EN HORA BUENA, EL GOBIERNO, LA FIScalía y la Contraloría le metieron diente a la manzana podrida de la salud. Pero apenas le han dado un tímido mordisco. Porque las razones de la quiebra van más allá de la corrupción de unos cuantos funcionarios de rango medio cogidos con las manos en la masa, o la ambición de unos empresarios indiscretos como los de Saludcoop, que hicieron fiesta con la plata de la salud a la vista de todos.

Si las entidades estatales quieren llegar al fondo del asunto y solucionar la crisis, deben hacerse dos preguntas: ¿quién más sacó partido del desorden del sistema de salud? y ¿qué reglas y autoridades crearon el desorden? Sin respuestas completas, el Gobierno corre el riesgo de repetir los errores del pasado. Y la Fiscalía y la Contraloría se quedarían sin definir cuánto de la crisis se debe a la corrupción, y cuánto a conductas (legales pero reprochables) de quienes explotaron la falta de regulación.

La historia integral ha sido contada por entidades como la Federación Médica Colombiana (FMC), que llevaban años denunciando los abusos. Basta consultar los boletines virtuales del Observatorio del Medicamento de la FMC, que hacen un recuento minucioso de las preguntas por resolver y las soluciones por intentar.

La primera duda es si Saludcoop es sólo una entre muchas EPS que sacaron partido del sistema. Por ejemplo, la FMC ha mostrado que más de 30 EPS le cobraron al Estado (Fosyga) medicamentos antihemofílicos que estaban incluidos en el POS y que, por tanto, las EPS debían cubrir. La FMC calcula que el costo de semejante operación es cerca de $30.000 millones, que terminaremos pagando todos con nuestros impuestos, a menos que el Superintendente de Salud cumpla con el anuncio de hacer que las EPS devuelvan la plata.

También habrá que aclarar el rol de las farmacéuticas y de los precios que cobraron por sus medicamentos, muy por encima de los internacionales. Por ejemplo, en el caso de una popular droga contra la artritis reumatoidea y otras dolencias, la FMC ha calculado que las ganancias de la compañía que la produce, “por simples sobreprecios, entre 2008 y 2010, superan los 143.000 millones”, es decir, “54.000 millones más de lo necesario para cubrir el déficit presupuestal de los hospitales de Bogotá”. En muchos otros casos, los recobros fueron hechos a precios astronómicos, mediante una cadena de farmacéuticas, intermediarios y EPS que hay que esclarecer.

¿Qué reglas y autoridades hicieron esto posible? En el tema de los medicamentos, la respuesta está en la decisión del gobierno anterior de liberar los precios en 2006. Los precios se dispararon hasta tal punto que el exministro Palacio reconoció su garrafal error hacia el final de su gestión, y anunció “mecanismos adicionales para evitar abusos», que nunca llegaron.

Este fue el escenario que heredó el gobierno Santos. Ha hecho avances fundamentales, como el impulso a la ley que racionaliza el uso de la tutela y la actualización del POS. Pero se le ve indeciso en asuntos clave, y tímido para regular algunos temas que tocan poderosos intereses.

En cuanto a los medicamentos, acertó al poner precios límite de recobro a algunos de los más solicitados. Pero los fijó en niveles que siguen por encima de los precios internacionales. Además, tiene pendiente desmontar la desregulación de precios que heredó del gobierno anterior.

La tarea mayor y más urgente es fortalecer la Superintendencia de Salud y los demás mecanismos de inspección, vigilancia y regulación. Como lo ha señalado el propio ministro Santamaría, y lo había documentado un estudio de la Procuraduría y Dejusticia, éste ha sido el talón de Aquiles del sistema de competencia regulada de la Ley 100.

De ello dependerá que no se repita la historia de los últimos años. Y que tengamos, al fin, un sistema de salud equitativo, eficiente y pulcro.