La gran habilidad de Álvaro Uribe consistió en interpretar esa preocupación, armar una propuesta política y vendérsela al país con la bien pensada fórmula de la “seguridad democrática”. Pero Uribe no sólo tuvo esa habilidad política; también fue capaz, en estos seis años de gobierno, de pacificar las carreteras, menguar y aislar al movimiento guerrillero y desmovilizar a una parte de los paramilitares.
Así, pues, con la política de seguridad democrática se consiguió mucha de la seguridad que hacía falta; sin duda. El problema es que, con esa misma política, también se perdió mucha de la poca democracia que teníamos. La expresión más evidente de esa pérdida es la increíble situación de ilegitimidad actual del Congreso, en la cual el Gobierno tiene una cuota muy importante de responsabilidad. La última y más evidente prueba de ello la tuvimos hace quince días, cuando el Ministro del Interior hizo abortar el proyecto de reforma política. Para el Gobierno fue más importante mantener sus mayorías en el Congreso, que aceptar, como preveía el proyecto, la imposición de sanciones a los partidos cuestionados por parapolítica. El Gobierno no sólo supone que la gobernabilidad no tiene nada que ver con la democracia, sino que para mantener esa gobernabilidad, la complacencia con el paramilitarismo no está de sobra. ¡Lamentable!

El problema con la seguridad democrática es que, para el Gobierno, la segunda palabra de esa fórmula política es un calificativo meramente retórico. Mientras el concepto de seguridad es demasiado amplio, el de democracia es demasiado estrecho. Como la seguridad abarca todo –desde la tranquilidad de los conductores en las carreteras, hasta la estigmatización de los defensores de derechos humanos, pasando por la aprobación del TLC– se convierte en un propósito casi metafísico, al borde del fundamentalismo (y de la ilegalidad). En cambio, la idea de democracia que tiene en mente el Gobierno, es raquítica: no sólo no va más allá de una democracia electoral, sino que se alimenta con las más burdas prebendas clientelistas –notarías, puestos, negocios– y se sustenta con partidos de garaje.

Esa es la seguridad democrática que tiene embelesado al país desde hace seis años y que el presidente Uribe quiere reelegir. Lo peor es que, como están las cosas hoy en día, es muy probable que lo logre. Si eso sucede, a la pérdida de la democracia sumaremos el derrumbe de la Constitución (o de lo que queda de ella).

La única esperanza que tenemos de que eso no suceda es que surja y triunfe una propuesta política de seguridad verdaderamente democrática. Una política que mantenga los logros que se han conseguido en esta materia, pero sin hipotecar la democracia y el estado de derecho. Una política que no subestime ninguno de los dos términos de la fórmula uribista (algunos líderes del Polo Democrático parecen el espejo invertido de Uribe: minimizan la importancia que tiene la seguridad y adoptan un concepto casi metafísico de democracia).

En vez de reelegir la actual política de la democracia al servicio de la seguridad, lo que deberíamos hacer es elegir una política de seguridad al servicio de la democracia.