El pasado 15 de julio, los accionantes de la sentencia de la Amazonía, con apoyo de Dejusticia, CENSAT Agua Viva, la Comisión Colombiana de Juristas y de Tropenbos Colombia, solicitamos un espacio en la Mesa de seguimiento de la sentencia STC-4360, la sentencia Amazonía, para discutir las críticas y denuncias que han hecho campesinos, indígenas y organizaciones de derechos humanos contra la Campaña Artemisa.

Se trata de la estrategia militar que ha ejecutado el gobierno nacional desde 2019, para controlar la deforestación mediante operativos de captura y judicialización contra presuntos responsables de tumbar bosques. Para las autoridades es una medida con la que están cumpliendo supuestamente con la sentencia STC-4360, y recientemente dicha campaña fue presentada como la causa de que la deforestación no haya aumentado en los últimos años. Pero nada más lejos de la realidad.

Gráfica 1. Pérdida de bosques en la región amazónica. 2016-2021

Fuente: FCDS, 2022

Por un lado, la deforestación amazónica sigue manteniéndose en niveles preocupantes -ver gráfica 1-, pues no ha descendido de las 100.000 hectáreas en los últimos cinco años; y, además, ha sido cuestionada desde que comenzó a funcionar, por vulnerar los derechos de las comunidades que habitan cerca o dentro de los parques nacionales y las reservas forestales de la región. Entre las afectaciones denunciadas se encuentra: la incineración de viviendas, el desplazamiento de familias y procedimientos arbitrarios en las capturas y judicializaciones. Por si fuera poco, el 5 de marzo de este año un campesino murió en hechos aún no esclarecidos, en el marco de un operativo Artemisa, en el territorio de la comunidad indígena La Esperanza, vereda El Triunfo (San Vicente del Caguán, Caquetá). Su nombre era Julián Andrés Muñetón. 

Hoy no conocemos propuestas para frenar los excesos que están ocurriendo en la implementación de la Campaña Artemisa, ni evaluaciones de su impacto concreto sobre la conservación de los bosques. Por eso acudimos a la Mesa de Apoyo al Seguimiento de la sentencia STC-4360. Es el escenario que creó el Tribunal de primera instancia que vigila el cumplimiento del fallo, en el que representantes del Estado, de las comunidades y un panel de expertos se encargan de evaluar los avances de implementación. Siguiendo los canales que estableció el mismo Tribunal para que la Mesa atienda quejas y reclamos, solicitamos:

1. Que se celebre una sesión extraordinaria de la Mesa, con el objetivo de evaluar las recomendaciones y caminos a seguir para que los hechos denunciados sean sancionados de manera efectiva y no se repitan en el futuro, con participación de campesinos e indígenas afectados por los operativos.
2. Que se elija, de forma prioritaria y urgente, a un representante de los campesinos dentro de la Mesa de Seguimiento; puesto que aún está pendiente por ser ocupado.

Como accionantes de la tutela y organizaciones con interés en el cumplimiento de la sentencia STC-4360 de 2018, consideramos que la Campaña Artemisa no está de acuerdo con el objetivo y los fundamentos del fallo. La militarización de la conservación no está mostrando resultados palpables en el control de la deforestación y, peor aún, está aumentando la desconfianza con el Estado y la vulnerabilidad entre los habitantes de la región. La sentencia debe implementarse de manera integral, respetando los derechos de los campesinos e indígenas que viven en el borde de las selvas. Mucho más, teniendo en cuenta que ellos han mostrado estar dispuestos a buscar soluciones para armonizar el cuidado de los bosques con el bienestar de las comunidades, como es evidente en la gran cantidad de propuestas que han acordado con el Gobierno en documentos, como el Acuerdo de Altamira, los planes de desarrollo de las Zonas de Reserva Campesina y los planes de vida de los pueblos indígenas de la región.