Cuando se trata de la Corte Suprema de Justicia, a mí me pasa lo contrario de lo que le pasa a Rafael Nieto (Revista Semana, 30 de julio): no estoy de acuerdo cuando la Corte se opone a la tutela contra sentencias, pero me gusta su decisión de no cobijar a los paramilitares con el delito de sedición. Aquí solo me voy a referir al delito de sedición.

Como se sabe, en un fallo reciente, la Corte Suprema sostuvo que el paramilitarismo no podía ser tratado como un delito político. Esta decisión rompe con una larga tradición de laxitud frente a ese delito y me parece conveniente por al menos las siguientes tres razones.

1. Desincentiva el levantamiento armado. Los grupos armados ilegales han tenido en Colombia dos motivaciones: la injusticia social y la ineficacia del Estado. Por la primera se han formado las guerrillas; por la segunda han surgido los ‘paras’. Ambas motivaciones son terribles y, con mucha frecuencia, deleznables. En eso se parecen. Pero también tienen diferencias claras, no solo en cuanto a los valores que dicen defender -la justicia en un caso y la seguridad en el otro-, sino en el alcance de esas motivaciones. Las razones de justicia social son generales y políticas (que sean equivocadas es otra cosa). La falta de Estado que aducen los paramilitares, en cambio, es concreta y material: su razón de ser es ante todo la defensa de intereses económicos: tierra, ganado, narcotráfico, etc.

Con los ‘paras’, lo político es una invención que viene después, cuando el grupo crece mucho y cuando, cumplida su labor -el despojo de las tierras de los campesinos, por ejemplo- necesitan volver a la legalidad. Con las guerrillas pasa lo contrario, lo económico viene después, cuando, al crecer mucho, necesitan defender sus intereses económicos: el narcotráfico, por ejemplo. Es cierto que esos agregados a posteriori crean una cierta similitud en ambos grupos, pero ella no es tanta como para desnaturalizar el carácter político de uno y el carácter económico del otro.

2. Es racional, en la medida en que el Estado, al negociar, es más estricto cuando tiene menos garantía de recibir lo que pide. Eso pasa con los ‘paras’. Con ellos es más difícil lograr la llamada «garantía de no repetición». Cuando la guerrilla llega a un acuerdo con el Estado, sale de sus refugios, pierde su poder militar y el conflicto guerrillero se acaba. Eso no pasa con los ‘paras’. Ellos pueden seguir enquistados, como mafias, en la sociedad y en la legalidad. La entrega de sus armas no es garantía de que pierden su poder. Por eso hay que exigirles más en la negociación.

3. Es una prueba de que el Estado rompe todo vínculo con los paramilitares. La actitud complaciente del Estado con los ‘paras’ en el pasado se vería reforzada si este les concediera el carácter de delincuentes políticos. Los beneficios que implica el delito político están contemplados para los enemigos del Estado. Para quienes toman las armas contra él, no para sus amigos. Un proceso de paz con los paramilitares tiene credibilidad cuando el Estado reniega de su pasado de complacencia con ellos. Darles el carácter de delincuentes políticos es continuar con esa actitud complaciente.

Desafortunadamente, el Gobierno piensa otra cosa y así lo muestra la reacción del Presidente cuando dice que la Corte está sesgada ideológicamente.

Es por lo menos curioso que el presidente Uribe y columnistas como Rafael Nieto acusen de sesgo ideológico a quienes no comparten sus ideas de tratar políticamente a quienes son delincuentes comunes y criminalmente a quienes son delincuentes políticos. ¿Quién es el que está sesgado?