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derecho a la protesta

Hacemos un llamado las autoridades policiales para que recuerden su rol como garantes de la vida, honra y bienes de la ciudadanía; al Ministerio Público, para que salga del letargo y cumpla su papel en esta crisis, y al gobierno de Iván Duque, para que cree mecanismos de diálogo y concertación ciudadana que permitan escuchar y atender la voz de todos los sectores. | EFE con intervención propia

Repudiamos la violencia y pedimos que se respete el derecho a la protesta

Frente a las denuncias por violaciones a los derechos humanos en la actual jornada de paro nacional, llamamos a que se acaten las órdenes que dio la Corte Suprema de Justicia para contextos como este.

Por: DejusticiaMay 3, 2021

Desde el pasado miércoles 28 de abril, distintos sectores sociales hicieron presencia en las calles respondiendo a un llamado de paro nacional, principalmente, por la radicación de un proyecto de ley de reforma tributaria que tenía poca participación y podía acentuar las desigualdades socioeconómicas generadas por la pandemia por COVID-19. Pese a la decisión del presidente de la República, Iván Duque Márquez, de retirar dicho proyecto, la jornada de protestas se ha mantenido en medio de graves violaciones a los derechos humanos denunciadas por organizaciones sociales: uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, homicidios y desapariciones de manifestantes, casos de violencia y abuso sexual, lesiones oculares, detenciones arbitrarias, uso de armas de fuego y violencia contra miembros de la Fuerza Pública, según han evidenciado medios de comunicación y ciudadanas y ciudadanos en redes sociales.

Desde Dejusticia vemos con preocupación estos hechos que transgreden la Constitución Política y los estándares internacionales que protegen el derecho a la protesta. De igual forma, el actuar de la fuerza pública durante estos días constituye un claro incumplimiento a las órdenes que dio la Corte Suprema de Justicia en septiembre de 2020, y que ampararon los derechos de las personas que protestaron durante la jornada conocida como #21N.

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Aunque la Corte Suprema ordenó al Gobierno y a la Policía Nacional que no se repitieran los hechos violentos reportados en ese año, como la disolución arbitraria de protestas pacíficas, el uso antirreglamentario de armas potencialmente letales, la retención arbitraria de personas en el marco de las protestas y ataques a periodistas, es alarmante que esos patrones de violencia contra manifestantes persistan, al tiempo que se registran ataques a miembros de la fuerza pública. 

De otro lado, el papel deficiente del Ministerio Público es preocupante. La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación tienen el deber de acompañar a los manifestantes y respaldar la sistematización y la denuncia de información sobre violaciones a los derechos humanos durante la protesta. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación debería estar activa en la investigación imparcial e independiente de presuntas faltas y delitos, y en propiciar la judicialización de responsables. Sin embargo, todos estos órganos están ausentes, mientras el Gobierno central hace peligrosos anuncios, como el uso de la figura de asistencia militar en ciudades principales, y mandatarios locales se refieren públicamente a que los “desmanes” y el “vandalismo” son provocados por personas migrantes venezolanas, llegando incluso a expulsar a algunas de ellas, como sucedió en Cali.

Nuestros llamados

En este sentido, desde Dejusticia rechazamos enfáticamente los excesos y la respuesta violenta a la protesta pacífica, así como los ataques a miembros de la fuerza pública. También repudiamos las expresiones xenofóbicas de los gobernantes y el silencio de los órganos de control frente a las claras violaciones a derechos humanos de los últimos días y frente a la estigmatización de quienes convocan y participan de las jornadas de protesta. 

Hacemos un llamado a las autoridades policiales para que recuerden su rol como garantes de la vida, honra y bienes de la ciudadanía; al Ministerio Público, para que salga del letargo y cumpla su papel en esta crisis, y al gobierno de Iván Duque, para que cree mecanismos de diálogo y concertación ciudadana que permitan escuchar y atender la voz de todos los sectores. El retiro de un proyecto de ley de reforma tributaria no es suficiente para un país con los ánimos exacerbados por la violencia creciente y las inequidades profundizadas por la pandemia. 

Por último, le pedimos a los organismos internacionales, en especial a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, que realicen con urgencia una verificación de los hechos ocurridos durante los últimos días en Colombia y produzcan informes que permitan determinar la magnitud de las violaciones a los derechos humanos y sus responsables. 

Si usted es periodista y requiere información adicional, puede comunicarse con Mariana Escobar Roldán al correo [email protected]

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