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Sacarle el agua al pez
Por: Nelson Camilo Sánchez León | Marzo 20, 2013
A la vieja estratagema de la guerra parecen haber llegado los intentos de reformar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La estrategia es simple: como no se logró el consenso en la OEA para eliminar las competencias de este órgano, se acude a una restricción al presupuesto que
parece inofensiva pero que es letal: le prohíben que obtenga fondos direccionados o específicos para hacer lo que tiene que hacer y así la convierten en un monstruo de papel.
A unas horas de la Asamblea General Extraordinaria las negociaciones continúan. Muchos a estas alturas creen que el grupo Alba ha sido neutralizado pues sus propuestas radicales de modificar la Convención Americana de Derechos Humanos y sacarle la competencia a la CIDH para llevar casos y emitir medidas de protección no han tenido la fuerza suficiente para imponerse.
Pero la lucha es intensa y el Alba está lejos de tirar la toalla. Los cancilleres de Venezuela y Ecuador siguen de gira por los países del Caribe para cuadrar preciosos votos. Y ayer, Bolivia (una semana después de apoyar en Guayaquil una declaración en donde se pontifica a los Estados que han ratificado la Convención Americana de DDHH) tiró a los medios de comunicación el anzuelo de que está pensando retirarse del sistema. Su objetivo es poner presión en la mesa de negociación: “o me aprueban lo que quiero o me retiro”, es en pocas palabras su apuesta.
¿A dónde quieren llegar con esto? A un solo punto. A llevar a los demás Estados a que acepten una norma que prohíba o restringa la entrada de recursos externos de la CIDH. En este momento más del 60% del presupuesto del sistema de derechos humanos se obtiene a través de donaciones de países de la región y europeos, así como de fondos de cooperación que se ganan a partir de concursos. En una inusitada fiebre de dignidad, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Argentina dicen que esto es insostenible pues lesiona el honor patriótico de la región. La totalidad de los fondos deberían provenir de los países americanos y sin restricciones, afirman.
Con esto buscan que la CIDH no pueda solicitar o recibir donaciones que estén dirigidas a una oficina específica, o sean asignadas a la ejecución de un proyecto determinado. En la práctica prohibir la entrada de estos fondos tendría tres efectos: 1) recortaría el 30% de los recursos de toda la CIDH; 2) recortaría del 60 al 70% de los recursos de las relatorías temáticas (que trabajan temas de género, niñez, indígenas, defensores de derechos humanos, etc); y, 3) recortaría el 100% de los recursos de la relatoría especial para la libertad de expresión.
Afirman que los fondos se remplazarían por contribuciones de los Estados americanos. Pero hasta que no exista una garantía de financiamiento pleno, libre y seguro esta propuesta parece falsa o tramposa: pueden financiar un año y luego dejan de hacerlo, o podrían financiar una propuesta de CIDH que diseñe la Secretaría General o incluso los propios Estados. Así se va al traste la autonomía financiera de la CIDH y su posibilidad de tener algún efecto concreto. ¿Qué órgano de control sin protección alguna va libremente a criticar a un Estado del que depende para subsistir?
Se dice que le diablo está en los detalles. Y allí es donde en este momento está la negociación. La propuesta sobre la mesa es que no se restrinja directamente la posibilidad, sino que más bien se sugiera a los donantes a que no hagan contribuciones a temas específicos. Dos razones hacen de ésta una ingenua propuesta. Primero, los recursos de cooperación no pueden ser modificados de esta manera (cuando el Congreso de un país decide reservar fondos de cooperación internacional para un tema ya no pueden cambiarse por otro). Segundo, la propuesta es, en un contexto de crisis económica mundial, hacerles un llamado a los donantes para que limiten sus donaciones.
Es cierto que el Presidente Rafael Correa, quien ha convertido este proceso en una empresa personal, no alcanzará todo lo que se propuso. Pero si se limitan los fondos de los órganos de derechos humanos habrá alcanzado suficiente. En no mucho tiempo tendrá a una CIDH saltando sin oxígeno, cual pez fuera del agua.