Dekkers dijo a Business Week que Bayer no había producido la droga Nexavar contra el cáncer para la India sino “para los pacientes occidentales, que son los que pueden pagarla”. Y consideró que “era esencialmente un robo” la decisión de India de permitir, con una “licencia obligatoria”, que una compañía local fabricara, sin permiso de Bayer, un genérico, que es 97% más barato y tiene los mismos efectos terapéuticos.

Las licencias obligatorias, que están previstas por los propios tratados de protección de la propiedad intelectual (los Adpic), permiten que, cuando hay razones de salud pública que lo justifiquen, un Estado autorice la producción de un medicamento patentado, sin tener que obtener permiso del titular de la patente.

Las declaraciones de Dekkers no sólo indignan, por la manera como privilegia la ganancia sobre la vida de los pacientes pobres, sino que evidencian que las patentes en medicamentos tienen al menos dos efectos muy problemáticos en términos del derecho a la salud.

Primero, distorsionan las prioridades en la investigación. Como el propósito es obtener un monopolio rentable, entonces la investigación se dirige exclusivamente a crear medicamentos que tengan una demanda estable de pacientes con capacidad de pago. Eso ha permitido a veces avances en medicamentos para ciertas enfermedades crónicas, propias de sociedades de alto ingreso, pues ahí la patente brinda ganancias altas: pacientes que pueden pagar medicamentos costosos por largos años.

Pero por esa misma razón, las patentes desincentivan la investigación sobre productos que permitan curar inmediatamente enfermedades de personas pobres o prevenirlas. No es entonces sorprendente que no sea prioridad de las farmacéuticas investigar sobre la vacuna de la malaria, que sigue matando a miles de personas.

Segundo, las patentes implican, en ciertos casos, obstáculos infranqueables para que los países y poblaciones pobres puedan acceder a medicamentos que salvan vidas, como Nexavar, pues otorgan a las farmacéuticas la posibilidad de imponer precios muy altos, ya que gozan de un monopolio legal por décadas.

No parece posible eliminar hoy las patentes sobre medicamentos, pero estas dos distorsiones obligan a defender al menos dos cosas: i) una investigación pública vigorosa, para que haya avances en los campos no rentables para las farmacéuticas, y ii) que nuestros estados usen con fuerza el régimen de flexibilidades permitidos por los Adpic, como las licencias obligatorias, las importaciones paralelas o el control de precios, para evitar que las patentes se vuelvan obstáculos al acceso a medicamentos. Nuestros estados tienen el deber moral y jurídico de asegurar que el régimen de patentes respete el derecho a la salud; esto es, que sea “saludable”, según la expresión del profesor español Xavier Seuba.