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Al adoptar un enfoque basado en los derechos humanos, los sistemas tributarios pueden promover el bienestar de toda la población. | Ana Filipa dos Santos Lopes

Sistemas tributarios en clave de derechos humanos

Reformar los sistemas tributarios con enfoque en derechos humanos es clave para combatir desigualdad, financiar servicios públicos y fomentar crecimiento inclusivo. La cooperación internacional es necesaria para enfrentar la evasión fiscal, reducir dependencias injustas y promover una redistribución más equitativa de la riqueza.

Los sistemas tributarios son muy importantes para ayudar a la economía a recuperarse y para que el gobierno pueda manejar mejor su dinero. No obstante, a menudo han carecido de una perspectiva de derechos humanos, imprescindible para orientar su implementación hacia la redistribución de la riqueza y la reducción de desigualdades.

En los últimos años, han surgido iniciativas para reformar los sistemas tributarios en clave de derechos humanos a nivel nacional, regional e internacional. Estas iniciativas buscan hacer los sistemas fiscales más progresivos, transparentes y justos, con el objetivo de combatir la desigualdad, enfrentar el cambio climático, financiar servicios públicos de manera equitativa y fomentar un crecimiento económico inclusivo. Esto incluye medidas para evitar abusos como el uso de paraísos fiscales para evadir impuestos y la aplicación de impuestos indirectos que afectan desproporcionadamente a los más vulnerables.

La integración de los derechos humanos en la política fiscal no solo es una cuestión de justicia, sino también una estrategia eficaz para lograr un desarrollo sostenible y equitativo. Al adoptar un enfoque basado en los derechos humanos, los sistemas tributarios pueden promover el bienestar de toda la población.

Errores en los impuestos: ignorar los derechos humanos 

La estructura de muchos sistemas tributarios globales perpetúa desigualdades, ignorando los principios de equidad y justicia social. La Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han destacado que los Estados deben movilizar recursos a través de sistemas tributarios equitativos y progresivos para asegurar los derechos humanos. Relatores especiales de la pobreza extrema también han insistido en diseñar políticas públicas, incluyendo las tributarias, con un enfoque en derechos humanos.

Pese a la relevancia global de estas discusiones, los responsables de la formulación de políticas han tendido a ignorarlas, lo que ha generado tres problemas principales que, aunque son algunos de los más comunes, no abarcan todos los desafíos actuales en términos de justicia y equidad tributaria en el mundo:

  1. Regresividad tributaria: Esto ocurre cuando las personas con ingresos más bajos terminan pagando una mayor parte de su dinero en impuestos en comparación con quienes ganan más. Un ejemplo común de esto es el impuesto al valor agregado (IVA), que se aplica de manera uniforme al consumo de bienes y servicios, sin importar si la persona es rica o pobre. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señala que muchos países, como en América Latina y el Caribe, dependen del IVA. En esta región, el IVA representa el 28% del recaudo tributario, frente al 21% en la OCDE. En Colombia, el IVA alcanza el 32%, lo que ha intensificado las desigualdades económicas en el país. En cuanto a los impuestos sobre la riqueza también se ha evidenciado regresividad. Gabriel Zucman reveló que los superricos de algunos países de Europa pagan entre el 0% y el 0.6% de su riqueza en impuestos sobre el capital. Esto también ocurre en Latinoamérica, particularmente, en Colombia, aunque las tasas de tributación aumentan con los ingresos, los ricos disfrutan de deducciones y exenciones, lo que reduce su carga tributaria. El 1% más rico en Colombia paga solo un 2% de sus ingresos en impuestos, en comparación con el 4% que pagan los menos ricos.
  2. La evasión y elusión tributaria: La evasión de impuestos ocurre cuando alguien oculta sus ingresos para no pagar impuestos, a menudo transfiriendo dinero a paraísos fiscales, donde los impuestos pueden ser tan bajos como el 0%. La elusión, por otro lado, utiliza trucos y vacíos legales para pagar menos impuestos de manera legal. Tanto la evasión como la elusión son prácticas comunes entre personas y empresas con altos ingresos que buscan reducir lo que deben pagar en impuestos. Según la Tax Justice Network, la evasión fiscal global causa pérdidas anuales de 480.000 millones de dólares. En Colombia, estas pérdidas sumaron cerca de 1.900 millones de dólares (0,6% del PIB), equivalente al gasto de inversión del Ministerio de Educación en 2023.
  3. Competencia tributaria a la baja: Cuando los países reducen sus tasas de impuestos o crean incentivos fiscales especiales para atraer inversiones y empresas, lo hacen con la intención de impulsar su economía. Sin embargo, estas políticas pueden tener consecuencias negativas. Por un lado, los ingresos del Estado disminuyen, y por otro, se generan “derrames tributarios”. Esto sucede cuando los países, al intentar captar subsidiarias de grandes multinacionales, terminan enfrentando mayores pérdidas porque estas empresas a menudo evitan pagar su parte justa de impuestos. Además, en algunos casos, estas empresas no ofrecen las mejores garantías sobre los derechos humanos.. 

Estos problemas perjudican la equidad, limitan la recaudación tributaria y restringe las inversiones sociales, lo que perpetua las desigualdades socioeconómicas. 

Retos para un cambio tributario global

Aunque durante mucho tiempo ha existido una ignorancia mutua entre los temas fiscales y los derechos humanos, recientes avances académicos y doctrinarios han comenzado a superar esta brecha. La CIDH ha enfatizado que la garantía de los derechos humanos debe guiar la política fiscal. Asimismo, los informes de 2014 y 2020 de los Relatores Especiales de Naciones Unidas sobre extrema pobreza y derechos humanos han subrayado que las políticas fiscales son fundamentales para la realización de los derechos humanos, especialmente los económicos, sociales y culturales. Estos informes destacan la necesidad de que los Estados utilicen eficazmente los recursos disponibles para satisfacer los niveles mínimos esenciales de estos derechos.

Del mismo modo, la Observación General No. 19 del Comité de Derechos del Niño de la ONU proporciona directrices para la elaboración de presupuestos públicos que garanticen los derechos del niño. Establece principios de eficacia, eficiencia, equidad y transparencia, que también son aplicables a la política fiscal en general. Estos principios subrayan la necesidad de movilizar recursos de manera efectiva y equitativa, garantizando la transparencia y la participación en la gestión financiera.

Con este panorama, el desafío para la política tributaria es alinearse con los principios de derechos humanos. Entre estos principios se encuentran la progresividad y no regresividad, la equidad, la promoción de la igualdad y no discriminación, la transparencia y rendición de cuentas, y la cooperación internacional. Principios que buscan garantizar que las políticas fiscales, especialmente las medidas tributarias, sean justas y equitativas, y que apoyen la realización de los derechos humanos.

Un principio clave para implementar medidas tributarias que respeten los derechos humanos es la cooperación internacional en temas fiscales. Esto se basa en la responsabilidad de los países de respetar y proteger los derechos humanos, incluso más allá de sus fronteras. En la práctica, significa que los países deben trabajar juntos para enfrentar problemas fiscales globales como la evasión de impuestos y los flujos financieros ilícitos. Esta colaboración es esencial para evitar que se reduzcan las bases impositivas y asegurar que los grandes contribuyentes cumplan con sus deberes fiscales. Para lograrlo, se necesitan acuerdos internacionales que incluyan medidas como impuestos sobre las grandes fortunas, la eliminación de paraísos fiscales y el intercambio de información fiscal entre naciones.

Es importante resaltar que, aunque existen iniciativas como la “Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios” (BEPS) de la OCDE, diseñadas para enfrentar la competencia fiscal a la baja y los paraísos fiscales, estas han enfrentado varios problemas. Entre estos desafíos están el impacto desigual en los países en desarrollo, la complejidad de las reglas y la resistencia política de algunos países para adoptar las medidas propuestas. Para avanzar, es crucial desarrollar nuevos mecanismos de cooperación tributaria que aseguren una participación justa y un compromiso sólido de todos los países. Un foro adecuado para esta colaboración podría ser Naciones Unidas, que ofrece una representación más amplia de las naciones.

Integrar derechos humanos en la tributación global: nuevos caminos

La integración de los derechos humanos en la política fiscal es necesaria para construir sistemas tributarios que promuevan la justicia social, y asegurar que todas las personas, independientemente de su origen, género, raza, religión, orientación sexual o condición socioeconómica, tengan acceso a las mismas oportunidades y puedan vivir con dignidad.

La cooperación internacional juega un papel crucial en este proceso, ya que permite a los Estados abordar problemas fiscales globales como la evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos de manera conjunta. Para lograr esto, es necesario implementar y apoyar acuerdos regionales y globales que busquen crear medidas concretas, con igualdad de condiciones entre los países.

Al alinear la política fiscal con los principios de derechos humanos y fomentar la cooperación internacional, se puede construir un sistema tributario más justo y sostenible que contribuya a una distribución equitativa de los recursos, combata las desigualdades estructurales y apoye la realización plena de los derechos humanos para todos.

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