En una contundente carta dirigida al presidente de Colombia el 17 de diciembre de 2020, y que solo se hizo pública dos meses después, siete relatores especiales de las Naciones Unidas le piden a Iván Duque y al Congreso de la República que rechacen la intención de reactivar el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato (PECIG) por los riesgos que tiene para los derechos humanos y el medio ambiente.

De acuerdo con los relatores —el de Sustancias Tóxicas, la de Afrodescendientes, el de Medio Ambiente, el de Derecho a la Alimentación, la de Derecho a la Salud, la de Situación de Personas Defensoras de Derechos Humanos y el de los Derechos de Pueblos Indígenas— la reanudación de este programa “atentaría contra el Acuerdo de Paz y contra lo dispuesto por la Corte Constitucional respecto a la jerarquía entre las estrategias para la erradicación de cultivos ilícitos”: la erradicación manual antes que cualquier otro método.

De igual forma, dijeron los relatores, preocupa que la decisión de volver a las fumigaciones se esté llevando a cabo “en un contexto de violencia sistemática contra los pueblos indígenas y afrocolombianos y las personas defensoras de los derechos humanos que trabajan protegiendo el derecho a la salud y al medioambiente en el país”.

La carta, que ahora está en manos del Gobierno Nacional, se envió como respuesta a una solicitud que hicimos desde Dejusticia y  otras 16 organizaciones y centros académicos, y que enviamos a algunos de los relatores en noviembre de 2020. En ella alertamos sobre los riesgos de los insistentes anuncios de Colombia frente a la aspersión y expusimos nuestra preocupación por las implicaciones de esa decisión para la construcción de paz en el país. 

En su respuesta, los relatores manifestaron que la reanudación “atentaría y vulneraría” derechos humanos protegidos por el derecho internacional y sobre los que Colombia tiene compromisos firmados, como el de prevenir y evitar la exposición a sustancias y desechos peligrosos, el de respetar los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes y el de proteger a niños y niñas de situaciones que atenten contra su bienestar.

La carta de los relatores, que ya tiene respuesta del Gobierno, aunque no se ha hecho pública, le pide a Iván Duque que proporcione información sobre las medidas que tiene para prevenir el riesgo de las fumigaciones, así como las observaciones que hace su Administración sobre las “condiciones estrictas” que puso la Corte Constitucional de Colombia en la sentencia T-236 para una eventual reanudación del PECIG: objetividad, imparcialidad y participación en el proceso de evaluar los riesgos planteados por la aspersión aérea sobre la salud humana y el medio ambiente.

“Podremos expresar públicamente nuestras preocupaciones en un futuro cercano, ya que consideramos que las informaciones recibidas son suficientemente fiables para indicar que existe un asunto que justifica una atención inmediata”, concluyen los siete relatores, y agregan que la opinión pública tiene que ser informada sobre las implicaciones potenciales de esta decisión.

Un ambiente desfavorable para el PECIG

Entre los argumentos de los relatores, ampliamente expuestos, mencionan que la propuesta de reanudar el PECIG se da en un grave contexto de agudización de la violencia, baja implementación del Acuerdo de Paz, grave déficit de participación ciudadana en temas ambientales, sistemático desconocimiento de los derechos fundamentales de pueblos indígenas y afrocolombianos y escasa información científica para tomar una decisión de este tipo.

En la carta se llama la atención sobre el hecho de que, según la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, de los asesinatos cometidos a líderes sociales en Colombia durante 2019 y el primer semestre de 2020, 37 se refieren a personas que impulsaban el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS) o que perdieron la vida debido a los abusos de autoridad en las operaciones de erradicación forzada de cultivos. Además, del total de masacres reportadas en el año anterior, el 78% habría tenido lugar en municipios en que la policía plantea retomar las aspersiones aéreas con glifosato.

Los siete relatores resaltan el “déficit participativo” que ha tenido el proceso para la reanudación, un problema que desde Dejusticia hemos expuesto en diversos espacios, así como la clara evidencia de los daños de este químico sobre los cultivos de pancoger, el agua, los animales domésticos y polinizadores y la salud reproductiva de las mujeres. De hecho, citan el informe que desde nuestra organización entregamos a la Comisión de la Verdad sobre las implicaciones de las fumigaciones en el departamento del Caquetá.

Esta comunicación es un llamado contundente de mandatos muy diversos del Sistema de Derechos Humanos de la ONU, y está en consonancia con lo que organizaciones defensoras de derechos humanos y del Acuerdo de Paz le han insistido al Gobierno por varios años: se deben priorizar medidas frente a los cultivos ilícitos que respeten la plena garantía de los derechos humanos.

Esperamos que el Gobierno de Colombia acoja el llamado de los relatores a entablar un diálogo y facilitar el envío de información sobre el riesgo de esta actividad.