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¿Será Santos el salvador de la restitución de tierras?

Nelson Camilo Sánchez León
abril 4, 2014

Publicado en: La Silla Vacia

En su más reciente columna, titulada “Presidente Santos ¡Salve la restitución de tierras!”, el analista León Valencia hace una fuerte crítica a una de las políticas bandera de Santos.

 

Para Valencia, los pobres resultados de la ejecución de la restitución de tierras se deben a que de manera deliberada los ejecutores de la política están tomando el camino más largo para hacerla. Valencia critica que hayan optado por restituciones individuales en lugar de colectivas, que no se haya priorizado las restituciones administrativas, que no haya más intervención en zonas de riesgos a la seguridad acompañadas por la fuerza pública y que no haya una política más agresiva de compensaciones.

Muy oportuno y clave el llamado del columnista a que hagamos un seguimiento milimétrico al proceso de restitución de tierras. En que logremos la restitución nos jugamos buena parte de la esperanza de una sociedad más justa y democrática. Es una política crucial para el futuro del país.

Y es evidente que las metas globales de la política – como fueron prometidas en el plan de gestión del Ministerio de Agricultura y en el Conpes de víctimas – no se han cumplido. Y es también cierto que la brecha entre lo prometido y lo alcanzado es muy grande. Visto así la restitución se raja.

Sin embargo, tengo dudas en algunos de los puntos que sustentan la visión de Valencia y, sobre todo, sobre el sentido general de su llamado.

Varios de los reparos parecen deberse más al modelo mismo que a la negligencia o mala intención de la Unidad de Restitución de Tierras o de los jueces de tierras. Soluciones fáciles para un tema tan complejo son difíciles de encontrar. Casi todas las decisiones están atravesadas por complicados dilemas. Por ejemplo, ¿cómo intervenir en zonas de guerra y garantizar que los reclamantes no serán objeto de violencia? No podemos pedir que, para que la política avance, los campesinos tengan que parar las balas con el pecho.

Por otro lado, no es tan claro que, conforme a lo que dice la ley, se puedan hacer tan fácilmente las restituciones administrativas y las compensaciones. De hecho, el Senador Luis Carlos Avellaneda lleva tiempo promoviendo una ley de adición a la Ley de Víctimas.

Del mismo modo, las restituciones colectivas tienen de largo y de ancho. Es cierto que la ley de víctimas prevé la acumulación de casos con el fin de hacer más ejecutiva la restitución. Pero, al mismo tiempo, la acumulación de casos implica tanto la acumulación de soluciones como la de chicharrones. Un caso a primera vista sencillo – con disputas mínimas – al ser acumulado con otros doscientos con dificultades similares – pero no las mismas- puede convertirse luego en un caso imposible de resolver.

Eso es lo que se ha visto en terreno. A pesar de que en muchos casos el despojo fue el mismo, la situación de cada familia en cada predio era distinta antes del despojo, o se ha vuelto distinta después de este. Si bien se aplica la misma regla al despojo, luego habrá que aplicar una regla distinta al predio.

Por ejemplo, dos vecinos tenían una tierra similar y fueron despojados de la misma manera; pero hoy uno de ellos ya ha fallecido y tiene una familia que reclama por él. En el segundo caso habrá que enfrentar el tema de la sucesión. Así, al final, cada caso termina teniendo una necesidad de intervención distinta.

Este último punto nos lleva al corazón del asunto. La Unidad de Restitución de Tierras y los jueces de tierras pueden seguir rompiéndose el lomo intentando enfrentar el despojo predio a predio, caso a caso, o por grupos de casos como sugiere Valencia, pero lamentablemente difícilmente lograrán cumplir todas las expectativas de la restitución.

Nuestro esquema de transición es hiperlegalista e hiperjudicialista. Así empezamos con el proceso de juzgamiento penal de ex combatientes hasta que años más tarde – y tras el rotundo fracaso de Justicia y Paz – se propusieron alternativas como las del Marco Legal para la Paz. Y en tierras estamos ad portas de algo similar. Seguimos poniendo toda nuestra esperanza en complicados procesos judiciales. Valencia tiene razón en que esto debe cambiar, pero la cuestión va más allá de las buenas intenciones de Santos, de la Unidad de Restitución de Tierras y de los jueces de restitución.

Siempre se ha sabido que la ley de víctimas sola no puede producir todas las transformaciones que requieren los problemas sobre la tierra en Colombia. La ley de víctimas se presentó como la punta de lanza de una serie de políticas, pero al final el gobierno la dejó colgada de la brocha.

Para intervenir los profundos problemas de la distribución de la tierra, la reversión del despojo, la activación de una economía campesina que atraiga de nuevo a la población desplazada se requiere además de un compromiso político serio y transformador del campo que va más allá del gobierno. Pasa por las reformas a la tierra que se han discutido en los diálogos de la Habana (que en algunos puntos son incluso tímidas) y que deberán pasar por las fuerzas políticas del Congreso.

Para eso se requiere a un presidente con manejo político y decisión, que se enfrente a los factores de poder que quieren mantener el estatus quo del campo. Pasar estas reformas por el actual Congreso no es una cuestión sencilla. Y lamentablemente Santos ha fallado rotundamente en sus promesas en esta materia en estos cuatro años. Se le fue el gobierno sin presentar el proyecto de ley integral de tierras. Lo que sí hizo fue que le hipotecó la institucionalidad de tierras al Partido Conservador en un cálculo puramente reeleccionista.

Transformar la situación de la tierra bajo el comando del partido político que reivindica como su bandera el mantenimiento del estatus quo parece más difícil que resolver una a una las reclamaciones de restitución. Es por eso, querido León, que no creo que Santos vaya a dar la talla para ser ese salvador de la restitución.

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