Por: Lina Arroyave y Abby Steckel

Imaginemos a una persona que se ve forzada a abandonar su hogar por la violencia o la pobreza. Cruza territorios peligrosos sin documentos, buscando seguridad. Pero al llegar, no solo enfrenta barreras físicas, sino también tecnologías que la vigilan, la perfilan y, a menudo, la devuelven al punto de partida. Esta es la realidad para millones de personas migrantes y refugiadas que, en su búsqueda de protección, deben enfrentarse a sistemas de vigilancia cada vez más sofisticados y hostiles.

Las fronteras han sido, históricamente, espacios de control y exclusión. Pero en los últimos años, el uso de tecnología digital ha redefinido la manera en que los gobiernos regulan la movilidad humana. La vigilancia biométrica, presentada como una herramienta para la seguridad, se ha convertido en una barrera invisible que condiciona el destino de millones de personas migrantes y solicitantes de refugio. La pregunta central es: ¿qué ocurre cuando las tecnologías diseñadas para facilitar la “gestión migratoria” se convierten en mecanismos de discriminación y exclusión? Las llamadas “fronteras inteligentes” —tecnologías como el reconocimiento facial y la recolección de otros datos biométricos — han redefinido el control migratorio, transformándolo en un mecanismo de exclusión y criminalización.

Los datos biométricos, por ser personales y sensibles, requieren un tratamiento riguroso, pero hoy se usan sin garantías suficientes, exponiendo a las personas a vigilancia y discriminación. Un ejemplo claro es la aplicación CBP One, impulsada durante la administración de Joe Biden como parte de la llamada “gestión fronteriza humanitaria”. Esta permitía a las personas solicitantes de refugio programar citas para ingresar al país y dar inicio a su proceso. Sin embargo, organizaciones como Black Alliance for Just Immigration denunciaron que el sistema de reconocimiento facial de esta aplicación presentaba fallas significativas al identificar a personas negras, impidiendo que muchas pudieran acceder al refugio. 

Aunque CBP One dejó de utilizarse como vía de acceso al refugio tras el cambio de gobierno, fue reemplazada en 2025 por CBP Home, una aplicación creada por la administración Trump para gestionar procesos de autodeportación. En la práctica, se pide a las propias personas migrantes que organicen su salida del país sin acompañamiento ni garantías legales claras. Este nuevo uso refuerza la tendencia de trasladar la carga del control migratorio a quienes buscan protección, bajo un manto de voluntariedad que encubre la falta de opciones reales para regularizarse. Mientras tanto, el uso de tecnologías de vigilancia en las fronteras sigue creciendo, especialmente la recolección e intercambio de datos biométricos entre Estados. Estas prácticas, con escasa supervisión y sin garantías de protección, amenazan la privacidad, la dignidad y la seguridad de millones de personas migrantes y solicitantes de refugio.

Acuerdos para compartir datos biométricos: el rol de Estados Unidos en América Latina

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos intensificó sus políticas de seguridad nacional y expandió programas de vigilancia fuera de su territorio. Uno de ellos es el Biometric Identification Transnational Migration Alert Program (BITMAP), implementado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) desde 2011. Oficialmente, el programa busca prevenir el ingreso de terroristas, pero la falta de transparencia sobre su funcionamiento genera preocupación en organizaciones de derechos humanos, ya que no es posible verificar si realmente se limita a este propósito. 

Documentos obtenidos por organizaciones como  Immigrant Advocates Response Collective y Just Futures Law revelan que al menos 18 países de América Latina, incluyendo Colombia, Panamá, Honduras, El Salvador, Guatemala y México — han suscrito acuerdos con Estados Unidos para compartir datos biométricos de personas migrantes, como huellas dactilares, imágenes faciales y escaneos de iris. Aunque estos mecanismos se justifican bajo el argumento de combatir el crimen organizado y agilizar procesos migratorios, en la práctica refuerzan la vigilancia, justifican deportaciones y dificultan el acceso al refugio.

Por ejemplo, en 2013, México y EE. UU. firmaron un memorando de cooperación que permite el intercambio de datos biométricos de personas migrantes no mexicanas que cruzan la frontera. Este acuerdo, como otros en Centroamérica, se justifica en términos de investigación de delitos, no ofrece garantías claras sobre el uso de los datos ni respeta el debido proceso. 

En el caso de Colombia, además de su participación en BITMAP desde 2016, recientemente la Cancillería firmó una nueva carta de intención con Estados Unidos. Este documento busca fortalecer el control migratorio en las fronteras, pero el contenido del documento no ha sido publicado. Aunque el gobierno colombiano asegura que se respetarán las leyes nacionales sobre protección de datos, ya se han reportado más de 2.000 deportaciones de colombianos en el marco de esta colaboración. Persisten dudas sobre el tipo de información que se entregará y el nivel de acceso que tendrá la actual administración estadounidense.

Bases de datos y fronteras inteligentes: los peligros de la vigilancia masiva

Uno de los ejemplos más alarmantes del uso de datos biométricos es la base de datos Homeland Advanced Recognition Technology (HART), administrada por el DHS. Con más de 280 millones de perfiles de personas, se utiliza para combatir el terrorismo y el crimen. Sin embargo, organizaciones como Surveillance Resistance Lab han alertado que HART opera sin controles rigurosos sobre la calidad de los datos que recibe del extranjero, lo que puede llevar a decisiones erróneas de deportación o denegación de refugio. Basta con que una persona haya sido registrada en otro país como migrante “irregular” o “de interés” para quedar marcada en el sistema, sin posibilidad de cuestionar esa clasificación. En la práctica, HART permite la vigilancia masiva sin supervisión judicial ni garantías, intensificando los riesgos de discriminación, especialmente hacia personas racializadas o con trayectorias migratorias precarias.

Esta lógica no es exclusiva de EE. UU. En Chile, por ejemplo, el Ministerio del Interior comenzó en 2024 a recolectar datos biométricos en su frontera norte, que serán compartidos con agencias nacionales e internacionales. Estas tecnologías —presentadas como “fronteras inteligentes”— no solo escanean rostros o huellas, sino que clasifican cuerpos, asignan niveles de riesgo y definen quién merece protección. Un error en el reconocimiento facial o un antecedente migratorio malinterpretado puede bastar para quedar excluido de la posibilidad de solicitar refugio. Bajo la promesa de eficiencia, se está consolidando un modelo de control que erosiona la privacidad y la dignidad de las personas migrantes y refugiadas.

Los riesgos para los derechos de las personas migrantes y con necesidades de protección internacional  

El uso de tecnologías de vigilancia amplifica los riesgos de discriminación, especialmente contra personas racializadas. Pero estos riesgos no provienen solo del uso que se les da, sino también de su diseño: son tecnologías desarrolladas por personas y entrenadas con datos que suelen excluir la diversidad de rasgos, contextos y cuerpos. Los sistemas de reconocimiento facial, por ejemplo, suelen equivocarse con personas de piel oscura: a veces las confunden con otras (lo que puede llevar a detenciones injustas), y otras veces ni siquiera las reconocen (lo que impide que accedan a servicios o trámites). Estos errores no son fallas aisladas, sino reflejo de prejuicios incorporados en el diseño mismo de estas tecnologías.

Todos los datos que se le entregaron al gobierno de EE. UU. están a disposición de Trump para su campaña de deportación masiva, que está violando el derecho al debido proceso, entre otros. Las autoridades migratorias pueden vincular información biométrica a datos de ubicación y algoritmos que predicen supuesta criminalidad. Por ejemplo, el sistema RAVEn, desarrollado por el DHS, utiliza inteligencia artificial para recomendar a personas como “sospechosas” de actividad criminal. Estos datos y predicciones pueden servir para vigilar a personas migrantes y justificar decisiones arbitrarias en su contra. Estos sistemas no solo carecen de transparencia en su funcionamiento, sino que además operan a partir de prejuicios institucionales que refuerzan estereotipos raciales y criminalizan la pobreza o la migración irregular. Una vez categorizadas como “de interés”, las personas migrantes pueden ser monitoreadas o detenidas sin que exista una causa fundada, lo que vulnera principios básicos del debido proceso y presunción de inocencia. 

Un nuevo mandato de Trump: el futuro de la vigilancia antimigratoria  

Aunque muchas de estas prácticas se originaron en administraciones anteriores, la nueva presidencia de Donald Trump ha intensificado de forma alarmante las vulneraciones de derechos humanos. Su gobierno ha reforzado un modelo de vigilancia y detención que criminaliza a las personas migrantes, consolidando una política de control extremo.

Trump ha dejado claro su objetivo de superar las cifras de deportación alcanzadas por Barack Obama, empleando todos los recursos disponibles para perseguir la migración irregular. Esto podría significar la expansión de programas como BITMAP y HART, fortaleciendo un sistema donde la represión prima sobre los derechos humanos. En noviembre de 2024, la agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) anunció que recibiría propuestas para la adquisición de nuevas herramientas de vigilancia, lo que indica que la infraestructura de control migratorio continuará creciendo.

Más aún, con la aprobación de la  Ley Laken Riley en enero de 2025 se agrava el panorama. La norma establece la detención obligatoria de personas migrantes acusadas de ciertos delitos menores, incluso si las acusaciones son infundadas, hasta que se resuelva su situación migratoria. Se estima que esto incrementará en un 250% el número de personas detenidas en EE. UU.

Resistir la vigilancia masiva  

La vigilancia biométrica intensiva no es una solución humanitaria para gestionar la migración; es un mecanismo de control que refuerza la discriminación, erosiona derechos y expone a las personas migrantes a riesgos aún mayores. Lo que se presenta como innovación tecnológica se convierte en una herramienta de persecución cuando cae en manos de líderes que abiertamente promueven la xenofobia y el militarismo. Hoy, estas tecnologías no protegen, sino que castigan, y su expansión sin límites amenaza con consolidar un sistema donde la vigilancia sustituye a la justicia. La respuesta debe ser la defensa inquebrantable de la dignidad humana, la privacidad y el derecho a migrar. Un futuro más justo no se edifica con vigilancia y represión, sino con políticas que reconozcan la humanidad de quienes buscan protección internacional y una vida mejor.

Ante este panorama, la respuesta no puede ser la resignación. Las organizaciones de derechos humanos en las Américas debemos articularnos con urgencia para frenar el avance de estas políticas de exclusión, exigir transparencia y responsabilizar a los Estados por el uso indebido de tecnologías que afectan la vida de millones de personas. En esa línea, redes como INCLO han desarrollado principios para el uso del reconocimiento facial, que ofrecen directrices éticas para limitar los abusos y defender los derechos en entornos digitales. No se trata solo de resistir, sino de transformar el debate migratorio, desmontando el falso dilema entre seguridad y derechos humanos. La vigilancia no puede ser el precio de la movilidad, y la lucha por un sistema migratorio más justo debe ser una prioridad inaplazable.