Acaba de salir el informe nacional de desarrollo humano 2011 del PNUD. En él se afirma, una vez más, que no repartimos bien las cosas en Colombia. No es una novedad. Se confirma que somos uno de los países más desiguales del mundo con un índice Gini del ingreso de 0,58 y de 0,85 para la propiedad rural, donde 1 es la desigualdad absoluta.

Somos pues muy malos en distribuir. Y lo peor es que no lo acabamos de descubrir sino que llevamos años siendo desiguales. Con el paso del tiempo, mientras otros países como Chile y Brasil, que nos llevaban la delantera, ya han empezado a corregir significativamente su concentración en la pobreza, nosotros nos vamos encaminando a un deshonroso primer lugar mundial.

La desigualdad extrema colombiana se explica seguramente por muchas causas que deben haber estudiado los economistas. Yo aquí quisiera reflexionar sobre una que como ciudadana se me cruza por la mente: las conductas elusivas del cumplimiento de la legalidad de los sectores con más privilegios, que denotan una indiferencia hacia la suerte de los pobres.

El no pago de impuestos es un buen ejemplo. Juan Ricardo Ortega, director de la DIAN, decía en días pasados que tenía indicios de que no estaba tributando el número de personas afortunadas dentro del cálculo de las probabilidades de la distribución de la riqueza en Colombia. Alegó que se necesitaba más gente que tributara y estimó que es rico, y no se autoconsidera como tal, un 2 por ciento de la población que gana entre 4 y 5 millones de pesos mensuales netos, con un patrimonio de respaldo de 300 millones. Si esta población rica cumpliera con sus impuestos, se podría atender mejor las necesidades sociales del país.

Suena lógico, entonces, pensar que la corrupción privada o pública no hace sino prolongar y exacerbar esa pésima distribución de la riqueza que hay en Colombia en diferentes ámbitos. Cuando un colombiano de ese pequeño porcentaje que menciona Ortega no paga algunos impuestos, no recibe la totalidad de su salario sobre la mesa sino una parte fuera del país, deja la titularidad de sus bienes en paraísos fiscales, recibe pensiones sin cumplir requisitos o cotiza sobre el salario mínimo legal, acentúa los márgenes de desigualdad de Colombia. Cada acto de estos, por mínimo que sea, contribuye a cierta insolidaridad o indolencia que pareciera caracterizarnos en Colombia de tiempo atrás.

Quizás el criterio de la DIAN para definir a los ricos es relativo. Tal vez podría completarse con la estratificación socioeconómica, la capacidad de consumo o una combinación de indicadores más completa. Pero lo cierto es que indiscutiblemente la proporción de personas en esa categoría, que es muy baja, cuenta con más educación profesional, más oportunidades y, en general, más elementos para aportar al desarrollo económico y social que el grueso 98% restante. Así pues, este grupo tiene en sus manos la posibilidad de hacer algo para reversar la situación de desigualdad.

Es un buen momento, pues, para que quienes hacemos parte de los sectores pudientes mostremos más interés en la suerte de los pobres y acordemos que cumplir con la ley, así como pagar impuestos y contribuciones, es una muestra mínima de solidaridad para aportar a la lucha contra la desigualdad.