En defensa de la restitución

Resulta obvio que la política de restitución de tierras tiene enemigos poderosos. Ni para qué abundar sobre las noticias alarmantes sobre la contratación de grupos armados para impedir la restitución a sangre y fuego. Por eso resulta imperativo defender esta política como un acto mínimo de justicia — e incluso de decencia — que Colombia les debe a los despojados.

Lo cual por supuesto no implica abstenerse de la evaluación crítica; al contrario, en interés de las víctimas, es necesario vigilar el cumplimiento de una promesa que ha dado pie a tan grandes expectativas. Algunas voces autorizadas ya han planteado críticas serias al proceso; los congresistas Jorge Enrique Robledo e Iván Cepeda Castro señalan que las cifras de la restitución no cuadran, que están infladas.

No voy a detenerme en el análisis de los datos que presentan las dos partes, ni pretendo sugerir quién tiene la razón sobre las cifras; pero creo que del debate en sí mismo se desprenden importantes conclusiones preliminares.

Precisiones y alertas de los críticos

Las críticas de Robledo y Cepeda se pueden resumir en tres fallas del gobierno – y en todo caso deberían servir para que el gobierno mejore su presentación o su desarrollo

1. Aclarar la dimensión de la restitución
Una de las principales críticas radica en que el gobierno está metiendo gato por liebre. Concretamente, se afirma que las hectáreas entregadas a campesinos no lo han sido por vía de restitución, sino en virtud de programas como el de titulación de baldíos — totalmente distinto porque reparte tierra que pertenece al Estado y no los predios que se les hayan quitado a los victimarios.

Por esta razón el gobierno debe ser más preciso y más claro en sus cifras. Además, debe hacer una mejor pedagogía y explicar adecuadamente el alcance de cada una de sus políticas sobre tierras. Deberían explicarse por separado – y con cifras diferenciadas- por lo menos las cuatro políticas siguientes:

2. Restitución con desarrollo rural
Otra confusión surge de la preferencia de algunos actores o sectores por calificar a la restitución como la “reforma agraria” del gobierno Santos. Para que una reforma agraria en sentido clásico opere se requiere:

a) que se redistribuya de veras la propiedad de la tierra (es decir, que se intervengan los latifundios para darle tierra al campesinado pobre);

b) que se establezca una política de producción rural que promueva la economía del pequeño y mediano campesino.

La restitución no es ni lo uno, ni lo otro.

Ahora bien, para que la restitución funcione debe ir acompañada de políticas tanto de democratización de la propiedad de la tierra, como de una reforma al régimen agrario actual que favorece la gran producción ahogando al campesinado. La muy citada y muy esperada Ley Integral de Desarrollo Rural debería ir en ese sentido.

Los críticos sostienen que el gobierno pretende apenas legalizar los títulos para reactivar el mercado de tierras, en beneficio final de los grandes capitales. Si esto no es así vale decir, si al gobierno de veras le interesa revertir la discriminación y la pobreza del siervo sin tierra, debe acelerar las medidas complementarias a la restitución que favorezcan de veras la economía campesina. Algo muy distinto de lo que se propone en el Plan Nacional de Desarrollo.

3. Transparencia sobre las dificultades
En su afán por presentar resultados yalimentar la confianza en la acción estatal, el gobierno no debería ignorar los obstáculos o minimizar los desafíos obvios queenfrenta la restitución. Ya se ha visto cómo en materia de seguridad, esta estrategia del avestruzresulta tan ingenua como peligrosa.

Más confianza inspiraría el gobierno si llamara a las cosas por su nombre y expusiera públicamente en dónde están y quiénes ponen los palos en la rueda, para que la sociedad los conozca y los confronte. Por ejemplo debería informar a la opinión si el problema para iniciar el proceso de restitución radica en que el Consejo Superior de la Judicatura se demora en nombrar a los juecesy a los magistrados de tierras.

De lo contrario, temas de este calibre pueden terminar filtrándose a los medios— tal como sucedió con la consulta previa —convertidos en disputas entre ministerioso rumores de pasillo, que calman la sed de intrigas pero no contribuyen a identificar la raíz de los problemas.

Errores de los críticos

Hay otros aspectos donde las críticas parecen ir más allá de señalar imprecisiones del mensaje y de la acción gubernamental,paraacabar minando la propia idea de la restitución.

1. El juego de la deslegitimación
Lo que distingue el debate democrático de las “manos negras” evocadas por el presidente Santos es precisamente el consenso político sobre la importancia y la urgencia de la restitución.

Sin embargo, algunos mensajes de los críticosparadójicamenteparecen oponerse a la política misma, con lo cual no se hace otra cosa que favorecer a quienes se han enriquecido a sangre y fuego. Me refiero, por ejemplo, al mensaje subliminalde convocar marchas públicas en contra de “falsas restituciones”.

Bajo las circunstancias actuales, la crítica debe formularse para corregir los errores de la política y no para descalificarel propósito mismo de la restitución, loable y difícil.

2. No reconocer los esfuerzos estatales
Tanto en el debate políticocomo sobre todo en la formulación técnica de los programas existeespacio suficiente para exigir la necesaria rendición de cuentas y para hacer oposición, si fuera el caso.

Pero entre tanto habría que reconocer la labor del Ministerio de Agricultura,que en pocos meses ha reavivado el interés y ha replanteado la orientación de la política y de los instrumentos para adelantarlade una manera que no se había visto en décadas.

El debate por las cifras y la confusión de políticas puede darse precisamente porque se está intentando ponerlas en marcha. No valorareste esfuerzo en toda su dimensión puede impedir que la opinión distinga claramente entre las diferencias ideológicas o políticas y los esfuerzos técnicos.

Aun teniendo toda la voluntad políticapara hacer la restitución, siguen existiendo innumerables obstáculos técnicos que deben ser superados. Para fortalecer la institucionalidad se requiere reconocer, entonces, dónde está funcionando la política de restitución de tierras y en dónde debe ser mejorada.

3. Mensaje que desorienta
El mensaje de que la reglamentación traicionóel carácter transicional de la ley resulta injusto por exagerado e inconveniente, pues puede terminar desmotivando a las víctimas yhaciendo que dejen de acudirpara denunciar sus casos.

Personalmente he analizado la cuestión dela carga de la prueba y no encuentro razonespara sostener queel Estado haya liberado de esta obligación a los testaferros y despojadores, por el hecho de que la Unidad de Restitución de Tierras deba investigar para apoyar a los solicitantes de la restitución ante los juzgados.

No puede olvidarse que el Estado tiene que andar con pies de plomo en un terreno muy espinoso, que debe estar bien documentado para afrontar las argucias jurídicas de los despojadores y, que además, mediante la investigación del despojo no solo se quiere devolver unas tierras: también se busca reconstruir el mapa del conflicto y sentar las bases de un ejercicio colectivo de memoria.

Crítica inteligente

Así pues, bienvenido el interés en la política de restitución de tierras. No solo contribuye quien ejecuta, sino también quien vigila que se cumplan los objetivos y que las promesas resulten serias y bien fundadas.

La ilegalidad de otrora y la de ahora se pertrechan y camuflan para obstaculizar la restitución mediante la misma técnica que usaron para el despojo: un coctel de barbarie armada y de sofisticadas argucias jurídicas.

Para enfrentar esta ilegalidad se necesita la crítica acuciosa, seria y honesta que se comprometa con las víctimas, más allá de las banderas políticas o ideológicas.