LAS CRISIS SOCIALES TIENEN DOS efectos positivos: desnudan las estructuras de las colectividades humanas y hacen tambalear las ideas convencionales.

Aunque trágicas, pueden ser instantes de lucidez e innovación, oportunidades fugaces para reformas difíciles en tiempos normales.

Así sucede con la catástrofe invernal en Colombia. En un país con 4,5 millones de desplazados por la violencia, la realidad del desarraigo entró por primera vez a muchos hogares por las pantallas de televisión que transmitían la migración forzada de las víctimas del invierno. La evidencia vino de la mano con la solidaridad, a medida que ciudadanos y empresas hacían donaciones para los 2,3 millones de damnificados, entre ellos cientos de miles que ya habían sido desplazadas por el conflicto armado.

La pregunta incómoda es por qué las víctimas del invierno lograron la atención que no han recibido los desplazados. Pero la pregunta urgente es cómo aprovechar la coyuntura para incluir a unas y otros en un plan de reformas acorde con la realidad que el invierno, literalmente, sacó a flote: la de un país donde 1 de cada 8 ciudadanos lo ha perdido todo por la violencia, el clima o los dos, según cálculos del economista Luis Jorge Garay.

Aquí es donde puede ayudar el segundo efecto positivo de las crisis, porque se necesitan nuevas ideas económicas para enfrentar semejante reto. Según los mismos cálculos, la reparación integral a las víctimas de la violencia costaría cerca de 65 billones de pesos y el costo de la reconstrucción tras el invierno estaría alrededor de 10 billones. Para ello es preciso mucho más que los decretos de emergencia —que, aunque avanzaron en la dirección correcta al ampliar la base del impuesto al patrimonio y tomar otras medidas fiscales, se quedan cortas incluso para atender el costo de la emergencia invernal—.

Así que se requieren un programa económico y un pacto social mucho más ambiciosos y creativos, una especie de New Deal criollo para un país en doble reconstrucción. Esto es lo que propone un estudio de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, liderado por Garay y publicado en este diario. Allí se muestra la necesidad y viabilidad de una estrategia fiscal que haga ajustes tanto a los ingresos como a los gastos. En cuanto a los ingresos, hay que desmontar las gabelas tributarias otorgadas por el gobierno anterior, establecer un gravamen sobre la tierra y destinar un porcentaje de las regalías a un nuevo fondo de reconstrucción y reparación a las víctimas.

En cuanto a los egresos, además de la lucha contra la corrupción, se propone la reorientación gradual del gasto en defensa y seguridad hacia dicho fondo. Todo esto combinado con el replanteamiento del proyecto de ley sobre la regla fiscal, que podría atarle las manos al gobierno cuando más necesita margen de maniobra.

Así que las ideas están ahí. A ellas se suman las de otros economistas, como el aumento de impuestos a la actividad minera propuesto por Salomón Kalmanovitz y José Antonio Ocampo. Y no hay una oportunidad más propicia y una necesidad más urgente que las actuales.

El problema es que, en asuntos económicos, el Gobierno parece menos innovador y reformista que en otros temas, comenzando por la desatinada promesa de campaña de no subir impuestos. En un país con más de 5 millones de desarraigados y niveles de recaudo tributario muy inferiores al de naciones líderes como Brasil, hay que asumir costos políticos y relajar la ortodoxia.

El presidente Santos dice que se inspira en Franklin D. Roosevelt, el gran reformador estadounidense cuya biografía lee por estos días. Pues bien: eso fue lo que hizo Roosevelt frente a las inundaciones que enfrentó en su país: crear la Tennessee Valley Authority y lanzar el New Deal, la ola de reformas ambiciosa y exitosa que sacó a EE.UU. de la Gran Depresión. Ojalá lo de la inspiración vaya en serio.