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Tras tres años de ruptura, el 28 de agosto de 2022 las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela se restablecieron. Esto obedece al nuevo enfoque que la administración de Gustavo Petro le ha dado a la política exterior. | EFE

Los retos de la política exterior de Colombia hacia Venezuela

La relación de estos dos países afecta la estabilidad regional. Menos migración, conflicto e injusticia va a generar mayor paz y crecimiento democrático y económico para Latinoamérica.

La apuesta de la política exterior del Gobierno de Petro, desde su primer discurso, incluye proyectar a Colombia como un país líder en América Latina. 

Dentro de su estrategia para alcanzar este liderazgo, a nuestro juicio, la relación con Venezuela ocupa un lugar fundamental y se basa en tres frentes. En primer lugar, restablecer las relaciones bilaterales con ese país. Este restablecimiento debería enfocarse no sólo en la recuperación de las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos países, sino también en temas de derechos humanos. En segundo lugar, promover estrategias de negociación entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, que cuenten con el respaldo de la comunidad internacional para buscar una salida pacífica y negociada a la crisis humanitaria de Venezuela. Finalmente, la estrategia de la Paz Total se relaciona con el rol de liderazgo que Colombia quiere proyectar, no sólo en la región, sino ante la comunidad internacional. Para alcanzar este propósito es necesario buscar la salida negociada del conflicto armado en Colombia, que se ha extendido  hacia  países vecinos como Venezuela y Ecuador. A continuación explicaremos los retos que estos tres aspectos de la política exterior implican para Colombia. 

Esto es importante porque la relación de estos dos países afecta la estabilidad regional; si logran pasos a calmar violencias, erradicar negocios ilícitos, aliviar la crisis humanitaria y promover los derechos humanos de las personas, los efectos van a sentirse en países de la región. Menos migración, conflicto e injusticia va a generar mayor paz y crecimiento democrático y económico para Latinoamérica. 

El restablecimiento de las relaciones bilaterales

Tras tres años de ruptura, el 28 de agosto de 2022 las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela se restablecieron. Esto obedece al nuevo enfoque que la administración de Gustavo Petro le ha dado a la política exterior y que, según su plan de gobierno, se basa en una buena relación con los países vecinos a través de las vías diplomáticas, el diálogo y los mecanismos de integración regional, donde la recuperación de los vínculos comerciales juega un rol importante. 

A pesar de la buena voluntad política, el restablecimiento de las relaciones implica desafíos para ambas partes. De acuerdo con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, la institucionalidad diplomática entre ambos países se ha caracterizado históricamente por ser frágil, se ha supeditado a la voluntad de los gobiernos de turno, y no a acuerdos bilaterales que faciliten la resolución de conflictos entre ambos países. 

En el ámbito de las relaciones comerciales el panorama tampoco es alentador. Aunque ambos países están implementando estrategias que faciliten el intercambio comercial,  entre las que está la celebración de acuerdos, sucede que la ausencia de un espacio multilateral en el que converjan ambos países para el diálogo y la integración socioeconómica y comercial, como en su momento lo fue la Comunidad Andina (CAN) –antes de que Venezuela se retirara en 2006–, hacen más difícil la negociación de normas e instrumentos de regularización de los acuerdos comerciales. América Latina carece de instancias multilaterales fuertes y cohesionadas como se ven en otras regiones como la Unión Europea y Unión Africana. A esto se suma la deslegitimación, las sanciones impuestas por la comunidad internacional a las entidades vinculadas al gobierno de Maduro y los riesgos que esto implica al tener relaciones comerciales con ellas. 


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El pragmatismo que ha caracterizado al restablecimiento de las relaciones entre ambos países es estratégico y necesario desde la perspectiva económica, comercial y de la integración regional. Sin embargo, no puede llevar a Colombia a desconocer las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de Maduro contra opositores, dirigentes sindicales, periodistas y defensores de derechos. Desconocerlo sería negar que el poder represivo del Estado venezolano es una de las principales causas de la crisis humanitaria, política, económica, social y de derechos humanos de ese país. Por el contrario, la represión estatal en Venezuela se ha intensificado de acuerdo con el reciente informe de la Misión ONU respecto a la situación en el país. La estrategia del gobierno de Petro debería matizar su acercamiento a Venezuela con los principios y valores de derechos humanos que espera ver reflejado en su política. 

Promover estrategias de negociación entre el régimen de Maduro y la oposición venezolana

Otra estrategia del gobierno de Petro ha sido promover las negociaciones entre el régimen de Maduro y la oposición venezolana. A raíz de esta iniciativa, los líderes de 20 países se reunieron en Bogotá a finales de abril de 2023 para la Conferencia Internacional sobre el Proceso Político en Venezuela, con el ambicioso propósito de dar un impulso internacional a reanudar las negociaciones estancadas. La Conferencia surgió desde un reconocimiento de los pocos avances en estas negociaciones, que empezaron en el 2021 en México. Al final, la cumbre fracasó en sus metas principales.

Hubo tres puntos de consenso que surgieron del encuentro en Bogotá. Primero, todos estuvieron de acuerdo sobre la necesidad de establecer un cronograma electoral que permita elecciones libres y transparentes, con garantías para todos los participantes. Segundo, acordaron que lo anterior debería ir en paralelo con el levantamiento de las distintas sanciones. Por último, los participantes de la Cumbre coincidieron que el reinicio  de las negociaciones en México debería también ir en paralelo con la implementación del fondo fiduciario único para la inversión social en Venezuela. 

Aunque estos acuerdos muestran un consenso entre los Estados participantes en algunos aspectos, no muestra un avance significativo, ya que la comunidad internacional ya estaba mayormente de acuerdo en estos puntos antes de la reunión. Igualmente, la cumbre no logró el objetivo urgente de reactivar las negociaciones en México.  

Pero en mayo de 2023, Estados Unidos dio luz verde al fondo fiduciario para que las Naciones Unidas pueda manejar esos recursos sin vulnerabilidad a incautaciones por parte de acreedores. Aunque esto no implica que vaya a pagar el dinero de una vez, es un paso significativo en el proceso de desembolso. Es probable que el impulso del presidente Petro en sus interacciones con  Estados Unidos justo antes y durante la conferencia haya ayudado a impulsar la decisión de la administración de Biden de proteger al fondo. 

En octubre de 2023, la Plataforma Unitaria de la oposición y el gobierno venezolano reiniciaron negociaciones y llegaron a dos acuerdos parciales. Uno, afirmar la voluntad de los dos de acatar la Constitución venezolana y la ley, lo cual implica la protección de los derechos humanos. Además, proponen elecciones presidenciales para el segundo semestre de 2024 y aseguran garantías democráticas para esas elecciones. El otro acuerdo muestra el compromiso de las partes de seguir las normas del derecho internacional sobre el territorio  Guyana Esequiba (un territorio en disputa al este de Venezuela, administrado y controlado por Guyana, pero reclamado por Venezuela) a pesar de que recientemente Venezuela pareciera no querer guiar esta disputa a través de los estándares internacionales. También se comprometen a  unirse en la protección de ciertos activos venezolanos en el exterior.  Antes de esta fecha, no habían negociado desde noviembre de 2022. En respuesta a estos acuerdos, el gobierno Estadounidense decidió aliviar sanciones al petróleo, el gas y el oro de Venezuela. El gobierno Colombiano estaba presente en el encuentro y resaltó el papel que ha liderado el Gobierno de Petro en promover la convivencia pacífica y el diálogo entre las partes.

Aunque estos avances son muy bien recibidos por organizaciones de la sociedad civil y la comunidad internacional, incluyendo a Colombia, siguen faltando varios pasos importantes de Venezuela para proteger los derechos humanos y aliviar la crisis humanitaria. Unos de estos incluyen dejar en libertad a las personas detenidas arbitrariamente y que no impida la participación de los candidatos de la oposición en las próximas elecciones presidenciales. Aunque ambos compromisos están lejos de cumplirse, en particular porque el pasado 30 de octubre de 2023, la Sala Electoral del Tribunal de Justicia de Venezuela suspendió los efectos de las elecciones primarias en Venezuela y en consecuencia anuló la candidatura de María Corina Machado, quien fuera elegida como representante de la oposición. Así que Colombia no debería dejar de estimular y promover las negociaciones, que poco a poco, pueden ir no solo mejorando la situación de derechos políticos y civiles de la población venezolana, sino también la situación humanitaria, aliviando retos como la migración masiva de venezolanos a Colombia. 

Paz Total

Otro de los retos de esos tres frentes del gobierno Petro frente a la política internacional con Venezuela obedece a su interés por alcanzar la paz en Colombia a través de la Paz Total, una política de Estado que busca adelantar negociaciones con grupos armados ilegales de Colombia y transfronterizos, entre ellos la guerrilla del ELN. Sin embargo, su diseño es problemático porque no incorpora una estrategia clara de seguridad con enfoque regional, que permita confrontar las nuevas dinámicas de conflictividad social en los territorios.

A pesar de la buena disposición que ha mostrado Venezuela desde el 2022 para ser el país garante en las negociaciones con este grupo armado, Colombia debe enfrentar un reto adicional. Investigaciones de Crisis Group, Insight Crime y Alerta Venezuela han evidenciado que el ELN es un grupo armado transnacional, pero que no opera como insurgencia en otros países. Esto quiere decir, que su operación, al menos en Venezuela, cuenta con el consentimiento del Estado venezolano, y actúa como una fuerza paramilitar que apoya al régimen de Maduro. 

Colombia le apuesta a unas negociaciones con un país como Venezuela, que carece de legitimidad ante la comunidad internacional debido a la crisis humanitaria, la corrupción, las graves violaciones a los derechos humanos. Si Colombia quiere buscar una salida negociada al conflicto con los grupos armados, especialmente con el ELN, claro que es necesario contar con el apoyo de Venezuela. El país vecino también debe comprometerse a que llegado el día en que se firme un acuerdo de paz con el grupo guerrillero y otros actores amados transnacionales, este también debe ser cumplido e implementado del lado venezolano. Pero más que expectativas de su participación en el final, cuando ya haya un acuerdo, el desafío va a ser cómo incorporar el carácter binacional del ELN en las negociaciones y cómo aclarar el rol de Venezuela en ese ámbito, que va más allá de ser garante.

De nada serviría para Colombia que en la zona de frontera y en Venezuela este grupo siguiera delinquiendo. Si no se cuenta con una estrategia de seguridad conjunta y la llegada de institucionalidad de ambos Estados a las zonas controladas por los grupos armados irregulares, especialmente los que tienen carácter transnacional, la política de Paz Total será un verdadero fracaso. 

Estas tres frentes de la política exterior de Colombia con Venezuela –el restablecimiento de relaciones bilaterales con Venezuela, la promoción de las negociaciones entre el régimen de Maduro y la oposición y la implementación de Paz Total– no son negativas ni equivocadas. Pero la manera de llevarlas a cabo tiene que mantener un enfoque de derechos humanos que reconozca las violaciones y la falta de legitimidad del régimen de Maduro, mientras que nutre una relación con el mismo para aliviar la crisis humanitaria y migratoria actual. El gobierno de Petro tiene que reconocer esta línea muy fina y, en consecuencia, ajustar su manera de avanzar su política exterior.

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