La Ruta del Sol se concibió como un proyecto de infraestructura clave para el desarrollo económico de Colombia, cuyo objetivo principal era mejorar la conectividad entre la zona centro del país y la costa Atlántica. Sin embargo, el proyecto se vio empañado por actos de corrupción relacionados con el proceso de licitación pública para la construcción del tramo II de la vía.

En el marco de este escándalo, se revelaron sobornos millonarios dirigidos a funcionarios públicos, como el ex viceministro de Transporte Gabriel Ignacio García Morales, y el involucramiento de Corficolombiana, del Grupo Aval, que aceptó pagar al gobierno de EEUU 80 millones de USD para impedir la continuación de investigaciones criminales, civiles y administrativas por su participación en los sobornos, para asegurar la adjudicación del contrato de concesión en 2010.

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Ante esta situación, en 2017, la Procuraduría General de la Nación interpuso una acción popular con el fin de proteger los derechos colectivos a la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público y el acceso a los servicios públicos y su prestación eficiente y oportuna.

En consecuencia, el Tribunal Superior de Cundinamarca, por medio de sentencia del 6 de diciembre de 2018, reconoció la vulneración de estos derechos, incluyendo también el derecho a la libertad de competencia económica, y ordenó el pago de una compensación por los perjuicios causados, estimada en ochocientos mil ciento cincuenta y seis millones, ciento cuarenta y cuatro mil, trescientos sesenta y dos pesos con cincuenta centavos ($800.156.144.362,50), a favor del Ministerio de Transporte, para que se restablecieran los derechos colectivos vulnerados.

Sin embargo, el Consejo de Estado, en sentencia del 27 de julio de 2023, pese a confirmar la vulneración de dos derechos colectivos (moralidad administrativa y defensa del patrimonio público), revocó la orden del pago de perjuicios, sin ordenar reliquidación de los mismos.

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Ante esta decisión, ni la Procuraduría General de la Nación ni el Ministerio de Transporte, que estaban legitimados para actuar en el proceso, tomaron acciones frente a la revocatoria del pago de perjuicios, a pesar de peticiones explícitas de la sociedad civil. En este contexto, Dejusticia y Transparencia por Colombia, dos organizaciones de la sociedad civil cuyo mandato incluye la defensa de los derechos e intereses colectivos, decidimos interponer una acción de tutela para impugnar la decisión del Consejo de Estado.

Aunque desde la sociedad civil intentamos recuperar nuestro derecho a la búsqueda de reparación, el Consejo de Estado no aceptó nuestra reclamación -realizada por vía de tutela- y, a pesar de un valiosísimo apoyo de la Defensoría del Pueblo, la Corte Constitucional no seleccionó la tutela para revisión. Nos quedamos con el daño causado por la corrupción, pero sin la reparación.

Este caso se convirtió en una muestra de cómo las instituciones colombianas fracasaron en la reparación económica del daño colectivo y han contribuido a que las víctimas de la corrupción, es decir la sociedad, queden damnificadas. De hecho, la sentencia del Consejo de Estado que resolvió la acción popular relacionada con estos hechos constituye un precedente peligroso para otros casos de corrupción.

Con la idea de hacer memoria sobre este caso y lo que no debería volver a suceder, construimos junto a Transparencia por Colombia un especial multimedia que recoge análisis sobre este caso, así como los hitos clave de la acción de litigio estratégico emprendida por las dos organizaciones, cuyo objetivo era lograr que se revocara la decisión del Consejo de Estado y se expidiera una nueva resolución que confirmara la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público, la libre competencia y el acceso a los servicios públicos y su prestación eficiente y oportuna, y, en consecuencia, ordenara la reparación integral de estos derechos colectivos afectados. 

Aquí una breve línea del tiempo sobre este caso que publicamos en nuestras redes sociales:

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