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Javier Ordóñez

A finales del año pasado, con las protestas diarias que iniciaron el 21 de noviembre, el país vivió un escenario similar de zozobra, estigmatización y militarización. Por eso ciudadanos, académicas, organizaciones de defensa de derechos humanos y víctimas de violencia policial nos habíamos unido el 18 de diciembre de 2019 para presentar una tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá. | Ernesto Guzmán, EFE

Solicitamos a la Corte Suprema que proteja el derecho fundamental a la protesta

Las prácticas de los organismos de seguridad y defensa, especialmente los de la Policía Nacional, no sólo amenazan el derecho a la protesta, sino que representan un riesgo al derecho a la vida, la integridad, el debido proceso, la libertad de expresión, entre muchos otros.

Por: DejusticiaSeptember 10, 2020

En las protestas y movilizaciones que se dieron el 9 de septiembre por el asesinato de Javier Ordóñez a manos de integrantes de la Policía Nacional se vieron nuevas muestras del repertorio de prácticas institucionales que impiden el ejercicio del derecho fundamental a protestar. Los mecanismos de represión contra manifestantes amenazan la democracia colombiana y ponen en riesgo a las personas que deciden salir a reclamar sus derechos a las calles. 

En menos de veinticuatro horas la reacción a las protestas por parte de la Policía Nacional dejó un saldo de por lo menos ocho personas asesinadas y 248 ciudadanos y ciudadanas heridas en Bogotá, 58 de estas agresiones se dieron con armas de fuego. Evidencia de un récord penoso de violencia policial que no sólo se repite sino que se agrava. 

A finales del año pasado, con las protestas diarias que iniciaron el 21 de noviembre, el país vivió un escenario similar de zozobra, estigmatización y militarización. Por eso ciudadanos, académicas, organizaciones de defensa de derechos humanos y víctimas de violencia policial nos habíamos unido el 18 de diciembre de 2019 para presentar una tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá. Le solicitamos a los magistrados y magistradas que protejan el derecho fundamental a protestar y que se detengan las prácticas que amenazan constantemente a quienes hacen democracia en el espacio público. Esa tutela sigue su trámite hoy, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia la estudia en segunda instancia desde mayo de 2020.


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Identificamos cuatro tipos de prácticas violentas que exceden la función constitucional y legal de la Policía Nacional y violan derechos fundamentales: (i) disolución sistemática, arbitraria e injustificada de protestas pacíficas; (ii) utilización ilegal (contraria a reglamentos y protocolos) de armas potencialmente letales; (iii) uso arbitrario de mecanismos químicos de dispersión de manifestaciones y (iv) utilización arbitraria de mecanismos policiales para detener a manifestantes. A esos hay que sumar uno nuevo: el uso indiscriminado de armas de fuego contra manifestantes.

Las prácticas de los organismos de seguridad y defensa, especialmente los de la Policía Nacional, no sólo amenazan el derecho a la protesta, sino que representan un riesgo al derecho a la vida, la integridad, el debido proceso, la libertad de expresión, entre muchos otros. Por eso se hace necesaria una intervención decisiva y urgente del juez constitucional. Le solicitamos a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que tenga en cuenta los hechos recientes como una verificación de la continuidad de la vulneración y amenaza al derecho fundamental a la protesta. También le solicitamos que dicte sentencia frente a la acción que presentamos y emita órdenes que protejan de forma inmediata a quienes participan en protestas y movilizaciones en el país. Es urgente proteger la vida de los y las manifestantes.

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