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Revista Cambio resalta la participación de Dejustica en la elaboración de la demanda de inconstitucionalidad detrás de la sentencia C-029

Dejusticia
abril 30, 2009

Publicado en: Cambio

La demanda de inconstitucionalidad detrás de la sentencia C-029 fue presentada el 28 de abril de 2008 por Colombia Diversa, el Centro de Estudios Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) y el Grupo de Derecho de Interés Público de la Universidad de los Andes con el respaldo de cerca de 30 grupos defensores de derechos humanos como la Comisión Colombiana de Juristas y Católicas por el Derecho a Decidir.

 

EL MILK COLOMBIANO

“Chapinero no necesita comunistas rosados”, fue la amenaza que recibió en plena campaña electoral local de 2007 uno de los seguidores de Juan Sebastián Romero, actual edil de esa localidad capitalina por el Polo Democrático Alternativo y activista por los derechos de los homosexuales. Romero, biólogo de 30 años, es miembro fundador del Polo de Rosa, un sector del Partido que concentra la población LGBT -lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas- y el único político abiertamente homosexual que ganó con 1.060 votos una curul en las pasadas elecciones en Bogotá.

La lucha contra los prejuicios y las no pocas agresiones verbales que el edil Romero y sus partidarios tuvieron que enfrentar mientras repartían volantes y hacían campaña en los alrededores de la calle 63, no son nuevas ni exclusivas de las calles capitalinas. Ese es precisamente el tema de la película Mi nombre es Harvey Milk, que cuenta la vida de un fotógrafo y activista gay que con la bandera de los derechos de los homosexuales ganó una elección en California. El filme, que se estrena este viernes en Colombia, es protagonizado por Sean Penn, quien ganó el Óscar a ‘Mejor Actor’ en la pasada entrega de los galardones de la Academia por su representación del concejal de San Francisco. Más allá del otro Óscar a ‘Mejor Libreto’, los 28 premios internacionales de cine y las 44 nominaciones, Mi nombre es Harvey Milk plasma esos momentos cruciales que experimentó el movimiento gay estadounidense en la segunda mitad de los años setenta y que marcó sus estrategias para las décadas venideras. Momentos que intentan con mucho esfuerzo reproducir un puñado de candidatos homosexuales, lesbianas y transgeneristas que se han lanzado a la arena política en años recientes y que en su inmensa mayoría han sido derrotados en las urnas. ¿Por qué hay tan pocos políticos abiertamente gays y con algún éxito electoral si Colombia ha acumulado en los últimos 16 años importantes logros en materia de derechos para los homosexuales? En otras palabras, si los derechos para la población LGBT hacen parte de la agenda legislativa del Congreso, de los programas de gobierno de las principales ciudades -Bogotá, Medellín y Cali- y de los temas de discusión de las más altas cortes de Justicia, ¿por qué “salir del clóset” es tan poco rentable en términos políticos?

Colombia es el país más avanzado de América Latina en materia de reconocimiento de derechos de los homosexuales. Desde la expedición de la Carta Política de 1991, el panorama de los derechos para los homosexuales cambió de manera drástica. Durante los años noventa, la tutela como instrumento para garantizar el amparo de los derechos fundamentales sirvió tanto para proteger a los homosexuales en casos puntuales de discriminación, como para empezar a construir una jurisprudencia que, poco a poco, se convirtió en ganancias para toda la población LGBT.

Una mirada a las sentencias de los casos considerados por la Corte Constitucional son elocuentes en cuanto al tipo de tutelas falladas en esos años: acceso a cupos, cambio de nombre (1993); publicidad de un beso en la Plaza de Bolívar (1994); homosexualidad en las Fuerzas Militares (1995) y el desfile de travestis en Neiva (2000), entre otros.

A partir de 1999 y a la par con las tutelas, organizaciones de defensa de los derechos LGBT como Colombia Diversa empezaron a desarrollar estrategias jurídicas más complejas que incluían acciones de constitucionalidad contra artículos de las más variadas leyes vigentes. En 2004, la Corte Constitucional discutió el régimen disciplinario de las Fuerzas Militares; en 2007, la afiliación al sistema de salud como beneficiario de la pareja gay y los derechos patrimoniales; en 2008, la seguridad social y la sustitución pensional para compañeros del mismo sexo. Y el pasado 27 de enero, mediante el fallo C-029 que modifica 42 disposiciones de 20 leyes (ver recuadro), el alto tribunal reconoció la igualdad de derechos entre parejas heterosexuales y del mismo sexo.

Este histórico fallo es un ejemplo de la sofisticación y el poder de convocatoria que las organizaciones que defienden los derechos de la población homosexual han alcanzado en su estrategia jurídica. La demanda de inconstitucionalidad detrás de la sentencia C-029 fue presentada el 28 de abril de 2008 por Colombia Diversa, el Centro de Estudios Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) y el Grupo de Derecho de Interés Público de la Universidad de los Andes con el respaldo de cerca de 30 grupos defensores de derechos humanos como la Comisión Colombiana de Juristas y Católicas por el Derecho a Decidir, entre otros.

Y son precisamente estos logros, que ha alcanzado el movimiento por la defensa de los derechos LGBT por la vía de tutelas y demandas en estos 16 años, los que han llevado a Colombia a la vanguardia de los países latinoamericanos en estas materias. En términos prácticos y simbólicos, la agenda pendiente de los derechos de los homosexuales está reducida a la adopción y el matrimonio, temas espinosos en todo el mundo y hoy el único bastión que les queda a los opositores de la población LGBT. Hasta la Iglesia Católica colombiana ha terminado por respetar estos reconocimientos. Monseñor Fabián Marulanda, secretario de la Conferencia Episcopal, señaló ante el reciente fallo de la Corte Constitucional: “Está bien que se garanticen los derechos patrimoniales de las uniones homosexuales”. Lo que la Iglesia no aceptaría son la adopción y el matrimonio de parejas del mismo sexo.

En cuanto a sentencias judiciales se refiere, la legislación colombiana es la más avanzada en el subcontinente y está dentro de las más progresistas del mundo (ver mapa). En el país, las parejas homosexuales no solo disfrutan de los derechos en salud y pensiones, sino también del derecho a no declarar contra su pareja, adquirir vivienda y protegerla como patrimonio familiar inembargable, y si la pareja es extranjera puede reclamar la nacionalidad colombiana en las mismas condiciones de una unión heterosexual.

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