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Sobre puentes y tierras

Mauricio García Villegas
marzo 2, 2012

Publicado en: El Espectador

Cuando el presidente Lleras Restrepo mandó construir el puente peatonal de la calle 26 con la Universidad Nacional para evitar que los estudiantes fueran atropellados por los carros, muchos jóvenes universitarios se negaron a utilizarlo con el argumento de que había sido construido por un gobierno explotador de la clase obrera. Hay algo de esa oposición ciega e intransigente en la actitud que los senadores Jorge Robledo e Iván Cepeda, del Polo Democrático, han adoptado contra la política de restitución de tierras adelantada por el actual Gobierno.

 

Digo que hay algo de eso, no que sea lo mismo. Y no es lo mismo porque los senadores tienen críticas razonables frente a la política de restitución de tierras. Una de ellas es que todo indica que el Gobierno no ha sido suficientemente claro en diferenciar la tierra restituida por despojo de la tierra entregada por titulación de baldíos, lo cual podría ser una estrategia para sobredimensionar los resultados de una política poco ambiciosa. Otro buen argumento de los senadores es que esa política no puede funcionar sin una reforma al régimen agrario vigente, el cual favorece al gran capital y ahoga al campesinado.

Sin embargo, la descalificación que hacen los senadores de toda la política de restitución me parece excesiva e injusta. En primer lugar, sostienen que el Gobierno desmontó la norma que establece la inversión de la carga de la prueba a favor de los despojados. Eso no es cierto. Como dice el investigador Camilo Sánchez (en un buen análisis de este debate que será publicado en Razón Pública el próximo lunes) el hecho de sostener que la Unidad de Restitución de Tierras debe investigar, no significa que el Estado haya liberado de la carga de la prueba a los terceros, incluidos los testaferros y despojadores.

En segundo lugar, afirman que ésta es una política mezquina y engañosa que sólo busca entregar 11 mil predios a los campesinos (la promesa presidencial era restituir 160 mil), pero no tienen en cuenta el hecho de que los resultados de la restitución no dependen sólo del Gobierno sino de los jueces y de las solicitudes y movilizaciones que hagan los campesinos. La restitución es una tarea llena de incertidumbres; no es como entregar un subsidio, en donde se sabe de antemano cuánto se va a repartir. Hay buenas razones para pensar que, con el paso del tiempo, la entrega de predios aumentará de manera geométrica y superará ampliamente la cifra de los 11 mil.

Esto me lleva a lo que creo es el punto esencial en este debate. Adelantar una política de restitución de tierras en Colombia es remover las causas mismas del conflicto armado, lo cual es algo difícil, doloroso y necesario. El éxito de un propósito semejante depende no sólo de los diseños institucionales y del juicio con el que se adelanten los procesos, sino de los apoyos políticos que el Gobierno reciba. Por eso, por ser una política que se construye entre muchos actores (no un subsidio que el Gobierno reparte) la oposición frontal de los senadores del Polo funciona como una especie de predicción autocumplida: al sostener que la restitución de tierras es un fracaso (peor aún, al afirmar que se trata de un engaño, o de un inmenso falso positivo, como dice Robledo) los senadores contribuyen a que, de hecho, esa política sea un fracaso. Es como cuando el rumor de que un banco está quebrado quiebra el banco.

Apoyar al Gobierno en su propósito de restituir la tierra a los campesinos (objetivos de una elemental justicia) no implica dejar de criticar aquello que se hace mal, ni mucho menos convertirse en un gobiernista; casi de la misma manera como usar un puente mandado a hacer por un presidente no implica estar de acuerdo con su política de gobierno.

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