proveedores comerciales de telecomunicaciones, especialmente en el caso de redes pequeñas con menos de 1.000 usuarios. A nuestro modo de ver, estas redes, que son gestionadas por y para las comunidades, no deberían ser sometidas a las mismas obligaciones regulatorias que los operadores comerciales, ya que no cuentan con los recursos y la capacidad para cumplir con requisitos complejos y costosos. 

Además, también resaltamos la necesidad de que los proveedores de internet (ISP) ofrezcan precios y condiciones mayoristas no discriminatorios a estas comunidades, facilitando así su acceso a la conectividad.

Adicionalmente, nos preocupa la falta de claridad en la propuesta regulatoria respecto a la inclusión del internet móvil comunitario. Aunque el texto menciona ambos tipos de acceso (fijo y móvil), las obligaciones específicas y el título solo se refieren al internet fijo, lo que genera incertidumbre sobre el futuro de las redes móviles comunitarias. Es por ello que invitamos a la CRC a aclarar este aspecto y a garantizar la neutralidad tecnológica en la regulación.

Finalmente, dentro de nuestros comentarios proponemos la creación de un régimen diferencial de contraprestaciones y contribuciones para las redes comunitarias, incluyendo la exención de tasas o la aplicación de tarifas reducidas, tal como lo permite el Decreto 1079 de 2023. Esto permitiría a las comunidades continuar con sus iniciativas de autogestión sin enfrentar cargas financieras insostenibles.

En síntesis, nuestro llamado a la CRC es para que la regulación facilite y favorezca las redes comunitarias de internet, de tal manera que las comunidades puedan gozar de su derecho a la conectividad, especialmente en zonas donde el Estado —y el mercado— han fallado en proveer este servicio esencial.

Lea aquí el documento completo con nuestros comentarios: