Con el número de incautaciones de marihuana realizadas en Colombia, el DNP (Departamento Nacional de Planeación) calculó que ese mercado puede oscilar entre los 2,2 y los 4,4 billones de pesos en nuestro país.

Aunque su uso en Colombia es mucho menor al del resto de países de la región, en un escenario ideal, su comercialización en nuestro país ocurriría por la vía legal y a través de mercados regulados. Sin embargo, el tratamiento que las autoridades le dan es cada vez más prohibicionista y punitivo.

En 2016, la aprobación del Código de Policía y Convivencia Ciudadana incluyó 16 conductas sancionadas con multas y relacionadas con consumo y porte de drogas en espacios públicos.

Por decisiones como esta, la Coalición Acciones para el Cambio (APC), un grupo de organizaciones que desde 2017 trabajan en temáticas relacionadas con política de drogas, advierten de las consecuencias del modelo prohibicionista en Colombia y proponen el tránsito hacia una política que respete y garantice los derechos humanos.

Con esa misión, los miembros de APC, entre los que está Dejusticia, elaboramos el documento “Principios para una regulación responsable del uso adulto del cannabis el Colombia”, el cual tiene como propósito ser una herramienta para que los tomadores de decisión construyan, desde la responsabilidad y la evidencia disponible, un modelo justo y efectivo.

Para llegar a un modelo de este tipo, las organizaciones que integran APC recomiendan cinco acciones: Derogar la prohibición del consumo y porte de sustancias psicoactivas; derogar sanciones administrativas, al respecto, como las contempladas en el Código de Policía; mantener los estándares de dosis personal y dosis de aprovisionamiento para evitar la criminalización de personas usuarias de drogas; diseñar medidas que permitan desarrollar lo contemplado en el punto 4 del Acuerdo de Paz, y generar un programa nacional de desarrollo rural integral, articulados con proyectos productivos con marihuana.

APC también advierte que, en el marco de la conformación de una alianza interpartidista en el Congreso de la República, que busca reformular la política de drogas en el país y que presentó un paquete de reformas que incluyen la regulación del uso adulto del cannabis en Colombia, hay una ventana de oportunidad para que el Poder Legislativo contribuya a la formulación de una política de drogas respetuosa de los derechos, a la disminución de la violencia y a la construcción de paz en el país.

Por ello, en este documento, los miembros de la coalición sugerimos una serie de principios para una regulación responsable del uso adulto del cannabis en Colombia, que los tomadores de decisión deberían considerar:

• Proteger la autonomía y libertad individual
• Contar con evidencia para regular
• No criminalizar a las personas usuarias
• Prevenir y reducir los daños por el uso de sustancias psiciactrivas
• Promover un comercio justo alrededor de las drogas, que a la vez promueva el desarrollo sostenible
• Tener un enfoque diferencial a favor de comunidades indígenas
• Y contar con medidas de reparación y no repetición en favor las victimas de la guerra contra las drogas

Transitar hacia una política distinta a la que ofrece la prohibición implica encontrar un equilibrio entre la urgencia del cambio y los riesgos de diseñar de forma precipitada un modelo de regulación de las drogas. En ese sentido, una reflexión responsable sobre dichos puntos permitirá contar con un diseño institucional para la realidad que enfrenta el país, y será un ejemplo para los países de la región.