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Santos y su bipolaridad con las víctimas

Nelson Camilo Sánchez León
febrero 12, 2012

Publicado en: Razón Pública

Al sancionar leyes y encabezar marchas el presidente pide que se investigue toda la verdad, pero al pedir excusas y criticar fallos, el presidente pide que los intocables no se toquen. Y esto es causa de problemas muy precisos.

 

Reacción a un fallo

Como era de esperarse, la muy retardada sentencia del Tribunal Superior de Bogotá en el caso del Coronel (R) Alfonso Plazas Vega fue una bomba política con múltiples impactos sobre la sociedad colombiana. Las reacciones vinieron de todos los frentes -gobierno, militares, justicia, partidos políticos, ex gobernantes, grupos de víctimas, ex combatientes…- y si alguna cosa dejaron en claro fue hasta dónde las heridas del pasado siguen vivas y todavía despiertan emociones enconadas en Colombia.

Una de las declaraciones más polémicas fue la presidente Santos en el acto de lanzamiento de la política de gratuidad educativa (de la cual -de paso- ya nadie se acuerda, pues las declaraciones sobre el fallo desviaron la atención de este tema tan importante).

Haciendo uso de la filosofía latinoamericana del “para qué te digo que no si sí”, el presidente comenzó por decir que respetaba el fallo, para venirse luego lanza en ristre contra sus conclusiones. Algunos analistas ya se han pronunciado al respecto. Este artículo profundiza en algunas de las consecuencias de las declaraciones que hacen prever que, o Santos no midió la importancia de lo que decía, o que aun sabiéndolo, prefirió un mensaje público que borra lo que ha ido construyendo con buena letra y mucho esfuerzo durante su gobierno.

Lo que dijo Santos

Dos aspectos específicos del extenso y detallado fallo fueron objeto del reproche de Santos:

– La solicitud de que la Corte Penal Internacional revisara la investigación penal contra el ex Presidente Betancur (“por eso más bien le pido perdón al presidente Betancur, a nombre de los colombianos, que lo hayan puesto en esa situación nuevamente”);

– La orden de solicitud de perdón a las víctimas por parte del Ejército (“en lugar de poner al Ejército de Colombia en la picota pública conminándolo a que pida perdón por el caso de la toma del Palacio de Justicia, más bien debemos pedirle perdón al Ejército por no haber sido lo suficientemente enfáticos en expresarle nuestra gratitud por el gran sacrificio que ha hecho para que los colombianos tengamos libertad y tranquilidad”).

En los dos casos Santos alabó al ex presidente y al Ejército, mientras que al mismo tiempo controvirtió los hallazgos de la sentencia y negó a las víctimas (“por eso más bien”…“En lugar de…”). No solo se da el mensaje de que la sentencia no tendría legitimidad suficiente para ser cumplida (pues fue equivocada), sino que además se deja la sensación de que el tema que trata no es importante (la lucha por la verdad y la justicia para las víctimas).

Lo primero que muestran estas declaraciones es bipolaridad en la actitud del señor presidente: un día Santos encabeza una manifestación campesina a favor de las víctimas que recuerda a las banderas del liberalismo en los días de la creación de la ANUC, y al otro día promueve la cultura de la negación de las violaciones y escuda la responsabilidad de quienes las cometieron.

Con la segunda actitud, el presidente además contradice a su niña consentida: la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Esta ley no solo ordena el reconocimiento público de la responsabilidad de los autores de las violaciones y su difusión extendida (artículo 75) sino que establece un deber de memoria en el Estado a cargo, principalmente, de un Centro de Memoria Histórica.

Pelea con la justicia

Una segunda consecuencia inmediata de las declaraciones del presidente fue producir un nuevo enfrentamiento con las cortes, lo cual agrava la polarización que había causado el debate del proyecto de reforma a la justicia que se tramita en el Congreso.

El mensaje fue leído por muchos como una invitación a escoger entre la justicia y las fuerzas militares. Un mensaje equivocado, que además se contradice con las declaraciones que el propio Santos hiciera el miércoles pasado en su visita a los jueces que llevarán los casos de restitución de tierras.

Efectos internacionales

Las declaraciones además se hacen en un momento crítico, cuando en esferas internacionales se discute la responsabilidad del Estado colombiano por lo ocurrido en el Palacio de Justicia.

Hace unos meses la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encontró que el Estado era responsable por los hechos y lo conminó a que, entre otras cosas, pidiera perdón a las víctimas. El Estado no ha cumplido con esta y otras recomendaciones, lo cual ya dio lugar a que la CIDH remitiera el caso a la Corte Interamericana; después de escuchar las declaraciones presidenciales, es previsible que estos organismos actúen con más ganas.

Había otra manera

El interrogante que deja el hecho es por qué Santos fue tan directo y enfático cuando hubiera podido dejar pasar la situación simplemente resaltando lo que ya sus ministros habían atacado: los errores jurídicos del fallo.

El punto técnico es complejo, e incluso ha suscitado cierta controversia, pero explicado de manera sencilla es el siguiente: por más que la desaparición forzada sea un delito continuo (pues hasta que no se encuentre el cuerpo de la persona desaparecida se comete el delito), cuando se incluyó este delito en el estatuto de la Corte Penal Internacional se acordó que las desapariciones que podían llevarse ante dicho Tribunal solamente serían las que empezaran a ocurrir con posterioridad a la instalación de esa corte (de otra manera ningún Estado hubiera firmado ese acuerdo, pues a todos ellos les hubieran podido abrir caso por desapariciones pasadas aun no esclarecidas).

¿Doble discurso o responsabilidad matizada?

Las declaraciones no parecen ser tan contradictorias cuando se lee con más cuidado la postura del presidente frente al conflicto armado y los victimarios: en general, los discursos de Santos subrayan el reconocimiento de las víctimas y las fallas de protección del Estado, pero nunca enfrentan el punto de la responsabilidad directa del Estado y sus agentes, sobre todo del primero, en las violaciones.

Y así, esta “solicitud de perdón” de Santos a los militares no tuvo la misma entidad que la de otras disculpas pedidas por el presidente. Por ejemplo, en los casos de las masacres de El Salado y El Tigre, el presidente pidió perdón ante las víctimas porque, según él, los hechos nunca debieron haber sucedido. Es decir, admite la falla del Estado en la protección, que llevó a que los “ilegales” cometieran las violaciones, pero no admite violaciones directas de éste.

Lo mismo ocurre con sus declaraciones respecto de las víctimas del despojo y la política de restitución de tierras. En Barranquilla Santos lo dijo claro: no es una lucha de clases, se trata de una lucha entre los legales y los ilegales. Así, desde su visión de buen gobierno y de lucha contra la corrupción, la idea de corregir lo que los grupos armados ilegales cometieron contra las víctimas parece natural, legítimo y loable. Otra cosa distinta es entrar a reconocer que el Estado, en su conjunto, ha hecho parte de este patrón de violencia. Por eso admite, por ejemplo, que unos funcionarios corruptos habrían facilitado los despojos de las tierras de las víctimas, pero como algo aislado y del pasado. Y por ello la cosa es a otro precio cuando la cuerda se rompe por el lado más delgado – los militares –.

Es decir, se impone la idea del Estado limpio que enfrenta a los bandidos y que, eventualmente, falla en la protección de los habitantes o se ve asediado por unos cuantos corruptos. Así se fortalece la lucha por la transparencia y contra la corrupción, pero no se enfrenta la posible responsabilidad del Estado por sus acciones.

La otra posible explicación es que el presidente, que nos tiene acostumbrados a medir milimétricamente sus actos y declaraciones, tuvo en cuenta todos estos factores y aun así, prefirió cargarse ese san benito frente a las presiones que hubiere recibido de los sectores afectados. Más dramática aun sería esa situación, pues lo que se espera con la política de víctimas que – quiéralo o no – ya echó a andar el presidente, es que salgan a la luz muchas más decisiones judiciales como ésta.

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