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Vicky Hernández

Vicky Hernández era una lideresa trans de San Pedro Sula, Honduras. | Organización Cattrachas

Solicitamos a la Corte IDH medidas de reparación colectiva para mujeres trans en el caso de Vicky Hernández

Presentamos un amicus en el caso del crimen por prejuicio cometido durante el golpe de Estado de 2009 en Honduras contra Vicky Hernández.

Por: DejusticiaDecember 7, 2020

Vicky Hernández era una activista trans, trabajadora sexual, conocida por su trabajo en la prevención del VIH a mujeres trans de San Pedro Sula, Honduras. Su nombre pasó a la historia de este país porque el 28 de junio de 2009 fue asesinada en medio del golpe de Estado contra el entonces presidente Manuel Zelaya. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente en una vía pública, con un preservativo aparentemente usado y las autoridades se negaron a hacerle la autopsia argumentando que vivía con VIH.

Luego de 11 años, no hay avances que permitan esclarecer los hechos, los responsables y los motivos del asesinato de Vicky. Sin embargo, su caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y podría convertirse en un precedente regional en materia de violencia por prejuicio contra mujeres trans. 

En medio de este proceso que lidera la organización hondureña Cattrachas, presentamos un amicus solicitando a la Corte que adopte medidas de reparación colectiva con enfoque transformador para el Colectivo Unidad Color Rosa, del que Vicky Hernández hacía parte como lideresa. 


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Además de las medidas que debe tomar la Corte sobre el caso particular de Vicky, la reparación a este Colectivo es necesaria por dos razones. En primer lugar, por el impacto que el asesinato de la activista tuvo en esta organización, y por el rol que esta ejerce en la promoción de los derechos de las mujeres trans de San Pedro Sula. 

Las medidas que solicitamos para el Colectivo Unidad Color Rosa consisten en el fortalecimiento económico para inversiones en infraestructura, pedagogía, reivindicación y defensa de los derechos LGBT. 

-Un espacio físico con las condiciones para  la promoción y la garantía de derechos. Esto es importante teniendo en cuenta los riesgos de habitar el espacio público para las mujeres trans. 

-Centros de acogida y casas de refugio que permitan la garantía de derechos a las personas trans que estén en riesgo por su labor de defender derechos. 

-Acompañamiento psicosocial a las personas que hacen parte del colectivo para que puedan seguir realizando su labor a pesar de la ausencia de Vicky y de todas las compañeras que han sido asesinadas por su identidad y expresión de género. 

Que el Estado de Honduras reconozca públicamente la importancia de la labor que tienen las organizaciones de derechos LGBT en el país.

Una política de participación social con enfoque territorial y de género que incluya a las mujeres trans en la creación e implementación de políticas antidiscriminación. 

Todas estas medidas están pensadas desde el enfoque transformador, que va más allá de devolver a las víctimas a la situación que vivían antes de que ocurrieran los hechos (pues ya vivían en una situación de discriminación), sino que busca erradicar las causas que dieron origen a esas victimizaciones.

Nuestros argumentos 

Los hechos que rodearon el homicidio de Vicky Hernández hacen parte de la situación de violencia por prejuicio generalizada en contra de las mujeres trans en Honduras. El homicidio de la lideresa fue el primero de una serie de asesinatos perpetrados en contra de mujeres trans

En nuestro amicus presentamos los elementos que la Corte IDH ha utilizado en su jurisprudencia para evaluar la participación de agentes de seguridad de los Estados en la violación de los derechos consgrados en la Convención. Estos elementos podrían ser valorados en el caso del homicidio de Vicky Hernández.

Así, exponemos: primero, la participación de las fuerzas policiales de Honduras en los crímenes por prejuicio en contra de las mujeres trans; segundo, el aumento de esta violencia durante el golpe de estado del año 2009; tercero, la falta de investigación adecuada de los hechos y, en general, los indicios y pruebas del caso en concreto que deben ser tenidos en cuenta para evaluar la participación estatal.

En ese país, la violencia por prejuicio hacia mujeres trans se evidencia tanto en el alto número de asesinatos (entre 1994 y 2019 ocurrieron 118 muertes violentas de personas trans según Cattrachas) como en la forma en que son asesinadas, los lugares donde son encontradas, los signos de tortura, la edad que tenían y la impunidad de los homicidios.

Es por esto que el Estado tiene una obligación de prevención reforzada hacia esta población, es decir que debe adoptar políticas públicas que combatan la discriminación y eliminar aquellas que la reproducen.  Por último, afirmamos que los Estados deben actuar con debida diligencia en las investigaciones de crímenes por prejuicio.

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