La Fiscalía General de la Nación desempeña un papel vital en la investigación y persecución de los delitos. En estos últimos cuatro años, la gestión de Francisco Barbosa dejó desafíos institucionales que requieren una profunda transformación con miras a recuperar la confianza ciudadana, luchar contra el crimen y descongestionar el sistema judicial.

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Desde la sociedad civil exigimos que la próxima fiscal tenga un compromiso decidido con la protección de los derechos humanos y la institucionalidad, más allá de sus intereses personales o políticos. Aquí algunos retos para transformar la Fiscalía:  

1. Definir y medir adecuadamente la impunidad

Un gran desafío de la nueva fiscal será determinar claramente qué entiende la Fiscalía por “impunidad”, explicar cómo se construye ese indicador y recolectar información robusta para medirlo. Sin un indicador adecuado, no sabremos si es cierto o falso (como ocurría con Barbosa) cuando nos hablan del éxito de la lucha contra la impunidad.

2. Disminuir la tasa de archivos

Durante la Fiscalía de Barbosa hubo una alta tasa de denuncias archivadas (la Corporación Excelencia en la Justicia registró un 81% de casos archivados). Se dice incluso que buena parte de su estrategia de descongestión consistió en incentivar el archivo de los procesos. Esto es inquietante porque apunta a que la enorme mayoría de los reclamos de justicia penal de la ciudadanía no están siendo resueltos de fondo.

3. Ofrecer datos abiertos y completos

El hecho de ofrecer datos abiertos y completos sería una muestra del compromiso de la nueva fiscal con la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de la democracia. Estos datos le permitirían a la ciudadanía hacer veeduría sobre el desempeño de la Fiscalía, para entonces diagnosticar y debatir públicamente sobre lo que funciona bien y lo que podría mejorarse.

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4. Defender la institucionalidad dentro de la Fiscalía

Algunos de los anteriores fiscales han usado a la Fiscalía como plataforma para defender sus intereses personales o promover sus agendas políticas, lo cual ha afectado la independencia, imparcialidad y eficiencia de la institución. Uno de los grandes retos de la nueva fiscal será restaurar la defensa de la institucionalidad al interior de la Fiscalía, dejando claro que las instituciones deben estar por encima de las ambiciones de los/las jefes de turno.

5. Recuperar la confianza ciudadana

Cuando la Fiscalía es percibida como un instrumento político en lugar de una entidad independiente encargada de hacer cumplir la ley, la confianza de la ciudadanía en esa institución se quebranta. Esta situación puede desencadenar una desconfianza más amplia por la justicia y por la democracia. Es esencial recuperar la confianza en la Fiscalía, especialmente si consideramos que somos un país que está tratando de superar la guerra y, en un contexto así, es fundamental que la ciudadanía confíe en la justicia.

6. Garantizar una #JusticiaDiversa

En la Fiscalía, como en casi todas las entidades estatales, las mujeres siguen enfrentando obstáculos para llegar a la cúpula. Muestra de ello fue la resistencia que generó la terna de mujeres a fiscal general. Estos obstáculos se redoblan en el caso de los/las juristas de poblaciones indígenas y afro-descendientes.

Los grupos tradicionalmente excluidos tienden a recibir un trato desigual por parte de la Fiscalía bien sea cuando son víctimas (pues sus denuncias suelen ser desatendidas) o cuando son presuntos victimarios (en cuyo caso son perseguidos de manera desproporcionada). Otro enorme desafío de la nueva fiscal será entonces garantizar el derecho a la igualdad de todos/as las usuarias de la justicia.