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República azucarera

César Rodríguez Garavito
octubre 16, 2015

Publicado en: El Espectador

Solían tildarse de Repúblicas bananeras los países donde un sector económico estaba por encima de la ley, ponía y quitaba funcionarios, elegía congresistas, imponía regulaciones a su medida y era impermeable a sanciones por conductas ilegales.

 

Eran las épocas del rey banano en Macondo (que era el nombre de una finca bananera), en la primera mitad del siglo pasado.

Colombia ya no es una república bananera, pero hechos recientes la hacen lucir como una república azucarera. Me refiero a la conducta de la industria productora de azúcar y sus defensores en las altas esferas políticas y jurídicas, todos en rebelión contra la multa por cartelización que le impuso la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). También me refiero al otro lado del sector, el de las bebidas y alimentos azucarados que presentaron la queja contra los ingenios ante la SIC, pero hacen presión contra la buena propuesta del ministro de Salud de subir los impuestos a las bebidas azucaradas, como lo hicieron México y Chile.

Lo de los productores de azúcar contra el superintendente Robledo ha sido más público y estridente, hasta el punto de parecer la versión gremial del “¿usted no sabe quién soy yo?” En lugar de concentrarse en refutar el mensaje (la investigación sólida de la SIC) y controvertirlo donde corresponde (en un recurso de reposición), voceros de la industria se despachan contra el mensajero y apelan directamente al presidente Santos para que intervenga. Algunos de sus abogados sugieren acciones disciplinarias y penales contra el superintendente por haber cumplido su deber de imponer una sanción basada en los criterios de la Ley 1314 de 2009. Como en los tiempos de las bananeras, congresistas afines a la industria toman partido por esta y no por el funcionario que se atrevió a aplicar la ley que ellos expidieron. En un episodio singular, cuestionaron la multa parlamentarios que no están de acuerdo en nada más —liberales, uribistas, conservadores, de la U y hasta del Moir—, y algunos llaman a control político y amenazan con moción de censura al superintendente.

En otra columna comenté cómo las empresas de gaseosas, jugos endulzados y golosinas, que hoy quieren hacer ver a los ingenios como los malos del paseo, le declararon la guerra al impuesto propuesto por el ministro Alejandro Gaviria. Sus argumentos son copiados de los que empresas como Coca Cola han usado en EE.UU. con ayuda de científicos financiados por la industria. Como lo ha documentado el New York Times, la estrategia es difundir el mensaje engañoso según el cual la obesidad y los problemas médicos que le cuestan caro al sistema de salud provienen de la falta de ejercicio y no de la ingesta desmedida de alimentos de alto contenido calórico, como los azucarados.

Para tener una democracia y una economía que funcionen, son esenciales funcionarios que apliquen la ley a todos por igual y asuman los costos políticos, como Robledo y Gaviria, o como lo fueron Juan R. Ortega en la DIAN, Gustavo Valbuena y José M. de la Calle en la SIC, o Gustavo Morales en la Supersalud. Si eso les cuesta el puesto, estaríamos de nuevo en Macondo.

Consulte la publicación original, aquí.

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