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Durante los últimos 20 años, Colombia ha presentado un promedio anual de alrededor de 7000 fallecidos a causa de los siniestros viales, lo que los ubica como una de las 10 primeras causas de mortalidad en los últimos 14 años. | Dejusticia

Presentamos un documento para entender la relación entre normas, vehículos y usuarios

En el Día en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros viales, publicamos un documento en el que buscamos analizar la importancia y legitimidad de una regulación más estricta en seguridad vehicular para Colombia desde una perspectiva constitucional.

Por: November 21, 2021

La seguridad vial es hoy en día uno de los grandes retos de la humanidad. Es a través del transporte vehicular que se facilita el movimiento de bienes y personas, y que se permite un mayor acceso a los empleos, los mercados, la educación, la recreación y los servicios de atención en salud.

Sin embargo, aunque el transporte vehicular ha incidido de manera positiva en las sociedades, también ha supuesto una carga importante para la salud de las personas. Dicha carga se manifiesta en forma de traumatismos por siniestros de tránsito o de enfermedades respiratorias, producidas por la contaminación atmosférica del sector transporte.

Cada año mueren cerca de 1,35 millones de personas en las vías, y entre 20 y 50 millones padecen traumatismos no mortales en el mundo por la misma causa (World Health Organization [WHO], 2018).

Por muchos años, se entendió que los siniestros viales eran “accidentes” que sucedían casi de manera inevitable. Sin embargo, el análisis de este problema desde una perspectiva de salud pública ha permitido comprender los diferentes factores de riesgo que confluyen en este problema.

De un lado se encuentran los factores individuales de tipo comportamental que se enfocan en el actuar humano, tales como la velocidad, el consumo de alcohol, el no uso del casco en motocicletas o la ausencia de sistemas de retención para niños. Otros factores están relacionados con el diseño inseguro de las carreteras, que no garantice la seguridad de los diferentes actores viales, como los ciclistas, peatones o usuarios del servicio público de transporte, y otros más con el diseño inseguro de los vehículos.

El problema es especialmente crítico en los países de bajos ingresos (LIC),  como Colombia, debido a varias deficiencias persistentes en las normas de seguridad vial, entre ellas las relacionadas con la seguridad y el mantenimiento de los vehículos. Por tanto, mejorar la seguridad de los vehículos implica que los gobiernos exijan a través de la legislación (incluidas las regulaciones, políticas y protocolos), que los fabricantes cumplan con las normas de seguridad de alta calidad armonizadas para todos los tipos de vehículos automotores.

Para ello, los instrumentos jurídicos de las Naciones Unidas, son los mecanismos ideales para proporcionar e implementar normas de seguridad armonizadas en la certificación de vehículos automotores y sus partes.

En el Día en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros viales, publicamos un documento en el que buscamos analizar la importancia y legitimidad de una regulación más estricta en seguridad vehicular para Colombia desde una perspectiva constitucional. Este análisis, denominado Normas vehículos y usuarios un análisis constitucional de la siniestralidad vial y seguridad vial en Colombia, de las investigadoras Paula Angarita y Diana Guarnizo, pone su énfasis en la relevancia de la seguridad vehicular en el ordenamiento constitucional colombiano.

Descarga el documento acá  

Una de las premisas principales que aborda este documento es que el transporte terrestre ha sido reconocido por la jurisprudencia constitucional colombiana como una actividad social y económica que facilita la realización del derecho de libre movimiento y circulación, así como de derechos vinculados con la libertad económica y la iniciativa privada relacionada con la prestación del servicio público de transporte o la venta de vehículos. De igual forma, se ha sostenido que su ejercicio puede poner en riesgo derechos fundamentales de los ciudadanos tales como la vida, la integridad y la seguridad, como consecuencia del peligro que entraña la movilización a través de vehículos.

El documento enfatiza en que es deber del estado proteger los derechos a la vida y la salud y de emitir una regulación que garantice la seguridad vehicular. 

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