En el Congreso se debate hoy un proyecto para reformar el sistema político y para sancionar a los responsables del escándalo de la ‘para-política’. Me pregunto si esos dos objetivos -reformar y sancionar- pueden lograrse al mismo tiempo. No lo creo. Quienes han causado la ilegitimidad de una institución no pueden ser sus reformadores. Pedirle a un Congreso cuestionado por ‘parapolítica’ que expida una reforma para depurar las costumbres electorales del país me parece tan ingenuo como pedirle al ladrón que defina cuál va a ser la forma de pago del dinero robado.

Si se sabe que una porción importante del Congreso estuvo involucrada en la ‘parapolítica’, lo primero que hay que hacer, antes de hablar del contenido de la reforma, es impedir que esa gente participe y vote en dicha reforma. La llamada «silla vacía», es decir, la pérdida de la curul cuando sobrevenga la condena judicial del congresista -prevista en el articulado actual del proyecto de reforma- es un paso importante en ese sentido. Pero es insuficiente. Esas condenas pueden demorar años y resulta inaudito que durante estos años de espera, el suplente, que salió elegido con los mismos votos cuestionados del titular, no sólo siga en el Congreso, sino que vote la reforma.

¿Desde cuándo, entonces, debe quedar la silla vacía? Hay otras dos posibilidades. La primera, desde que la reforma entra en vigencia. Esta propuesta tampoco es satisfactoria, debido a que conlleva la participación -en la reforma- de los suplentes de los congresistas presos.

La segunda posibilidad es que la silla quede vacía desde hoy mismo. A mi juicio, esta es la única solución que no pone en riesgo la democracia, es decir, que impide que la reforma constitucional sea votada por quienes están siendo investigados por ‘parapolítica’.

Ahora bien, ¿cómo justificar esa última propuesta, cuando la mayoría de los congresistas que están en la cárcel aún no han sido condenados? Con una razón simple: por conflicto de intereses. Los suplentes no pueden participar en debates en los cuales se discute la suerte de sus propias curules; eso sería votar en causa propia.

Se trataría, claro está, de una pérdida temporal de la curul. El congresista preso que sea absuelto por los tribunales recuperaría de inmediato su puesto. Además, a los suplentes también les conviene declararse impedidos, pues con ello evitan una posible condena por pérdida de la investidura en el Consejo de Estado, una de cuyas causales es la violación del régimen de intereses.

Pero me parece que la razón de fondo de la silla vacía inmediata es esta: si el haber pervertido el sistema electoral es, para la justicia, un motivo suficiente para enviar a la cárcel a un congresista, ¿por qué ese mismo motivo no habría de ser suficiente para que el sistema democrático exija que el suplente del congresista encarcelado -elegido con los mismos votos- sea retirado del Congreso mientras la justicia toma una decisión definitiva? Dicho en otros términos, que el sistema democrático enfrente la injusticia que se comete contra congresistas eventualmente absueltos, me parece un riesgo menos grave para el sistema democrático que el de la aprobación de una reforma constitucional hecha con los votos de los ‘parapolíticos’.

Por todo lo anterior, estoy de acuerdo con Claudia López cuando sostiene que, más importante que armar un debate sobre la ilegitimidad del Congreso, o incluso sobre el umbral, lo prioritario hoy es castigar a los culpables y a sus partidos e impedir que voten en la actual reforma. Lo primero es depurar al reformador para que esté en capacidad ética de reformar. Como quien dice, en lugar de reformar para castigar, lo que hay que hacer es castigar para poder reformar.