Colombia, al igual que otros países, enfrenta una crisis en seguridad vial. Las cifras de siniestros bajaron un poco durante la pandemia generada por el Covid 19, pues había restricciones de movilidad. Pero, con la reciente reactivación social y económica, se ha dado un repunte preocupante, que afecta de manera desproporcionada a niños, niñas y adolescentes (NNA).

Aun así, la nueva investigación de Dejusticia “Cruce seguro: Sistemas de Retención Infantil y Derechos Humanos contra la siniestralidad vial en Colombia” asegura que las políticas públicas en materia de seguridad vial no han adoptado hasta ahora medidas específicas orientadas a proteger a los menores de edad en las vías y urge por encontrar soluciones. 

Un panorama desalentador y una crisis de salud pública

De acuerdo con el Instituto de Medicina Legal (2023), la segunda causa de muerte de los menores de 15 años en el país son los siniestros viales (entre 2011 y 2023, se registraron 20.495 fallecimientos), siendo los NNA entre 10 y 15 años los más vulnerables. Los departamentos que concentran la mayoría de los casos son Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca. 

Es un hecho que los NNA son más vulnerables en las vías que los adultos, debido a su constitución física y su etapa de desarrollo. A lo anterior se le suman los  comportamientos riesgosos, como no sujetarlos adecuadamente. La situación se vuelve más preocupante si se tiene en cuenta que, según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, los NNA entre 10 y 15 años se desplazan a sus colegios a pie o en motocicletas, prácticas que los exponen aún más. 

Cambiando el enfoque

Para mantenerlos a salvo en la carretera, es necesario adoptar un enfoque de sistema seguro, cuya premisa principal es que, aunque los errores en la vía no son evitables, las muertes y las lesiones sí lo son. Esta perspectiva surgió en países del norte global, como Suecia y Países Bajos, y fue incluida como uno de los Objetivos del Desarrollo Sostenible por las Naciones Unidas (Objetivos 3 y 11).

Se proponen acciones claves como construir vías que sean más seguras y humanas, propiciar que las personas se sientan más seguras caminando, fomentar la movilidad en medios alternativos de transporte (como la bicicleta) y usar adecuadamente la tecnología. Lo que contribuiría, además, al derecho que tienen las personas a la vida, el mínimo vital, la salud, la educación y el trabajo. En últimas, a que puedan moverse en un entorno seguro. 

Las sillas seguras, una parte de la solución

En el marco de ese enfoque, los Sistemas de Retención Infantil (SRI) pueden ser parte de la solución para proteger a niños, niñas y adolescentes en las vías, pues se ha comprobado que los protegen en colisiones o frenazos bruscos. 

¿Qué son los SRI? Son conocidos comúnmente como “sillas infantiles, de bebé o de niño”, pero son dispositivos diseñados especialmente para colocarse en el asiento del vehículo y deberían usarse en lugar de los cinturones de seguridad que traen consigo los carros. Dada la pequeña estatura de los niños y las niñas, dichos cinturones no se ajustan adecuadamente, lo que podría resultar en lesiones y ponerlos en peligro. 

Además, hay evidencia de que los SRI sí previenen muertes y lesiones en las vías. Un estudio pionero hecho por Ellen Hertz (1996) concluyó que el uso de estas sillas en automóviles disminuyó el riesgo de mortalidad en 71% para bebés y en 59% para niños pequeños, comparado con no usar ningún tipo de sujeción. Sin embargo, en Colombia, poco se usan los SRI. Un informe de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (2022) estableció que apenas un 9.5% de conductores de auto usa este elemento en menores de dos años, que el 50.57 % de niños viaja en la silla trasera sin ningún tipo de retención y  el 28.2% viaja en brazos y piernas.

El interés superior del niño y las obligaciones del Estado 

Para que el país avance significativamente, creemos que es fundamental que haya una colaboración más estrecha entre el gobierno, la sociedad civil y el sector privado, bajo el principio de “responsabilidad compartida”, ampliamente impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Hay que desarrollar marcos jurídicos que unan los reglamentos técnicos y la perspectiva de derechos humanos. Dichas regulaciones deben tener en cuenta, entre otros aspectos, el interés superior de niños y niñas, y el comportamiento del Estado y su papel como garante de los derechos a la salud y al desarrollo integral.

Las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y el marco constitucional son claves para enmarcar la pertinencia y necesidad de hablar de la regulación sobre los SRI. En algunas poblaciones específicas, garantizar la movilidad se interconecta con la garantía de otros derechos. Se vuelve aún más relevante cuando hablamos de niños y niñas, pues la Convención sobre los Derechos del Niño establece que su interés superior debe prevalecer en la adopción de medidas regulatorias.

Igualmente, el transporte tiene una relación ineludible con la promoción de un medio ambiente propicio para la garantía del desarrollo integral. En una de sus observaciones, el Comité de los Derechos del Niño hizo una referencia explícita a la necesidad de que los Estados construyan “infraestructuras seguras, saludables y resilientes para que el aprendizaje sea efectivo”. Esto se desarrolla en la idea de promover “vías peatonales y ciclistas y medios de transporte público” para garantizar otros derechos, como el descanso, el juego, el esparcimiento y las actividades recreativas. 

Así, el principio de interés superior se complementa adecuadamente con el enfoque de un sistema seguro, pues pone en el centro de la discusión el rol de los NNA como usuarios de las vías y las responsabilidades de todos los actores de tomar las medidas necesarias para proteger sus derechos.

Colombia debe regular los SRI

Hoy la legislación colombiana permite que menores de 10 años viajen sin cinturón en el asiento trasero de los vehículos, a pesar de que existen tecnologías especializadas, como los SRI, para protegerlos. 

Dos proyectos de ley han intentado introducir la obligatoriedad de los SRI, pero siguen sin aprobarse. Esta medida ya es obligatoria en otros países de la región como Chile, México, Uruguay y Argentina. Y hacemos un llamado para que Colombia adopte esta regulación. Según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, debe ser obligatorio el uso de estos dispositivos para niños hasta los 10 años o con una estatura de 1,35 m, prohibiendo, además, que se sienten en la parte delantera.

Sumado a esto, las políticas deben centrarse no solo en la regulación y el cumplimiento, sino también en asegurar que los SRI sean accesibles para todas las familias, independientemente de su nivel socioeconómico. 

Colombia tiene la oportunidad de liderar con el ejemplo en la región, adoptando un enfoque holístico en seguridad vial infantil que refleje un compromiso genuino con los derechos humanos y la protección de sus ciudadanos más jóvenes y vulnerables. 

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