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En este reportaje contamos cómo se siguen incumpliendo los derechos al agua, la alimentación y la salud. | El Espectador

Reportaje audiovisual ‘Hambre en La Guajira: 5 años de una promesa incumplida’

En La Guajira, el Estado de Cosas Inconstitucional está lejos de superarse. En este reportaje junto a El Espectador contamos cómo se siguen incumpliendo los derechos al agua, la alimentación y la salud.

Por: Agosto 23, 2022

“Insuficientes e inefectivos”. Así calificó recientemente la Corte Constitucional los avances en el cumplimiento de la sentencia T-302 de 2017, que declaró el Estado de Cosas Inconstitucional por la desnutrición de niños y niñas Wayúu.

Han pasado cinco años desde que la Corte ordenó una serie de medidas a más de 20 entidades para detener la tragedia que se iba volviendo paisaje en las noticias: las muertes de niños y niñas por hambre en La Guajira. Como parte del seguimiento a la sentencia, viajamos al departamento junto a El Espectador para analizar cómo se viven los derechos protegidos por la Corte: agua, alimentación, salud y participación. 

Lo que encontramos es el reflejo de las cifras: el Estado de Cosas Inconstitucional está lejos de superarse. La mortalidad infantil por causas asociadas a la desnutrición en La Guajira (34 casos por cada mil niños) hoy es siete veces mayor al promedio nacional (4,6 por cada mil niños), según la veeduría ciudadana de la sentencia.


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En el reportaje audiovisual ‘Hambre en La Guajira: cinco años de una promesa incumplida’ contamos varias historias que reflejan esa realidad. Un grupo de médicos que recorre con frustración las rancherías de Riohacha para intentar salvar vidas; una comunidad que está cansada de las efímeras soluciones de agua; un joven que renunció a su trabajo como repartidor del PAE porque no soportó sentirse cómplice de la precaria alimentación que ofrece el Estado. 

A pesar de lo poco que ha logrado transformar la sentencia, esta sigue siendo la principal herramienta del pueblo Wayúu para defender sus derechos. Así lo resume la lideresa Matilde López: “La sentencia para lo que ha servido es para visibilizar y obligar al Gobierno a sentarse, para poner a los niños en el centro. Eso no pasaba antes”. 

En eso parece coincidir el magistrado José Fernando Reyes, quien lidera el seguimiento desde la Corte y que este año decidió crear una sala especial con un equipo dedicado exclusivamente a este caso: “La Corte Constitucional es la última esperanza de quienes no tienen voz. Esperamos no defraudarlos, por lo menos no defraudarlos mucho”, aseguró en el cierre de una sesión técnica realizada el 2 de agosto.


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