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#SOSPerú

En estos tiempos, Perú necesita de la sociedad civil y del apoyo de la comunidad internacional para hacer seguimiento a los abusos del Gobierno de Dina Boluarte, para exigir que cesen todas las violaciones de derechos humanos y que se sancionen de manera efectiva las ya ocurridas. | Paolo Aguilar, EFE

#SOSPerú: El libreto repetido de la represión en América Latina

La estigmatización de la protesta social por parte del Gobierno interino de Perú ha puesto a la sociedad civil y a los medios de comunicación en la necesidad de exigir garantías para un diálogo que permita una transición política sin violencia.

Por: Juan Sebastián Hernández Morenofebrero 14, 2023

En medio de una crisis política, en Perú se repiten las imágenes de violencia contra las protestas en América Latina. Este es un guión conocido: el descontento social y político lleva a que miles de personas salgan a las calles, donde se enfrentan a la violencia policial permitida por el Gobierno, que a su vez declara  un estado de emergencia (que le da facultades adicionales), mientras se inculca el miedo ante una supuesta amenaza terrorista y desestabilizadora de la democracia. Ante la represión, como una cámara de eco, aumenta el descontento y escala la violencia. 

El libreto, a pesar de ser tocado al son de cada país con distintos personajes, sigue una historia bien conocida en la región. En Perú, las protestas han sido protagonizadas principalmente por comunidades del sur del país: indígenas, estudiantes y campesinos cansados de la desigualdad, la corrupción y el abandono de sus territorios. En respuesta, la violencia policial ya ha dejado más de 60 civiles muertos por heridas de bala, cientos de detenidos arbitrariamente, miles de personas lesionadas por la policía, lesiones oculares por armas menos letales, operativos militares contra estudiantes universitarios y hostigamientos contra periodistas

 

La estigmatización justifica la represión

En el centro de este libreto está la tergiversación de las palabras. En América Latina, los países suelen contemplar en sus constituciones los derechos a la reunión, a la libertad de expresión y a la participación política que, al integrar el derecho a la protesta pacífica, permite – como un instrumento crucial de la democracia – que la ciudadanía presente sus reclamos en el espacio público. Así lo establecen también tratados internacionales de la región, tal como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen la manifestación pública pacífica como un derecho esencial del ser humano. 

Por eso, la represión contra la protesta pacífica se suele sustentar en un discurso que la desdibuja como un ejercicio ciudadano y la reduce a los casos (muchas veces minoritarios) de protesta violenta o al actuar de organizaciones criminales. Esta estigmatización es la varita mágica que vuelve lo democrático en terrorista y lo autoritario en democrático. Y la violencia policial, amparada en la estigmatización, aumenta el descontento y lleva a choques más violentos con los manifestantes – el último ingrediente para que el libreto discordante pueda venderse en la opinión pública nacional e internacional. Así, mientras la policía lesiona o asesina incluso a transeúntes que no participan en las manifestaciones, su violencia, que pocas veces se somete a la justicia y cuya impunidad ya motivó protestas en el pasado, queda como la gran defensora de la democracia.

Así lo han hecho Dina Boluarte, Iván Duque, Nicolás Maduro y otros gobernantes de la región, cuyas  estrategias de estigmatización y represión han dado vía libre para reprimir a su verdadero enemigo: el disenso político. Por esta razón, los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Chile, Venezuela y Colombia, independientemente de si son calificados como democracias o dictaduras, encontraron hallazgos similares de violaciones al derecho a la protesta: todos reportan violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas, estigmatización, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y la muerte violenta de manifestantes.


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La protesta social fortalece la democracia

Ahora, Dina Boluarte adoptó la estrategia de la estigmatización, asegurando que las protestas fueron motivadas por grupos terroristas, radicales o narcotraficantes sin tener pruebas de ello, y con ello atiza una escalada en la violencia. 

En Colombia, el Paro Nacional mostró que la sociedad civil y los medios de comunicación alternativos pueden evitar que la historia de la estigmatización sea la única que se cuente. Durante 2021, fueron estos quienes expusieron la magnitud de la violencia mientras el Gobierno de Iván Duque intentó negar que la violencia policial fuera algo más que “respuestas contra delincuentes”: la sociedad civil dio a conocer que la Policía, apoyada en ocasiones por civiles armados, intervinieron con violencia 734 manifestaciones pacíficas, dejaron más de 91 muertos, 1.917 heridos, 3.473 personas detenidas arbitrariamente y 28 víctimas de violencia sexual. 

La protesta social pacífica es una pieza clave de la democracia porque ésta vive en el derecho de toda persona a expresar su desacuerdo y reclamar la atención del Estado, incluso las comunidades que no votaron por el dirigente de turno. En las democracias, a diferencia de sistemas autoritarios, el desacuerdo y disenso político se tramitan a través del diálogo, no de la fuerza y la violencia. Y si bien el Estado debe y puede utilizar la fuerza y sancionar a manifestantes que cometan actos graves de violencia, no puede utilizar esto de excusa para acallar a poblaciones enteras. O, por lo menos, no puede hacerlo si pretende ser democrático y respetar los derechos humanos consagrados en la Convención Americana. 

En estos tiempos, Perú necesita de la sociedad civil y del apoyo de la comunidad internacional para hacer seguimiento de la situación, para exigir que cesen todas las violaciones de derechos humanos y que se sancionen de manera efectiva las ya ocurridas. Perú también necesita abrir un diálogo con la ciudadanía que se manifiesta, pues sólo así se podrá hacer justicia a las exigencias de la democracia. Pero, sobre todo, necesita toda nuestra solidaridad.


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