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Corte Constitucional Guajira

Tres años después de que la Corte Constitucional declarara el estado de cosas inconstitucional en La Guajira, son pocos los avances que se pueden resaltar con respecto a la implementación de sus órdenes. | Dejusticia

Solicitamos a la Corte Constitucional una audiencia pública por la crisis humanitaria en la Guajira

La vulneración estructural a los derechos humanos se mantiene en este departamento, mientras los indicadores sobre desnutrición infantil siguen siendo alarmantes. 

Por: DejusticiaMarch 18, 2021

La Corte Constitucional reconoció por medio de la sentencia T-302 de 2017 la vulneración masiva y generalizada de los derechos a la salud, al agua potable, la alimentación y la participación de las comunidades Wayúu que habitan la Media y Alta Guajira. Esta grave situación, conocida públicamente por las muertes de niños y niñas a causa de desnutrición, la llevó a decretar el estado de cosas inconstitucional en la región.

Sin embargo, tres años después de este importante pronunciamiento, son pocos los avances que se pueden resaltar con respecto a la implementación de las órdenes dadas por la Corte. Desde Dejusticia vemos con preocupación, por ejemplo, la falta de coordinación por parte de las instituciones demandadas a la hora de solventar la crisis alimentaria que afecta a las comunidades indígenas. Mientras tanto, la vulneración estructural a los derechos humanos se mantiene y los indicadores sobre desnutrición infantil siguen siendo alarmantes. 


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La Veeduría Ciudadana para la implementación de la sentencia T-302, compuesta por varias organizaciones y expertas que han acompañado el proceso judicial, detallan que no se ha logrado consolidar un Plan de Acción con participación de las comunidades, ni se ha establecido un diálogo genuino con las autoridades indígenas, los entes de control y la sociedad civil.

Además, debido al subregistro que existe en materia de alimentación, salud y agua potable, se desconoce el impacto que las medidas tomadas en el marco de la emergencia sanitaria por la Covid-19 pudieron haber tenido sobre la situación de derechos humanos en la región. Por estos y otros motivos, solicitamos a la Corte convocar a una audiencia pública para evaluar los avances, obstáculos y  retos presentados en relación con las órdenes emitidas en  sentencia T-302 de 2017. Una audiencia pública permitirá que las autoridades indígenas y la sociedad civil realicen un control respecto del avance en la implementación, y la ciudadanía en general conozca de la situación de derechos humanos en las comunidades de la Media y Alta Guajira.

En este video, Dejusticia y la Veeduría Ciudadana para la Implementación de la sentencia T-302 de 2017 presentamos 4 obstáculos para la superación del estado de cosas inconstitucional en La Guajira.

Para descargar la solicitud que hicimos llegar a la Corte, descargar el documento adjunto.


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