Es prioritario atender a las medidas de aislamiento preventivo obligatorio ordenado por la Presidencia y suspender los operativos de erradicación forzada, a fin de evitar contagios de COVID-19, esto con el objetivo de garantizar el derecho a la salud y la seguridad alimentaria de la población rural, considerada una población en riesgo. | EFE
Solicitamos al Gobierno suspender los operativos de erradicación forzada durante la contingencia del COVID-19
Por: Dejusticia | marzo 31, 2020
La pandemia del COVID-19 coloca al Estado colombiano en una situación excepcional, donde existe un deber por parte del Gobierno de tomar medidas rigurosas para contener la expansión de la misma y de garantizar el derecho a la vida, a la salud en conexidad con la vida y la supervivencia de sus habitantes.
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A pesar de las medidas implementadas por el Gobierno Nacional para afrontar esta emergencia1, varias organizaciones de la región del Catatumbo y de los departamentos de Caquetá y Putumayo han denunciado la intensificación de los operativos de erradicación forzada en dichos departamentos, específicamente en municipios donde se firmaron acuerdos colectivos en el marco del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), y que, a la fecha, no han sido cumplidos en su totalidad por el Gobierno Nacional.
Dicho incumplimiento, sumado al desconocimiento de las medidas de aislamiento frente a la pandemia del COVID-19, ha causado en los últimos días diversas vulneraciones a los derechos de la población cultivadora:
En la vereda de Nueva Granada, Municipio de Puerto Asís en Putumayo, en el marco de la cuarentena nacional, el 19 de marzo fue asesinado Marco Rivadeneira, un emblemático líder que promovía la sustitución de cultivos en el departamento y buscaba alternativas para quienes habían quedado por fuera de los programas de sustitución de cultivos. El asesinato de Marco Rivadeneira, eleva, según datos de la COCCAM, a 60 la cifra de personas asesinadas por liderar procesos de sustitución en Colombia. Tres días después de los hechos, el 22 de marzo, se denunció la llegada de miembros de la fuerza pública, que, a través de bombas manuales, comenzaron a fumigar con glifosato los cultivos de hoja de coca2.
En Caquetá, según las denuncias públicas de la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola (COCCAM) y de la Coordinadora Departamental de Organizaciones Sociales, Ambientales y Campesinas del Caquetá (COORDOSAC), a pesar de la crisis sanitaria, desde el 23 de marzo, en la vereda Palestina, Inspección Unión Peneya del municipio de la Montañita, miembros del Ejército Nacional realizan en operativos de erradicación forzada haciendo uso de la fuerza, a través de disparos, en contra de la población cultivadora3.
Finalmente, según información de la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT) y de la COCAM, el pasado jueves 26 de marzo, en el marco de una movilización en contra de las erradicaciones forzadas y violentas, fue asesinado Alejandro Carvajal en la vereda Santa Teresita, corregimiento la Victoria en el municipio de Sardinata, Norte de Santander4. De la información documentada por las organizaciones locales, se desprende la responsabilidad del Ejército Nacional por dicha ejecución.
Frente a dicho contexto, la coalición Acciones para el Cambio (APC), de la que hace parte Dejusticia, solicitamos al Gobierno colombiano lo siguiente:
1.Investigar los hechos y sancionar a los responsables relacionados con los asesinatos de Marco Rivadeneira y Alejandro Carvajal, así como las amenazas y el uso de la fuerza por parte del Ejército Nacional en contra de la población cultivadora en Catatumbo, Caquetá y Putumayo.
2.Atender a las medidas de aislamiento preventivo obligatorio ordenado por la Presidencia y suspender los operativos de erradicación forzada, a fin de evitar contagios de COVID-19, esto con el objetivo de garantizar el derecho a la salud y la seguridad alimentaria de la población campesina, considerada una población en riesgo.
3.Respetar y avanzar en el cumplimiento de los acuerdos de sustitución voluntaria firmada con las comunidades campesinas y evitar operativos de erradicación forzada donde se han alcanzado dichos acuerdos.
