La celebración del Día de la mujer, el pasado viernes, es una buena oportunidad para reflexionar sobre las políticas del actual gobierno para erradicar la discriminación contra las mujeres. El balance es mixto.
Este gobierno ha hecho avances significativos. En especial, en septiembre del año pasado, lanzó su “política pública de equidad de género para las mujeres”, que fue construida y discutida con redes y organizaciones de mujeres. El documento contiene además principios y estrategias que podrían reducir significativamente la discriminación de las mujeres. Es pues un paso importante en la dirección correcta.
Sin embargo, en otros dos campos, el gobierno Santos ha tomado decisiones que contradicen su política y sus propias declaraciones.
Primero, en la paz. Al lanzar la política de equidad de género, y frente a la afirmación de la directora de ONU mujeres, Michelle Bachelet, de que la “paz no puede construirse sin las mujeres”, Santos prometió que las mujeres tendrían “un lugar destacado y permanente” en el proceso en curso. Sin embargo, el equipo negociador con las Farc sigue formado sólo por hombres. ¿Cuándo cumplirá entonces el Gobierno la promesa sobre el lugar destacado y permanente de las mujeres en ese proceso?
Segundo, en la equidad de género en los altos cargos del Gobierno. En esa misma ocasión, Santos afirmó que uno de sus propósitos era fomentar “la participación de las mujeres en instancias de poder y toma de decisiones”. Se podía entonces razonablemente creer que el presidente iba a comenzar a aplicar la llamada ley de cuotas o Ley 581 de 2000, que ordena, entre otras cosas, que al menos un 30% de los cargos de máximo nivel decisorio del Estado sea desempeñado por mujeres. Pero no ha sido así. Por ejemplo, todos los superintendentes son hombres; y algunos de ellos fueron nombrados después del lanzamiento de la política de equidad de género.
Estas inconsistencias del Gobierno en estos dos campos no son un asunto menor, tanto por razones jurídicas como estratégicas.
Primero, porque el Gobierno está desconociendo obligaciones jurídicas: la ley de cuotas es vinculante, como lo recordó el Consejo de Estado en tres decisiones de julio de 2012, en donde solicita al Gobierno que cumpla con los mandatos de esa ley. Y la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas insta a todos los Estados, obviamente Colombia incluida, a que aumenten la representación de las mujeres en las decisiones sobre solución de conflictos armados. El Gobierno está entonces incumpliendo ambas obligaciones.
Segundo, porque la participación de las mujeres en esas esferas de decisión no es un capricho del feminismo. La experiencia comparada muestra que esta participación es uno de los mejores mecanismos para avanzar en forma decisiva en la eliminación de la discriminación y violencia contra las mujeres, que en Colombia subsisten, y en forma muy profunda.