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Santos y la quiebra de la CIDH

César Rodríguez Garavito
mayo 27, 2016

Publicado en: El Espectador

Se sabe, porque la noticia se regó como pólvora, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está en crisis financiera.

 

Las cuentas son tan claras como angustiosas: la CIDH tendrá que despedir el 40% de su ya insuficiente planta de funcionarios, si antes del 31 de julio no recibe aportes de los Estados americanos. Los mismos Estados cuyos ciudadanos acuden por miles cada año a la CIDH porque ven en ella su última esperanza de justicia.

Lo que no se sabe es el papel que ha tenido el gobierno Santos en provocar la crisis. Cuando se estudian las cifras, se encuentra un panorama muy distinto del apoyo retórico a la CIDH que anuncian en los medios la canciller Holguín y el embajador ante la OEA, Andrés González. Un dato sorprendente: a la CIDH le iba bastante mejor en tiempos del expresidente Uribe, quien pese a ser contradictor público de la comunidad internacional de derechos humanos apoyó financieramente a la CIDH como no lo ha hecho el gobierno actual. De hecho, los aportes de Colombia en los dos gobiernos de Santos no llegan ni a la mitad de los hechos por Uribe en su segundo mandato.

No soy dado a este tipo de comparaciones, pero resultan inevitables cuando las cuotas del gobierno a la CIDH son tan flacas. Los cerca de 90 millones de pesos anuales que en promedio ha aportado la administración Santos al organismo más importante de la región son menores a los gastos de bolsillo de la Presidencia. No llegan a lo que costaron las nuevas cortinas para la Casa de Nariño (600 millones). Hasta los 15 millones gastados en las famosas almendras de Palacio habrían sido apreciados por la CIDH para subsidiar los gastos, mucho mayores, que implica tramitar las casi 400 peticiones actuales de colombianos (incluyendo la que alertó sobre el hambre en la Guajira), o hacer visitas cruciales como la reciente a la frontera con Venezuela, donde la CIDH denunció la expulsión arbitraria de miles de colombianos por el gobierno Maduro.

Hablando de Venezuela, en los últimos días va quedando claro que lo que está en juego no es sólo la financiación de la CIDH, sino sus poderes mismos, que Venezuela, Ecuador y otros países han intentado recortar desde hace cinco años para zafarse del incómodo monitoreo de sus violaciones de derechos humanos. A lo largo de ese período, el gobierno Santos ha guardado un silencio cómplice, como he escrito en otras columnas. Lo hizo de nuevo esta semana en una reunión de urgencia en la OEA, donde sus vagas declaraciones les dieron vuelo a los ataques no sólo del ALBA, sino también del gobierno de México, que busca desquite por el trabajo de la CIDH a favor de las víctimas de Ayotzinapa, aplicándole el célebre eslogan priísta: “no te pago para que me pegues”.

El gobierno Santos ha tenido un notable liderazgo internacional en asuntos esenciales como la política de drogas. Y se ha distanciado del gobierno anterior y de países vecinos con un discurso claro a favor de los derechos humanos. Es hora de respaldar el discurso con hechos.

Un funcionario de Palacio explicó que las famosas almendras eran para “ofrecerles un detalle a las delegaciones diplomáticas”. Un mejor detalle sería un aporte para evitar la quiebra de la CIDH.

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